Los ODS y la Planificación Territorial: perspectivas desde los departamentos de Colombia

Desde su adopción en 2015, la Agenda 2030 se ha consolidado como el marco de referencia más amplio y consensuado para orientar las políticas públicas hacia el desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plantean una visión integradora que articula prosperidad económica, bienestar social y equilibrio ambiental. Sin embargo, uno de los principales desafíos de esta agenda global radica en su aterrizaje en los territorios, allí donde los principios internacionales deben traducirse en políticas públicas y proyectos concretos con recursos, capacidades y contextos institucionales profundamente dispares (CGLU, 2019). En este contexto, la planeación territorial adquiere un papel central, ya que constituye el marco mediante el cual los gobiernos subnacionales transforman los compromisos globales en acciones específicas. No obstante, aunque en Colombia se han desarrollado instrumentos para facilitar la incorporación de los ODS desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) la rapidez con que los ODS fueron incorporados al discurso político y normativo no se tradujo en una apropiación sustantiva dentro de los instrumentos de planeación. En Colombia, este desajuste se evidencia en el nivel departamental, donde los avances en la incorporación formal de los ODS contrastan con vacíos metodológicos, brechas de capacidad institucional y una débil articulación intergubernamental.

Desde la adopción del Documento CONPES 3918 (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018), el país ha establecido un marco nacional para la implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, después de analizar la integración de los ODS en los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT) se encontró que la coherencia entre dicho marco y la planeación territorial es todavía limitada. En numerosos casos, los PDTs incorporan los ODS de manera declarativa, sin mecanismos de seguimiento ni indicadores que permitan medir el avance real de las metas (Duah et al., 2020; Mejía-Dugand & Pizano-Castillo, 2020). Esto revela que la territorialización de los ODS no depende únicamente de su adopción formal, sino de la capacidad de los gobiernos subnacionales para contextualizarlos, adaptarlos y traducirlos en objetivos operativos.

Ahora bien, la comprensión de este problema requiere enmarcarlo dentro de los debates contemporáneos sobre gobernanza multinivel y sostenibilidad institucional. La Agenda 2030 reconoce explícitamente el papel esencial de los gobiernos subnacionales en el logro de los ODS, y diversos autores han destacado que más del 60% de las metas requieren implementación directa a nivel local (OCDE, 2020). Desde la perspectiva de la gobernanza global, Biermann et al. (2009) y Gupta y van Asselt (2019) conceptualizan este escenario como una arquitectura fragmentada que exige coordinación vertical y rendición de cuentas entre escalas que, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS incorporan el principio de “no dejar a nadie atrás”, lo cual demanda enfoques más sistémicos y holísticos para abordar disparidades territoriales y fortalecer las capacidades locales. Por lo tanto, en este marco surge la noción de territorialización de los ODS, entendida como el proceso mediante el cual los objetivos globales se adaptan a las realidades, capacidades y prioridades de cada territorio. Lejos de ser un ejercicio meramente técnico, la territorialización implica rediseñar los sistemas de planificación, adecuar los indicadores, movilizar recursos y fortalecer los mecanismos de participación (Leavesley et al., 2022). Como señalan Zinkernagel et al. (2023), su éxito depende de tres capacidades institucionales: la relacional, vinculada a la coordinación de actores; la de conocimiento, relativa al uso de datos; y la de movilización, asociada a los recursos humanos y financieros. De manera complementaria, Ningrum et al. (2024) destacan la gobernanza colaborativa, el liderazgo político y el acceso a información confiable como factores decisivos. En ausencia de estas condiciones, la localización de los ODS corre el riesgo de convertirse en un ejercicio burocrático o simbólico, alejado de las prioridades territoriales.