El Plan de Gobierno tiene cuatro perspectivas transversales que recorren cada una de las propuestas hacia la búsqueda de justicia social y desconcentración del poder:

1. Feminismo
2.Transición ecológica justa
3.Descentralización
4. Garantía del trabajo decente

A su vez, el Plan identifica tres tareas principales que tiene que afrontar el país:

1.Enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria y recuperar la economía
2. Avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado, la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades
3. Promover la profundización de la democracia y cuidar el proceso de cambios

Para el cumplimiento de cada una de estas tareas, el Plan identifica estrategias y medidas concretas. 


I. Enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria y recuperación económica

1. Estrategia para afrontar la pandemia y sus consecuencias sanitarias

1.1.

Crearemos una nueva institucionalidad para la gobernanza de la pandemia, que integre a especialistas e instituciones legitimadas de la sociedad civil, y que actúe de forma transparente y base sus decisiones en la mejor evidencia disponible, con sistemas de trazabilidad de las decisiones y rendición de cuentas. Tendrá tres niveles (político, técnico y ejecutivo), que actuarán de forma coordinada para ir ejecutando, analizando y mejorando la estrategia sanitaria para enfrentar a mediano y largo plazo la pandemia en el país.

1.2.

En línea con la experiencia internacional, frente a nuevos brotes buscaremos cortar la cadena de transmisión y el contagio comunitario con medidas sanitarias y económicas que nos permitan mantener zonas libres de covid (“zonas verdes”), en donde se mantenga la apertura de forma segura en base a criterios sanitarios.

1.3.

Fortaleceremos el seguimiento epidemiológico, profesionalizando e incorporando tecnología de punta a la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) en coordinación con la Atención Primaria de Salud (APS), tal como han hecho los países exitosos en controlar la epidemia.

1.4.

En base a la mejor evidencia disponible, definiremos un programa de vacunación con refuerzos periódicos que asegure la inmunidad poblacional para el control del Covid-19. Además, con vistas a la soberanía sanitaria iniciaremos la inversión para dotar al país de la capacidad para producir vacunas en el mediano plazo, potenciando iniciativas como las de la Universidad de Chile y la Universidad Austral de Chile.

1.5.

Mejoraremos la protección social para las personas afectadas por Covid-19 y sus contactos, dando cobertura total a los costos de la enfermedad por ISAPRE y FONASA, y cubriendo totalmente las licencias de las personas enfermas y sus contactos.

2. Plan de reactivación económica

2.1.

Rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino, y de los programas de cuidados que apoyen la inserción laboral de las mujeres.

2.2.

Inversión pública verde, esto es, con impactos en adaptación o mitigación de la crisis climática.

2.3.

Reactivación con las Mipymes.

3. Plan de reactivación del aprendizaje y bienestar de las comunidades educativas

3.1.

Implementaremos un Programa de Activación Educativa Integral que aborde los aprendizajes fundamentales en el orden académico, social e intrapersonal.

3.2.

Impulsaremos un Programa de Bienestar Socioemocional para comunidades educativas, con acciones colectivas para recuperar el sentido de pertenencia, seguridad y vínculo comunitario.

3.3.

Garantizaremos las condiciones sanitarias, laborales y de infraestructura para un retorno universal a actividades presenciales.

3.4.

Aplicaremos una estrategia nacional para identificar, re vincular y promover la continuidad educativa a estudiantes que hayan interrumpido durante la pandemia su trayectoria escolar o estén en situación de potencial desvinculación educativa.

3.5.

En línea con nuestro plan de Transformación Digital, ampliaremos la cobertura de Internet, el equipamiento y capacitación informática para todos los niveles educativos y daremos continuidad a iniciativas de aprendizaje no presencial a través de televisión.

II. Avanzar a una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y comunidades

1. Un nuevo modelo de desarrollo que supere nuestro estancamiento productivo y enfrente la crisis climática

Crisis climática, transición justa y nueva institucionalidad ambiental

1.1.

Definiremos una hoja de ruta para afrontar la crisis climática, la cuál será consagrada en la Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones.

1.2.

Comisiones de Transición Justa.

1.3.

Protección y recuperación de la biodiversidad.

1.4.

Bienestar animal.

1.5.

Promoveremos un despliegue territorial de la Política de Reducción de Riesgo de Desastre (PRRD), con enfoque preventivo, y con capacidades y financiamiento necesario para dar respuesta a la emergencia.

Ciencia, tecnología, conocimientos e innovación como motores de desarrollo

1.6.

Fortalecer instituciones y áreas del conocimiento.

1.7.

Orientar estratégicamente desde el Estado CTCI de largo plazo.

1.8.

Crear nuevas capacidades de investigación, innovación y emprendimiento en regiones con menor desarrollo.

1.9.

Mejorar la formación y trayectorias laborales de investigadoras, investigadores y profesionales dedicados a actividades CTCI.

1.10.

Trabajaremos de manera firme para democratizar el acceso y la apropiación a los distintos conocimientos y tecnologías, tanto a nivel de divulgación como de integración de la sociedad en todo el proceso de investigación y desarrollo que se realiza en instituciones públicas.

1.11.

Fomentar la innovación y el emprendimiento con impacto local.

Política rural integrada al nuevo modelo de desarrollo

1.12.

En el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, crearemos un Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial para las zonas rurales.

1.13.

Apoyaremos la investigación e innovación en el sector y fortaleceremos los programas de asistencia y transferencia tecnológica entre el Estado y sector privado y fortaleceremos el rol de los centros de investigación en nuestro país.

1.14.

Diseñaremos e implementaremos una Política y Acuerdo Nacional sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional, que fortalezca y valore la identidad de las comunidades y economías locales.

1.15.

Apoyaremos la derogación de la Ley de Pesca y promulgaremos una nueva Ley de Pesca y Acuicultura, orientada a lograr la sostenibilidad de las actividades de extracción y cultivo de especies.

Una minería para Chile y los desafíos del futuro

1.16.

Se impulsará una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, fomentando la participación de la industria, la academia y las comunidades, promoviendo la investigación e innovación y con Plan de gobierno Apruebo Dignidad 84 protagonismo del Estado en su desarrollo.

1.17.

Entendemos que la inversión en ciencia aplicada e innovación en minería es crucial para la superación del extractivismo. Se pondrá énfasis también en investigación y desarrollo que permitan acelerar la transición hacia una minería de bajas emisiones.

Transición energética

1.18.

Descarbonización.

1.19.

En la dimensión del compromiso con la descentralización, vamos a fomentar cooperativas y empresas energéticas regionales con foco en un desarrollo económico local y sustentable.

Turismo

1.20.

Creación de una Estrategia Nacional de Turismo Descentralizada a 10 años plazo, que busque el desarrollo de destinos turísticos.

1.21.

Diseñaremos e implementaremos una Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para la industria del turismo de Chile.

1.22.

Ejecutaremos un plan de inversiones a 4 años que abordará la instalación de infraestructura turística en diferentes espacios naturales administrados por el Estado.

Transformación digital

1.23.

Infraestructura digital e internet como servicio básico.

1.24.

Impulsaremos una política nacional de datos.

Estrategia comercial

1.25.

Buscaremos articular la política comercial con las políticas productivas, en particular con la institucionalidad de la Banca Nacional de Desarrollo.

Agua y escasez hídrica

1.26.

Implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas.

1.27.

Invertir significativamente en programas específicos de rehabilitación, fortalecimiento y creación de servicios sanitarios rurales, con foco en el bienestar de la población, vía soluciones descentralizadas que promuevan el cooperativismo y la asociatividad.

1.28.

Hacer efectivas las competencias de fiscalización y monitoreo que tienen los diversos órganos, con un enfoque estratégico y el uso de tecnologías para detectar extracciones ilegales, aplicando todo el rigor de la ley a los infractores.

1.29.

Aplicar efectivamente todas las herramientas administrativas disponibles en un marco de escasez, para limitar o prohibir usos, o establecer derechos provisionales priorizando el consumo humano, en el marco de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales vigente.

1.30.

Crear una política con enfoque de género para el acompañamiento técnico y psicosocial de personas que habitan en zonas de extrema sequía y falta de agua.

1.31.

Colaborar con los gobiernos regionales y las municipalidades para fomentar programas de saneamiento rural.

1.32.

Crear un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que materialice la implementación de un nuevo modelo sistémico de gestión en sintonía con la naturaleza, según lo que establezca la Convención Constitucional.

1.33.

Crear un organismo rector que unifique, dirija y coordine las competencias del Estado en materia de aguas en sus distintos niveles, bajo un enfoque de gobernanza democrática y participativa, para una gestión integrada a nivel nacional, regional y territorial por cuencas.

1.34.

Impulsaremos la participación de mujeres en la gestión estatal y comunitaria del agua en todos los niveles.

1.35.

Para asegurar la robustez, resiliencia y capacidad de adaptación, incorporaremos criterios de enfoque de cuenca y el nexo agua-energía-alimentos a las inversiones que se materialicen en el marco de la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática y de las obras de infraestructura pública verde como parte del Plan de Reactivación Económica.

1.36.

En línea con nuestro programa de crisis climática, fortaleceremos la política de protección de biodiversidad y ecosistemas, con énfasis en la protección y restauración del ciclo hidrológico: glaciares, bosques, humedales, vegas, bofedales, pomponales, etc.

1.37.

Revisaremos los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales.

1.38.

Aseguraremos la calidad de las aguas, a través de la protección integral de calidad de las aguas y de la planificación y protección de suelos, en sintonía con nuestra estrategia de basura cero.

1.39.

Articularemos la investigación académica, en colaboración con centros y laboratorios existentes, y fortaleceremos los institutos tecnológicos públicos que desarrollan investigación aplicada en agua, para estudiar soluciones basadas en la naturaleza, gestión de aguas subterráneas y fortalecer el sistema de monitoreo de aguas, generando aplicaciones, tecnología y educación.

1.40.

Incorporaremos tipologías de ingreso al SEIA que contemplen efectivamente proyectos forestales y agrícolas.

1.41.

A través de los instrumentos de fomento al riego, promoveremos la diversificación de cultivos, el rescate de variedades tradicionales, el establecimiento de cultivos de bajo requerimiento hídrico y la producción de alimentos locales pertenecientes a la canasta básica de alimentos de la población nacional, para fortalecer la soberanía alimentaria.

1.42.

Incentivaremos el uso de técnicas ancestrales de pueblos originarios que han permitido garantizar la sostenibilidad agrícola, por ejemplo la “siembra y cosecha de agua”.

1.43.

Generaremos fuentes de financiamiento para apoyar iniciativas de desarrollo e investigación de técnicas o tecnologías que permitan utilizar el agua considerando de forma efectiva la protección de los ecosistemas.

1.44.

Promover una política de gestión de acuíferos que incorpore proyectos de recarga.

1.45.

Invertir –con enfoque en la reactivación sostenible– en soluciones basadas en la naturaleza que permitan no sólo restaurar ecosistemas sino asegurar el suministro de agua potable urbana y rural y mitigar el riesgo de desastres.

1.46.

Reorientar, con enfoque ecosistémico, los recursos de la Ley de Fomento al Riego en materia de riego tecnificado y obras de infraestructura gris hacia la pequeña y mediana agricultura, las comunidades agrícolas y los pueblos originarios y tribal afrodescendiente.

1.47.

Implementar un plan de gestión de embalses para priorizar el acceso al agua para consumo humano, minimizando los efectos negativos en la agricultura. El plan tendrá un enfoque de nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas que incentive la generación de acuerdos de operación equitativos.

1.48.

Asegurar el suministro en calidad, cantidad y continuidad en todas las ciudades del país, utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo la priorización del consumo humano, el reúso de aguas servidas, la desalación, terminar con las descargas de aguas residuales con tratamiento primario al mar, la mejora de sistemas de tratamiento de agua potable, la recarga de acuíferos, soluciones basadas en la naturaleza, etc.

Financiamiento para el desarrollo y la innovación: Banca Nacional de Desarrollo

1.49.

Proponemos un Banco Nacional de Desarrollo (BND) que funcione como un conglomerado financiero con dos empresas estatales especializadas: Un Banco especializado en créditos, con instrumentos de primer y segundo piso; y un Fondo de Financiamiento especializado en el otorgamiento de capital a empresas innovadoras, ambos con un gobierno corporativo especializado e independiente y con financiamiento adhoc a sus instrumentos.

Un gobierno de las mipymes y cooperativas

1.50.

Implementaremos un sistema coordinado, que defina políticas públicas con estrategias claras y coherentes, de manera de disminuir y simplificar la carga regulatoria y permitir que los procedimientos sean simples y expeditos.

1.51.

Trabajaremos por eliminar las barreras de entrada que existen para la participación de las mipymes y cooperativas en distintos mercados; las ayudaremos a competir en igualdad de condiciones para que las espaldas económicas o el tamaño de la empresa no determinen el acceso a determinados mercados (condiciones de pago, apoyos en la intermediación y acceso a mercados internos y externos, entre otras).

1.52.

Proponemos la creación de una mesa Mipyme/ Gobierno, que incluya al Servicio de Impuestos Internos, para el envío, en un plazo no mayor a 1 mes, de un proyecto de ley que perfeccione la deficiente ley de pago a 30 días, que incluya tanto medidas legales como administrativas para aumentar las sanciones, así como limitar el uso del crédito fiscal IVA a empresas que no cumplan con sus obligaciones de pago.

1.53.

Vinculado con nuestra agenda antiabusos (ver más adelante), trabajaremos también por generar condiciones de mayor equidad en el funcionamiento del mercado financiero y del crédito.

1.54.

Mejoraremos la participación de pymes y cooperativas en compras públicas en todos sus niveles.

1.55.

Fomentaremos el desarrollo de ecosistemas innovadores para impulsar y acompañar la creación de emprendimientos de base científicatecnológica y su crecimiento y desarrollo, así como el fortalecimiento de scale-ups.

1.56.

Ofreceremos apoyo técnico y financiero a las redes de colaboración para el desarrollo local desde el emprendimiento y la innovación.

1.57.

Mejoraremos las condiciones de acceso a la Ley de I+D para que más empresas de menor tamaño puedan aprovechar sus beneficios.

1.58.

Incorporaremos un enfoque transversal de género en las políticas de emprendimiento, que se haga cargo de las enormes brechas que hoy existen para las mujeres en acceso a financiamiento, uso de nuevas tecnologías, informalidad, entre otras.

1.59.

Generaremos espacios de cooperación y articulación entre pymes, universidades y centros de formación técnica para el desarrollo de capacidades adecuadas a las necesidades de las pymes y los desafíos del trabajo del futuro.

1.60.

La Banca Nacional de Desarrollo apoyará la innovación y la formación para el conocimiento, especialmente en el desarrollo de nuevas tecnologías.

1.61.

Crearemos subsidios directos para que la aplicación de reformas laborales, como las 40 horas y aumento de salario mínimo, no tengan un impacto negativo en el desempeño económico de las mipymes. Así, la entrada en régimen de estas reformas será más gradual para estas empresas que para las grandes empresas.

1.62.

Trabajaremos coordinadamente con la red de centros de formación técnica estatales para generar cooperación, formación y capacitación a mipymes y cooperativas, y potenciaremos los centros de desarrollo empresarial presentes en los territorios.

1.63.

Construiremos una nueva institucionalidad que tenga por objetivo principal de mediano plazo la consolidación del modelo de cooperativas en la economía nacional. En particular, crearemos el Instituto Nacional de Cooperativismo.

1.64.

Promoveremos cambios normativos e incentivos que faciliten que los trabajadores y trabajadoras de una misma empresa privada tradicional, organizados en una cooperativa, puedan adquirir capital accionario de la misma.

Nuevo modelo de relaciones laborales

1.65.

Avanzaremos en la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, caracterizada como multinivel, lo que incluye la negociación ramal, simplificando su procedimiento, ampliando las materias de negociación, eliminando las restricciones actuales; en definitiva, ubicándonos dentro los estándares aceptados por la OIT.

1.66.

Propiciaremos la participación de trabajadoras y trabajadores en los directorios de las empresas grandes.

1.67.

Revisaremos aspectos trascendentales que profundizan la precariedad laboral en nuestro país, como ocurre en materia de duración de la jornada de trabajo, para llegar gradualmente a 40 horas.

1.68.

Fortaleceremos una normativa tendiente a la igualdad en las labores de cuidado, terminando con la arbitrariedad en las condiciones laborales y remuneraciones hacia cualquier grupo social (mujeres, migrantes, jóvenes, personas ancianas o pueblos originarios).

1.69.

Revisaremos las normas de término de la relación laboral en el sector privado, analizando el alcance del despido por necesidades de la empresa y el tope de las indemnizaciones por años de servicio. Asimismo, revisaremos la situación de dicho derecho en el caso de muerte del trabajador o trabajadora.

1.70.

Ratificaremos el Convenio 177 de la OIT sobre trabajo en el domicilio, con el objetivo de resguardar los derechos de los trabajadores en teletrabajo, una modalidad que llegó para quedarse y que requiere un esfuerzo legislativo de parte del país, para sumarse a las mejores prácticas internacionales.

1.71.

Tomaremos medidas legislativas ante los desafíos que presenta el trabajo en plataformas virtuales o digitales de servicios, sobre la base del reconocimiento expreso del vínculo de subordinación y dependencia que une a los y las trabajadoras con las plataformas. 

1.72.

Se estudiarán modificaciones a los programas de capacitación o formación para la vida y el trabajo, tanto en el área laboral como sindical, buscando, por la vía del sistema público de educación y principalmente de los CFT del Estado, el aseguramiento de un proceso de capacitación y continuidad de estudios.

1.73.

Avanzaremos hacia el reconocimiento y la regulación del trabajo sexual, priorizando la protección y el bienestar de quienes se desempeñan en este sector al garantizar sus derechos sociales.

1.74.

Avanzaremos efectivamente en licencias de cuidados para todas las personas trabajadoras, y en el derecho a sala cuna universal, sin distinción de género, con mayor cobertura en términos de fuero.

1.75.

Revisaremos el Código del Trabajo en materias como el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, cuyo catálogo de categorías sospechosas no considera la discriminación que pueda sufrir la mujer por razón de maternidad o embarazo.

1.76.

Avanzaremos en una política que, tras garantizar el derecho a sala cuna universal, dé paso a una política de cuidados asociada al acceso a jardines infantiles.

1.77.

Trabajaremos en proyectos de ley para garantizar espacios de trabajo seguros para las mujeres, identificando como dos ilícitos claramente diferenciables los fenómenos de acoso sexual o acoso por razón de género, siendo ambos violencia de género en el trabajo.

1.78.

Revisaremos cuotas de género en la directiva sindical y comisión negociadora sindical, a la luz de la interpretación restrictiva realizada por la Dirección del Trabajo.

1.79.

Iniciaremos una alza escalonada del salario mínimo, con el objetivo de que nadie que trabaje una jornada completa viva junto a su familia bajo la línea de la pobreza superando los $500.000 al final del Gobierno.

1.80.

Normaremos las gratificaciones legales, de manera que se repartan efectivamente utilidades entre los y las trabajadoras de la empresa.

2. Consagración de un Estado Social de Derecho

Nuevo sistema de pensiones y NO + AFP

2.1

Pilar No Contributivo: Establecer de manera gradual una Pensión Básica Universal (PBU) de $250.000 mensuales para toda la población de 65 y más años, independiente de tener o no cotizaciones sociales

2.2

Crear un Fondo de Reserva, construido sobre el actual Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)

2.3

Pilar Contributivo: Se suman los beneficios que dependen de la contribución durante la vida laboral activa. Aumento de un 6% de la cotización a cargo del empleador

2.4

Pilar de ahorro voluntario: Se sumen como complemento a la futura pensión otorgada por los primeros pilares

2.5

Respetar la propiedad sobre los ahorros acumulados en las cuentas de capitalización individual

2.6

La administración del nuevo sistema estará a cargo de un órgano público autónomo, técnico, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores, que inviertan gradualmente esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles

2.7

El ahorro voluntario podrá ser administrado por instituciones privadas reguladas, a elección del cotizante

2.8

En los directorios del sistema debe haber representantes de los afiliados y afiliadas elegidos de manera democrática

Sistema Universal de Salud

2.9

Chile libre de humo cumpliendo con las principales medidas del marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud e implementaremos el etiquetado genérico de tabaco

2.10

Reorientar la relación de las personas con el alcohol restringiendo su publicidad y disminuyendo la densidad de los puntos de venta de alcohol

2.11

Plan de alimentación saludable que limite la publicidad de alimentos ultraprocesados y dañinos para la salud, que amplíe las zonas reguladas para venta de productos saludables y fomente el consumo de frutas y verduras

2.12

Tener una sociedad activa a través de concretar medidas que potencien actividades físicas socialmente aceptadas, que sean parte de las rutinas de las comunidades, y potenciar la movilidad urbana activa

2.13

Salud en todas las políticas generando un plan de acción intersectorial a nivel local, basado en la atención primaria, que permita realizar promoción de salud y prevención de la enfermedad desde acciones desde todos los sectores. 

2.14

Crear una coordinación interministerial que permita crear estrategias nacional de cuidado de la salud poblacional

2.15

Modernizar los incentivos económicos para la buena nutrición y cambiar patrones de consumo en cuando a tabaco, bebidas alcohólicas y analcohólicas, además de alimentos ultra procesados

2.16

Generar un Fondo Universal de Salud que actuará como administrador único de los recursos a través de la universalización de la cobertura FONASA a todas las personas que residan en el país

2.17

Terminar con el negocio de las ISAPRE transformándolas en seguros complementarios voluntarios

2.18

Iniciar un proceso de aumento del gasto público en salud de manera progresiva hasta llegar al promedio de la OCDE, buscando reducir el gasto de bolsillo de las personas y la importancia de las cotizaciones en el financiamiento

2.19

Reformar la institucionalidad del FUS,
para dotarla de una administración y estructura organizacional con alta capacidad técnica, que
enfoque su actuar en el uso eficiente de los recursos y en potenciar el desarrollo de la red pública de salud. Para una mejor eficiencia de recursos, se centralizarán las compras públicas en salud

2.20

Crear un plan amplio de beneficios denominado Régimen General de Cobertura en Salud, administrado por el FUS

2.21

Crear una Agencia Autónoma para Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETESA) que permita definir la cobertura del régimen general de garantías en base a costo efectividad y criterios sociales

2.22

Regular el sector privado de salud a través de la prohibición efectiva e la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas

2.23

Establecer una fuerte regulación de los seguros complementarios de salud

2.24

Universalización de la Atención Primaria de Salud (APS) dando cobertura al 100% de la población

2.25

Fortalecer las APS, mejorando la disponibilidad de recursos, actualizando el Plan de Salud Familiar y mejorando los mecanismos de asignación equitativa de los territorios

2.26

Implementar la entrega de medicamentos a domicilio para enfermedades crónicas

2.27

Estrategia de salud Digital implementado un sistema de red de información de salud que permita integrar de forma eficiente los niveles asistenciales, de modo que se asegure la continuidad de cuidados y la privacidad de los datos del paciente

2.28

Creación de un Repositorio Nacional de Datos que permita el acceso desde toda la red asistencial

2.29

Disponer de un sistema para acceso a la información de parte de la población, asegurando soberanía sobre el uso de datos clínicos a la soberanía

2.30

Creación de un sistema de agendamiento virtual y acceso remoto a atenciones de APS para mejorar la oportunidad de la atención

2.31

Atención de urgencia digna y oportuna. Todo llamado será contesta  fortaleciendo los centros reguladores e integrando una plataforma al SAMU, centrales de emergencia, Red de Urgencia y Salud Responde

2.32

Acercarse al estándar internacional de tiempo de llegada de ambulancia para emergencias tiempo-dependientes

2.33

Trabajo en tiempos de atención dignos en la urgencia hospitalaria, mejorando procesos de atención de urgencia y recursos digitales, avanzando en la dotación de urgenciólogos y equipamiento, y optimizando la duración de las estadías hospitalarias

2.34

Inversión en infraestructura y equipamiento

2.35

Creación de un observatorio permanente para el estudio de brechas de trabajadores de la salud

2.36

Ejecutar un Plan Nacional de Dotación que asegure una adecuada distribución de la dotación de todos los estamentos en el sistema de salud

2.37

Creación del Servicio Nacional de Salud

2.38

Implementar un Plan Nacional de mejoras en las condiciones de trabajo, por medio de una revisión conjunta con las organizaciones de la gestión interna, distribución de la carga de trabajo y pertenencia de la jornada laboral

2.39

Implementar un Programa Nacional de los Cuidados Infantiles

2.40

Asegurar que se cumpla con el derecho universal a la sala cuna, buscando conciliar la vida personal, laboral y familiar desde una perspectiva de igualdad de género

2.41

Fiscalizar el cumplimiento del convenio OIT N°190 en el sistema de salud

2.42

Trabajar con el código de buenas prácticas laborales del Servicio Civil

2.43

Fortalecer la Carrera Funcionaria en Salud iniciando una mesa de trabajo con las organizaciones sindicales, para optimizar las condiciones de estabilidad laboral, considerando las remuneraciones y otros incentivos durante la progresión de la vida laboral

2.44

Trabajar en erradicar la tercerización como método de contratación de funciones habituales del sistema público 

2.45

Fiscalizar y asegurarse del cumplimiento del marco legal con respecto al proceso de encasillamiento, para asegurar la progresión en la carrera funcionaria

2.46

Enviar un Proyecto de Ley al Congreso que dé continuidad al programa de Incentivo al retiro al sector salud, actualmente vigente

2.47

Realizar un estudio de brecha de remuneración para equiparar las condiciones salariales con el resto del sector público

2.48

Generar un trabajo en conjunto con las organizaciones sindicales para garantizar que el 1% asignado a capacitación sea ejecutado con pertinencia y calidad

2.49

Generar mecanismos digitales de acceso a información clínica para la ciudadanía, con soberanía sobre sus datos clínicos

2.50

Mejorar los mecanismos de participación ciudadana dentro del sistema de salud

2.51

Crear el Consejo Nacional de Salud, conformado por directivas/os de las instituciones de salud y representantes de trabajadoras/es y de usuarias/os de la salud

2.52

Ampliar gradualmente la cobertura de los medicamentos, mejorando el arsenal, cobertura y acceso a la red de salud pública, incluyendo y entregando gratuidad para la totalidad de fármacos cubiertos por el FUS

2.53

Revitalizar la capacidad productiva del Estado de medicamentos esenciales

2.54

Iniciar, en alianza con universidades públicas, un laboratorio estatal que permita fabricar medicamentos esenciales y vacunas, desarrollando un plan de inversión en I+D

2.55

En el sistema privado, establecer mecanismos de regulación de precios en toda la cadena de suministro farmacéutico, fijando precios en farmacias y prohibiendo la integración vertical para velar por el acceso a medicamentos de toda la población

2.56

Fortalecer la Central Nacional de Abastecimiento de Medicamentos (Cenabast), centralizando las compras públicas de fármacos a nivel nacional

2.57

Presentar una ley que mejore y regule el acceso a farmacias en todo el territorio nacional

2.58

Fortalecer las farmacias populares

2.59

Presentar una ley marco de derechos sexuales y reproductivos que reconozca la diversidad de personas y sus distintas necesidades, y establezca el deber del Estado de dar cumplimiento al pleno ejercicios de los derechos sexuales y reproductivos

2.60

Generar una política con énfasis en estrategias de prevención del VIH y otras ITS, dentro del plan de educación sexual integral, centrado en la protección de los derechos de las personas que viven con VIH y en el ´termino de la estigmatización de la enfermedad

2.61

Legalizar el aborto, estableciéndolo como una prestación de salud garantizada y dotando a los centros de salud de métodos recomendados de evacuación uterina

2.62

Garantizar a entrega de anticoncepción gratuita postaborto

2.63

Garantizar prestaciones de salud especializadas enfocándose en grupos que históricamente han sido marginados en las prestaciones de salud sexual y reproductiva, como personas LGBTIQ+, personas mayores y adolescentes

2.64

Promover una maternidad respetada con un enfoque en derechos humanos y autonomía de las mujeres y personas gestantes, en pro de erradicar todo tipo de violencia institucional, con capacitaciones continuas al personal y a estudiantes de salud 

2.65

Obligación de las instituciones de promover todas las acciones para garantizar una "experiencia positiva de parto" según las recomendaciones de la OMS

2.66

Ampliar gradualmente la cobertura promocional, preventiva y comunitaria del Programa Sembrando Sonrisas, desde Prekinder hasta octavo básico

2.67

Crear el Programa Cosechando Sonrisas, dando cobertura de atención odontológica a personas con 65 años o más

2.68

Avanzar en generar una canasta básica odontológica de acceso y cobertura universal de los 50 a 64 años, en miras de un futuro acceso universal para todas las personas en Chile

2.69

Realizar una modificación al GES de salud oral de 60 años, en el contexto del nuevo Régimen General de Cobertura, cambiando la cobertura garantizada al período entre los 65 y 69 años

2.70

Ampliar la cobertura de especialidades odontológicas, cerrando brechas de profesionales en el mediano plazo

2.71

Reforzar la gestión odontológica desde una mirada territorial y regional para reducir las listas de espera

2.72

Integrar de manera efectiva a la odontología en programas transversales ya existentes dando acceso y cobertura priorizada para grupos de riesgo

2.73

Creación de una plataforma digital que entregue información de fácil acceso y comprensión, a los equipos de salud en los distintos centros de la red, como a todas las personas que deben enfrentarse a la complejidad de tratamientos multidisciplinarios

2.74

Potenciar el trabajo del Comité de Drogas de Alto Costo del MINSAL, implementando estrategias de compra a escala que permitan disminuir los costos y así poder incorporar progresivamente nuevos tratamientos de alto costo

2.75

Terminar con los copago hospitalarios para pacientes oncológicos en el sector público

2.76

Fortalecer los equipos de cuidados paliativos, estableciendo un plan de capacitaciones periódicas y estructura de especialización reconocida por el MINSAL para las diversas profesiones que componen estos equipos, herramientas que permitan una mejor estrategia de acompañamiento, manejo de sintonías y apoyo en salud mental hacia las personas y familias

2.77

Fortalecer los mecanismos de atención a distancia vía remota que permitan que las personas puedan aclarar sus dudas o consultar por urgencias relacionadas a cualquier hora del día, incluido fines de semana

2.78

En el área del cáncer infantil, potenciar los centros actuales y planificar la incorporación de esta especialidad en otros centros regionales para facilitar el acceso

2.79

Ampliar la cobertura de cuidados paliativos para población con cáncer infantil y dar un enfoque a mecanismos digitales de información y respuesta remota

2.80

Duplicar el presupuesto para la salud mental con miras a llegar al 6% recomendado por la OMS

2.81

Crear Ley de Salud Mental Integral que potenciará el desarrollo de una red organizada en el modelo comunitario de salud mental, y asegurará su adecuado financiamiento

2.82

Fortalecer el modelo comunitario aumentado la cobertura y calidad de salud mental en toda la red, fortaleciendo la cobertura del programa de acompañamiento psicosocial en la APS

2.83

Proponer políticas de apoyo a la vida independiente de personas con discapacidad psicosocial

2.84

Crear al menos 15 Centros Regionales de Salud Mental y centros diurnos de demencia

2.85

Desarrollar estrategias de implementación rápida de equipos móviles

2.86

Énfasis en campañas comunicacionales para disminuir el estigma y la discriminación que suele asociarse al tratamiento de salud mental y actúa como una barrera de acceso a tratamiento

2.87

Desarrollar estrategias de implementación rápida de equipos móviles como programas asertivos comunitarios, con intervenciones domiciliarias integrales para personas con transtorno

2.88

Realizar un Plan de capacitaciones en salud mental para los equipos de salud

2.89

Aumentar la cantidad de trabajadores capacitados en Salud Mental en los equipos de salud, capacitaciones para mejorar la accesibilidad y aceptabilidad de servicios de salud mental para la población LGBTIQA+

2.90

Fortalecer la atención de salud mental para personas LGBTIAQ+ desde la atención primaria, reconociendo las necesidades específicas de la diversidad sexual con foco en adolescentes y jóvenes, garantizando la atención desde un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género

2.91

Promoción y prevención de salud mental realizando un abordaje promocional y preventivo con participación de la comunidad a través de la formación de agentes comunitarios

2.92

Trabajar en la educación y sensibilización para la reducción del estigma, apuntando a crear entornos sociales libres de discriminación, fortaleciendo factores protectores para la salud

2.93

Potenciar el trabajo con el Sistema Nacional de Cuidados

2.94

Generar programas integrales que se hagan cargo de las consecuencias en salud mental de la violencia de género en mujeres, NNA y disidencias

2.95

Fortalecer la red  de Chile Crece Contigo y la pesquisa precoz de síntomas de salud mental en madres y padres

2.96

Implementar un sistema nacional de monitoreo de inequidades en pueblos originarios y afrodescendientes

2.97

Reactivar la política nacional de pueblos originarios, consultada de acuerdo al estándar del Convenio N°169 de la OIT

2.98

Elaborar un plan nacional de educación en salud intercultural para todos los trabajadores del sistema de salud público

2.99

Rediseñar el PESPI respetando lo contemplado en el convenio N°169 de la OIT a través de a APS

2.100

Adecuar planes, políticas y programas relacionados a bienestar y salud infantil para que incorporen la perspectiva intercultural de conformidad a la normativa internacional

2.101

Garantizar la atención de salud a personas migrantes en situación irregular

2.102

Retomar la implementación a la política de salud integral para personas migrantes

2.103

Garantizar la presencia de intérpretes creole/español en los centros de salud con mayor porcentaje de atención de población haitiana

Educación

2.104

Avanzar en equiparar el financiamiento de los establecimientos que reciben aportes del Estado

2.105

Ampliación de cobertura, para ello implementaremos un programa de expansión de al menos 60 mil cupos principalmente a través del financiamiento de mejoras estructurales y ampliación de salas

2.106

Crear una comisión que estudie las razones por las cuales niños/as no asisten a este nivel y la oferta con que cuentan, con el propósito de diseñar un Plan Estratégico de Universalización de mediano plazo

2.107

Iniciar proceso de diálogo por una nueva Carrera Directiva en salas cunas y jardines infantiles públicos asociado a un sistema de evaluación, formación continua y beneficios salariales

2.108

Trabajar por equiparar las condiciones de la red de jardines públicos -JUNJI, VTF e Integra

2.109

Proponer normativa para que puedan progresivamente acceder a un mayor porcentaje de horas no lectivas, pues significa tiempo esencial para la preparación del trabajo pedagógico

2.110

Plan de fortalecimiento de las/los técnicos de párvulos, lo que incluirá: fortalecer su formación inicial por medio de instrumentos , orientaciones y recursos de apoyo, garantizar horas no lectivas para participar en procesos de planificación y reflexión pedagogía, equiparar condiciones laborales y de sueldos en la red pública, entre otros

2.111

Abordar el impacto laboral en funcionarios municipales (reconociendo mejor la experiencia relevante en los concursos, modificando la fecha límite de contratación para participar en éstos, ofreciendo oportunidades de formación previas y para su relocalización laboral, y programas de indemnización cuando se requiera, entre otras medidas

2.112

Crear una coordinación intersectorial del más alto nivel incluyendo al menos al Ministerio de Educación, SUBDERE, Ministerio de Hacienda y Alta Dirección Pública, a cargo de conducir y coordinar el proceso de desmunicipalización, que ponga como máxima prioridad el saneamiento del sistema y la instalación exitosa, para que los nuevos Servicios Locales de Educación pueden desplegar todo su potencial

2.113

Mejorar los instrumentos de planificación y fondos públicos para la transición y ajustar el calendario, extendiendo el plazo final más allá del 2025 para ir más lento, pero mejor

2.114

Hacer adecuaciones al diseño de los Servicios Locales para aumentar la eficiencia de su planificación y gestión presupuestaria, aumentar su dotación profesional efectiva, y mejorar la representatividad, participación y relevancia de los actores locales y educacionales en su gobierno

2.115

Aumentar la participación de las comunidades locales y reforzar el protagonismo de docentes, educadoras, asistentes de la educación y técnicos de párvulos para favorecer el cambio pedagógico y el trabajo en redes incluyendo jardines infantiles y escuelas de la nueva educación pública

2.116

En educación técnico-profesional, potenciar la relación con el mundo del trabajo y la educación superior

2.117

Promover un actuar coordinado en torno a los espacios de formación en alternancia, prácticas profesionales y articulación de trayectorias educativas

2.118

Fuerte impulso para recuperar la cobertura y matrícula de la educación pública en sus diferentes niveles y modalidades

2.119

Establecer un nuevo sistema de renovación del currículum que avance hacia un diseño más flexible, con participación de las comunidades educativas, sensible a la diversidad territorial y cultural del país y a las temáticas emergentes como el enfoque de género, el multiculturalismo y la educación ambiental. Ello incluye reformular las instituciones e instancias a cargo del diseño curricular

2.120

En la educación media técnico-profesional, avanzar hacia un nuevo currículum junto a las comunidades educativas, el mundo del trabajo, los territorios y actores del área del conocimiento, que pondrá el foco en la participación social plena de los y las estudiantes, sus trayectorias vitales, y los desafíos económicos y sociales del territorio

2.121

Promover una educación integral con mejor aprovechamiento de las horas de libre disposición de la jornada escolar completa, por medio de talleres en ámbitos postergados, tales como las artes, deporte, medio ambiente y proyectos interdisciplinarios; sumado al apoyo técnico y capacitación docente

2.121

Reemplazar el sistema de evaluación nacional con foco en las pruebas estandarizadas, el control y las sanciones, por un sistema de acompañamiento formativo, sin consecuencias asociada a resultados de aprendizaje, centrado en el profesionalismo docente, el mejoramiento continuo y el aprendizaje integral. Para ello se diseñará un modelo multinivel: nacional, local del sostener y aula

2.122

Fortalecer la participación resolutiva de los actores de la comunidad educativa aumentando las atribuciones de las instancias colectivas como los Consejos Parvularios, Consejos Escolares y Consejos Locales de la Educación Pública, y reforzar la educación para la ciudadanía en todos los niveles educativos

2.123

Continuar removiendo las dinámicas de mercado de la educación, para ello se propone un sistema de financiamiento público de los establecimientos educacionales, que no se base en promover la competencia, sino en garantizar el derecho a una buena educación

2.124

Reforzar el término del lucro en la educación subvencionada por el Estado

2.125

Mejorar condiciones laborales, resguardando el efectivo respeto de las horas no lectivas que por contrato le corresponden a los y las docentes

2.126

Implementar un programa de salud y bienestar laboral para trabajadores/as de la educación

2.127

Crear una carrera para directivos de establecimientos en el sector público

2.128

Realizar un proceso de reparación de la deuda histórica de las y los docentes

2.129

Terminar con la doble evaluación docente

2.130

Promover una cultura de trabajo escolar que se base en el profesionalismo colectivo docente, reforzando el trabajo entre pares, la autonomía profesional y el Consejo de Profesores, y combatiendo las prácticas que desprofesionalizan y agobian a las y los docentes

2.131

Abordar el déficit de profesionales de la educación, haciendo más atractivas las carreras de pedagogía, mejorando su retención y distribución geográfica de la oferta

2.132

Disminuir el abandono de profesores jóvenes, fortaleciendo y expandiendo los programas de inducción y mentorías para profesores nóveles, dando mayor protagonismo a los Servicios Locales y los propios establecimientos, además del mejoramiento general de las condiciones laborales de docencia; y aplicando medidas especiales en las asignaturas y especialidades con escasez docente crítica, como mecanismo para facilitar el retorno al sistema educacional de profesores que no estén ejerciendo la docencia

2.133

Aumento de los programas de formación docente post-licenciatura, formación continua para docentes en áreas curriculares complementarias que les habiliten para desempeñarse en distintas disciplinas, e incentivos adicionales para ejercer en zonas socialmente desventajadas o geográficamente aisladas

2.134

Desarrollar una agenda de trabajo con los y las Asistentes de la Educación, en virtud de abordar la implementación adecuada y oportunidad de la ley N°21.109

2.135

Resolver las dificultades de la implementación de las leyes de incentivo al retiro de docentes y asistentes

2.136

Desarrollar una política de retiro permanente para las y los trabajadores de la educación en edad de jubilar

2.137

Impulsar una ley de educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza como pilar de una educación igualitaria que reconozca la diversidad sexual, cuestione los estereotipos de género y enseñe los derechos sexuales y reproductivos de las personas

2.138

Crear un programa de formación en el área para los trabajadores de la educación, con foco en ambientes seguros y en la prevención de la violencia sexista y homofóbica y del suicidio juvenil de la población LGBTIQ+

2.139

Impulsar medidas para romper con los estereotipos de género en la educación técnico-profesional

2.140

Promover una mayor inclusión de mujeres y hombres en especialidades que concentran estudiantes de un solo sexo

2.141

Avanzar en el reconocimiento de la pluralidad de las culturas en los jardines infantiles y escuelas, respetando el principio del plurilingüismo de los pueblos originarios y comunidades con sordera

2.142

Institucionalización de dispositivos de acogida a estudiantes extranjeros que sean pertinentes a las realidades territoriales, contratación de profesores extranjeros y de lengua de señas chilena, el fortalecimiento de una propuesta educativa intercultural que promueva el plurilingüismo y la creación de normativas nacionales que promuevan la inclusión y no discriminación

2.143

Modificar la normativa de los Proyectos de Integración (PIE) para transitar desde un financiamiento individual por niño hacia un financiamiento basal, con equipos multidisciplinarios que permitan una pedagogía y evaluación diferenciada

2.144

Ampliar el PIE con énfasis en la educación Técnico Profesional y mejorar los apoyos hacia estos estudiantes en la realización de sus prácticas y la continuidad de los estudios entre el nivel secundario y terciario

2.145

Fortalecer la Ley de Inclusión Escolar, expandiendo la gratuidad y aumentando la diversidad y mixtura socioeconómicas en las aulas, y promoviendo las transformaciones pedagógicas y culturales que requieren las comunidades educativas como base de una sociedad plural, inclusiva y democrática

2.146

Condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas

2.147

Proponer fin al CAE 

2.148

Creación de un nuevo sistema único de créditos que sea transitorio hasta alcanzar la gratuidad universal

2.149

Proceso de reconstrucción y expansión de la educación pública

2.150

Aumentar el financiamiento basal a las instituciones estatales

2.151

Impulsar un proceso de expansión de matrícula de instituciones estatales por medio de un crecimiento sostenido de esta en los próximos años, que permita a mediano plazo que la mayoría de los estudiantes puedan optar por acceder a la educación pública

2.152

Se priorizarán las instituciones regionales y las mujeres en áreas altamente masculinizadas

2.153

Fortalecer la instalación de los CFT estatales, para su consolidación y expansión

2.154

Revisión y mejoramiento de la política de gratuidad, especialmente en cuanto a su regulación, cobertura y requisitos institucionales, junto a las demás políticas de financiamiento a la educación superior, fortaleciendo la asignación de recursos basales a instituciones públicas con foco en descentralización, en el sistema técnico profesional y con perspectiva de género

2.155

Se reforzarán los instrumentos de apoyo a la manutención de estudiantes

2.156

Impulsar un programa de cuotas vinculado a la recuperación y expansión de la educación pública, y políticas afirmativas para favorecer el ingreso y permanencia de estudiantes provenientes de la educación escolar pública

2.157

Estudiar y desarrollar nuevos criterios e instrumentos de admisión, revisando los instrumentos de acceso existentes para que cumplan un rol diagnóstico y de apoyo a las diferentes trayectorias educativas y laborales

2.158

Avanzar en un diálogo abierto sobre la reconceptualización de la calidad en la educación superior, a fin de contar con buenos diagnósticos de las instituciones evaluadas y así avanzar hacia un trabajo serio y la mejora progresiva

2.159

Impulsar y fortalecer las políticas de género en todas las instituciones de educación superior, para que se incorporen en el sistema de aseguramiento de calidad

2.160

Desarrollar una estrategia plurinacional de educación superior que se ajuste al nuevo marco constitucional, sea coherente con un nuevo modelo de desarrollo y permita el desarrollo integral y democrático de las personas que integran el sistema

2.161

Revisar la forma en que se financia la investigación en Chile, para promover su desarrollo en instituciones y resguardar las condiciones laborales de las y los trabajadores del conocimiento

2.162

Fortalecer la institucionalidad existente, profundizando sus estructuras democráticas por medio de la participación de estudiantes, docentes, trabajadores/as, instituciones de educación y empleadores

2.163

Transformar la educación media técnico-profesional, empezando por la modernización del currículum en consulta con las comunidades educativas y el mundo del trabajo, y al vinculación entre niveles formativos

2.164

Fin al lucro en la educación superior técnico-profesional

2.165

Apoyo a las universidades, CFT e IP en el diseño de mecanismos para a prevención y mitigación del impacto del Covid-19 en las comunidades educativas, y supervisaremos y acompañaremos la correcta implementación de estas iniciativas

2.166

Apoyo a todos y todas las estudiantes con gratuidad que a consecuencia de la pandemia retrasaron sus estudios, incluyendo aquellos casos en que les fue imposible desarrollar actividades prácticas asociadas a su formación

Sistema Nacional de Cuidados

2.167

Se establecerá un Sistema Nacional de Cuidados que coordine con perspectiva feminista, intersectorial y comunitaria diferentes espacios institucionales

2.168

Transitar desde el sistema actual a un sistema de corresponsabilidad social de cuidados, que involucre a los hogares, las comunidades y el Estado

2.169

Se establece sobre los siguientes pilares: corresponsabilidad social de los cuidados, participación de la comunidad en su gobernanza, universalidad, pertenencia social, cuidado comunitario y gestión de datos

2.170

Foco en niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas mayores con y sin dependencia y personas cuidadoras

2.171

Avanzar hasta garantizar el cuidado de todo NNA asta los 14 años a través de la ampliación del subsistema Chile Crece Contigo

2.172

Fortalecer hospitalizaciones domiciliarias y apoyo de asistentes personales para el cuidado de personas con dependencia funcional

2.173

Ampliar los espacios comunitarios para la infancia con cuidado integral de NNA en situación de discapacidad

2.174

Desarrollar una red pública nacional de Centros de Desarrollo Integral Infantoadolescente que den acceso a evaluación y tratamiento de niños, niñas y adolescentes con necesidades de apoyo y rehabilitación

2.175

Para personas mayores sin dependencias y con dependencias leves se propone una política del envejecimiento digno, activo, saludable y un plan de alfabetización digital, aumento de cobertura de centros diurnos y creación de centros de cuidado comunitario con participación de organizaciones sociales

2.176

Para personas con dependencia más avanzada, se facilitará su permanencia en casa a través de un programa remunerado de Agentes Comunitarios del Cuidado, se ofrecerá teleasistencia y derecho a un asistente personal según necesidades

2.177

Prevenir la dependencia severa con detección temprana y derivación y atención oportunidad a través del vínculo del agente comunitario con la Atención Primaria de Salud

2.178

Modernizar el sistema actual de Establecimiento de Larga Estadía mejorando su sistema de fiscalización y aumentando su número

2.179

Avanzar hacia un modelo de vivienda tutelada que promueva el enfoque comunitario de cuidados y promoción de la autonomía de las personas mayores

2.180

Fortalecer el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias aumentando el número de centros comunitarios de apoyo para personas con demencia

2.181

Creación de una figura remunerada del Agente Comunitario del Cuidado

2.182

Garantizar el derecho a un asistente personal, profesional de atención domiciliaria que podrá reemplazar a quien cuida en ciertos horarios, estableciendo el "respiro" como un derecho básico para todo cuidador o cuidadora

2.183

Reconocer el trabajo de las personas menores de 60 años que dedican su jornada a cuidar de alguna persona dependiente severa, por un valor igual al salario mínimo que será imponible y transformará a estas personas cuidadoras en contribuyentes del sistema de seguridad social

2.184

Establecer una credencial para las personas cuidadoras que les permita acceder a ciertos beneficios

2.185

Impulsar la integración de personas cuidadoras a una red comunitaria de cuidados y a espacios de participación y decisión política

2.186

Aprobar e implementar las leyes de educación no sexista, educación sexual integral y una ley que aborde de manera integral la violencia contra las mujeres y reforzar su impacto a través de campañas comunicacionales y educacionales

2.187

Impulsar el establecimiento gradual y progresivo de un posnatal obligatorio e intransferible para los padres, siempre y cuando, no exista indicio de violencia de género ejercida por estos

2.188

Promover la creación de permisos de libre disposición para trámites de cuidados y en general una política laboral donde la conciliación de vida y trabajo sea parte de lo básico

2.189

Creación de permisos de libre disposición para trámites de cuidados

2.190

Creación de una política laboral donde la conciliación de vida y trabajo sea parte de lo básico

2.191

Establecer un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias adeudadas

2.192

El Estado es el que persigue al deudor de la pensión alimenticia

2.193

Ciudad a la altura de el nuevo paradigma de cuidados

2.194

Transporte público adecuado y accesible para las personas con dependencia

2.195

Espacios públicos aptos para el cuidado de NNA, personas mayores y personas con discapacidad, además de sus cuidadores y familias para que puedan habitar de manera digna la ciudad

2.196

Fortalecer y desarrollar piloto de Ciudades Amigables con mayor participación e interconexión a lo largo del país

2.197

Fortalecer la implementación del programa piloto Vivienda Primero de MIDESO-MINVU

2.198

Revisión del diseño y de las bases técnicas del programa Calle y de su articulación con salud, con el objetivo de mejorar el abordaje de esa compleja problemática con foco en la salud mental e inclusión social de los y las participantes

2.199

Fortalecimiento del programa Chile Crece Contigo

2.200

Implementar el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y la Adolescencia

2.201

Relevancia al Plan de Acción de Niñez y Adolescencia con prioridad política y sin regresividad presupuestaria

2.202

Plan de corto plazo para la ejecución de medidas que enfrenten las diversas afectaciones producto de la pandemia

2.203

Fin al modelo SENAME, derogando la ley de subvenciones, reformando la ley de adopción y fortaleciendo el cuidado alternativo

2.204

Potenciar el cuidado de familias de acogida

2.205

Mejorar sustantivamente la calidad de los centros residenciales haciendo más coherentes y pertinentes territorialmente los programas ambulatorios

Igualdad en la Diversidad: Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAQ+

2.206

Fomentar acciones afirmativas que garanticen el derecho al empleo

2.207

Frenar el acoso laboral de personas LGBTIAQ+ a través de programas de formación y capacitación laboral

2.208

Desarrollo de protocolos y circulares que garanticen las políticas de no discriminación

2.209

Impulsar el Cupo Laboral Trans, garantizando su empleabilidad en al menos un 1% del sector público

2.210

Impulsar una ley integral trans que garantice el fin de las exclusiones, discriminaciones e injusticias históricas de las que han sido víctimas las personas trans

2.211

Promover la participación de la población LGBTIAQ+ en las instancias de representación sindical, incluyendo negociaciones colectivas, independientemente del régimen laboral

2.212

Fomentar programas de escuelas libres de discriminación para la diversidad sexual

2.213

Se contará con datos oficiales de violencia hacia personas LGBTIAQ+ en comunidades escolares y se acompañará a aquellas con peores indicadores

2.214

Se promoverá una ley de educación no sexista, innovación curricular y formación en diversidad sexual a profesionales de la educación

2.215

Se incorporará un enfoque de garantía de derechos de la diversidad sexual en la formación inicial y continua de docentes y de quienes asuman funciones directivas en los centros educativos

2.216

Reformular la circular sobre niñez trans en espacios educativos, exigiendo protocolos de no discriminación y de integración

2.217

Educación no sexista. Promover una transición hacia establecimientos escolares integrados en términos de las identidades de género de los estudiantes

2.218

Incorporar una canasta de prestaciones trans-no binaries como garantía explícita en salud, desde la perspectiva del cuidado, que contemple atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica

2.219

Desarrollo de campañas de visibilización de atención inclusiva en centros de salud

2.220

Impulsar acciones formativas del personal

2.221

Énfasis en el cumplimiento de las circulares 18, 21 y 34

2.222

Prohibir las cirugías de normalización a recién nacidos, estableciendo responsabilidades civiles y administrativas asociadas

2.223

Garantizar el cumplimiento de la circular 18 en caso de niñes intersexuales

2.224

Incorporar un enfoque transversal de género e inclusión de personas LGBTIAQ+ en un currículum de las carreras de la salud

2.225

Promover la investigación con un enfoque biopsicosocial en la atención en salud para la comunidad LGBTIAQ+, en especial personas trans y no binarias

Ciudades, vivienda y territorio

2.226

Nueva política habitacional que permita diversificar las formas de acceso a la vivienda

2.227

Proceso de transición hacia un modelo que ponga en el centro la gestión de viviendas y barrios diversificando las opciones de producción, financiamiento y tenencia, para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada

2.228

Desarrollo de equipamientos con una perspectiva de género, accesibilidad universal, inclusión y economía del cuidado, promoviendo proyectos de arquitectura e infraestructura pública que faciliten su uso por parte de mujeres, personas con discapacidad, disidencias, personas en adultez mayor e infancias

2.229

Avanzar hacia una red de centros de abastecimiento y servicios públicos con espacios para el desarrollo de actividades que propendan al fortalecimiento y apoyo comunitario, incluyendo espacios de lactancia, bibliotecas comunitarias, espacios de cuidados infantiles, espacios para personas mayores, baños comunitarios, cocinas o comedores barriales y salas de primeros auxilios

2.230

Activar infraestructura comunitaria que ya se encuentra disponible, mediante la inyección de recursos para su adaptación

2.231

El Estado tendrá un rol activo en la adquisición del suelo urbano, facilitando que las familias se establezcan en sus territorios y barrios según sus necesidades, redes de apoyo, adecuación cultural, proyectos y ciclos de vida

2.232

En el primer año se propone robustecer el Banco de Suelo Público con permutas y transferencias directas al suelo fiscal que cuenten con norma urbana vigente

2.233

Comenzar a implementar una Política de Suelo

2.234

Impulsar proyectos de ley para crear un sistema de adquisición preferente de suelo con fines urbano-habitacionales y para la creación de instrumentos de captura de plusvalía que respondan a un criterio de justicia y equidad urbana que permita la sustentabilidad financiera en el tiempo

2.235

Impulsar el arriendo a precio justo que entregue seguridad de tenencia desde un enfoque de derechos humanos, mejorando la capacidad de ahorro de los hogares y la flexibilidad para cambiar de vivienda de acuerdo con las distintas realidades laborales, familiares y de cuidados, incluyendo situaciones de violencia intrafamiliar

2.236

Se destinarán recursos a los municipios para financiar al menos 5.000 viviendas anuales, utilizando inicialmente los instrumentos vigentes y realizando las adquisiciones o transferencias de suelo respectivas, para dar la mejor localización posible a estas viviendas

2.237

Desarrollo de un nuevo programa de arriendo protegido, iniciando también las modificaciones institucionales y presupuestarias necesarias para facilitar mecanismos de inversión directa por parte de los SERVIU y municipios en la construcción de vivienda pública

2.238

Construcción de barrios que ayuden a disminuir el déficit habitacional apoyando iniciativas de autogestión, con énfasis en potenciar la participación de organizaciones de tipo cooperativas e incentivar mecanismos de propiedad colectiva y distintos tipos de tenencia

2.239

El primer año se mejorará la coordinación intersectorial para destinar el apoyo técnico necesario a la conformación y/o consolidación de cooperativas a nivel nacional

2.240

Consolidar un modelo expedito, que dispondrá de préstamos sin interés y asistencia técnica para la adquisición de terrenos, diseño, construcción y gestión de viviendas por parte de estas cooperativas

2.241

Promover alianzas con municipios para desarrollar planes habitacionales enfocados en los barrios, orientados a planificar con pertinencia locales el uso de los programas habitacionales, junto a las familias y organizaciones reforzando la construcción de proyectos de pequeña escala en barrios consolidados que favorecerán la cercanía a fuentes laborales y redes educativas, privilegiando la densificación de baja altura en sitios propios y permitiendo que las familias allegadas puedan regularizar su situación y mantenerse en sus barrios cuidados

2.242

Durante el primer año, en coordinación con las familias y los municipios, se identificarán barrios prioritarios para iniciar estos planes, consolidando y capacitando equipos profesionales que permitan abordar estas escalas de construcción

2.243

Iniciar ajustes normativos que aborden los problemas relacionados con la copropiedad y propiciar otros mecanismos de tenencia, de forma de hacer más expeditas estas iniciativas

2.244

Priorizar una respuesta nacional digna y ágil a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades, por sobre los desalojos, poniendo como principal atributo el derecho humano a una vivienda adecuada

2.245

Durante la gestión de soluciones definitivas aseguremos el acceso a servicios básicos inmediatos como agua potable, alcantarillado, electricidad e internet

2.246

Elaborar planes maestros integrales de radicación en terrenos aptos que incorporen visión de ciudad, ordenamiento territorial, urbanización. Vivienda digna y una cartera de inversión plurianual y multisectorial

2.248

Reforzar programas y líneas de asistencia técnica, descentralizando su ejecución a través de gobiernos regionales y municipios, promoviendo el empoderamiento de todos los actores involucrados, con énfasis en las pobladoras y pobladores, como así mismo en la sensibilización de los funcionarios, facilitando espacios de diálogo, de mutuo respeto y de colaboración positiva, fortaleciendo las capacidades autogestionarias de las comunidades

2.249

Implementar residencias humanitarias para facilitar el acceso de vivienda a familias en situación de emergencia o que vean sus derechos peligrosamente vulnerados

2.250

Lograr reducir en un 40% el déficit actual, generando 65 mil viviendas al año desde el sector público

2.251

Avanzar progresivamente en el aumento de las superficies de las viviendas de interés social, nuevas y construidas, integrando criterios de pertinencia cultural, especialmente del mundo indígena; pertinencia territorial y social de producción sustentable y eficiencia energética

2.252

Transformas las regiones en el sujeto central para la ejecución de las políticas de Vivienda y Territorio, otorgando las competencias y los recursos necesarios para diseñar e implementar soluciones urbano-habitacionales

2.253

Transitar hacia un modelo en que los SERVIU dependerán de los gobiernos regionales

2.254

Construir viviendas dignas hechas con materiales de bajo impacto ambiental, con innovación, estandarización e industrialización de sistemas constructivos, optimizando costos, plazos y residuos de construcción

2.255

Impulsar la creación de Empresas Públicas Regionales de Construcción Sustentable, trabajando con mipymes, proveedores locales, universidades e institutos que participen en los procesos de capacitación y certificación, para migrar a nuevos métodos industrializados de construcción, respetando siempre la autonomía y costumbres locales

2.256

Crear la Empresa Pública Autónoma Comercializadora de Materiales de Construcción (FERRABAST) que considerará la construcción en regiones de Ferreterías Populares que permitan reducir el costo de materiales, priorizando aquellos que permitan el acondicionamiento térmico de viviendas nuevas y existentes

2.257

Impulsar la planificación territorial participativa y descentralizada mediante Planes Maestros de Integración Territorial que potencien el desarrollo armónico de barrios, localidades y ciudades

2.258

Transferir a los GORE competencias de planificación en planes intercomunales y metropolitanos

2.259

Dar poder a las comunidades mediante la figura de los Consejos Comunales y Territoriales, que participarán en la elaboración, diseño y evaluación de los planes maestros de integración territorial

2.260

Asegurar la participación efectiva de las comunidades y que éstas cuenten con una institucionalidad que permita la integración intersectorial efectiva

2.261

La Ley de Ordenamiento Territorial será el marco normativo que unifique actores y metodologías y garantice el cumplimiento de estándares mínimos para el desarrollo territorial vinculado a objetivos de integración social, al sistema nacional de cuidados y a la protección del medioambiente. Esta ley debe sugerir una zonificación a nivel regional con perspectiva de protección ambiental, económica y social.

2.262

Cada gobierno regional será responsable de planificar y normar su territorio con las herramientas y objetivos planteados en la Ley de Ordenamiento Regional

2.263

Impulsar obras públicas desde una nueva institucionalidad de planeamiento, con una mirada interministerial, descentralizada y participativa para el desarrollo, financiamiento y administración de las necesidades territoriales, dentro de un nuevo marco de acción que traslade a la ciudadanía y los territorios los beneficios económicos de la inversión en infraestructura

2.264

Promover infraestructura crítica, energética e hídrica con una mirada en el aseguramiento de la vida humana cono eje esencial

2.265

Asegurar la urgente preservación, provisión y buen uso del agua, potenciando las obras públicas en acuerdo con los Gobiernos Regionales

2.266

Reforzar los programas de agua potable y servicios sanitarios rurales

2.267

Elevar la calidad y eficiencia de las obras de regadío mediante embalses sustentables y canales

2.268

Aumentar el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas 

2.269

Promover el desarrollo e implementación de tecnologías, sistemas y obras de reutilización de las aguas

2.270

Asegurar la calidad y seguridad en la conectividad mayor interregional con énfasis en el desarrollo territorial justo y la resiliencia, promoviendo la elaboración de planes de conectividad nacional, inter e intrarregional de alto estándar desde Arica hasta Quellón, así como la integración de proyectos y obras para la conectividad austral

2.271

Desarrollo de obras para optimizar el sistema logístico nacional, potenciando el ferrocarril de carga, centros de integración intermodal, mejoramiento de accesos a los puertos y pasos internacionales

2.272

En el borde costero, aumentar la investión en infraestructura y tecnología para la pesca artesanal, las pequeñas embarcaciones, caletas y el transporte náutico en localidades donde sus condiciones lo permitan

2.273

Avanzar en una ruralidad con una conectividad física y digital justa y garantizada

2.274

Descentralizar la planificación y la gestión de la movilidad a nivel regional, transfiriendo íntegramente competencias y financiamiento a los Gobiernos Regionales

2.275

Al interior del Gobierno Regional crear la figura de la Autoridad Regional de Movilidad que tendrá un consejo asesor y consultivo ciudadano

2.276

Desarrollar una política ferroviaria en las macrozonas centros y sur, dando continuidad a los proyectos que ya tienen algún nivel de avance e impulsando tres nuevos proyectos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción

2.277

Implementar de 3 a 4 pilotos del programa Transporte Público Doble Cero en ciudades pequeñas e intermedias que consideren la tarifa $0 para todos sus usuarios, y con buses de cero emisión

2.278

A nivel nacional, implementar Sistemas Regionales de Transporte Público, integrando física, tarifaria y operacionalmente los diferentes sistemas existentes, mediante procesos licitatorios competitivos y propendiendo hacia vehículos de cero emisión

2.279

Propuesta de gratuidad para adultos mayores en el transporte público

2.280

Favorecer la movilidad activa, construyendo 1.000 kilómetros de Circuitos Peatonales de lato estándar en ciudades intermedias como Arica, Machalí, Curicó, Talca y Coyhaique que incluirán puentes multipropósito para peatones y ciclistas 

2.281

Definir la política de Visión Cero, cuya meta será reducir en un 50% las muertes y lesiones graves por siniestros viales en zonas urbanas al 2030, y considerando la vida de las personas en el centro del diseño vial

2.282

Gestionar la velidad mediante mecanismos de fiscalización automatizada

2.283

Patrocinar activamente la promulgación de la Ley CATI y dispones los recursos necesarios para su implementación

2.284

Potenciar un marco fijado por una Ley y Política de Movilidad

Culturas, artes, patrimonio y medios

2.285

Asegurar el acceso y participación activa de las personas a lo largo del país, con diversidad e interculturalidad

2.286

Buscar generar una alianza entre el Estado y la sociedad civil organizada, en todo el país, para valorizar el aporte del trabajo cultural al desarrollo social del país y garantizar las condiciones básicas dignas

2.287

Proponer transformaciones democratizadoras en la institucionalidad actual

2.288

Fomentar una educación artística integral que permita la circulación de saberes y conocimientos sensibles hoy invisibilizados por programas y mallas curriculares orientadas a la competencia

2.289

Desarrollo de programas de cultura comunitaria innovadores

2.290

Transformación institucional y fiscal

2.291

Aumentar el presupuesto del ministerio al 1% del presupuesto de la nación en el próximo gobierno y la reestructuración de los fondos de cultura como único mecanismo de financiamiento

2.292

Asegurar las condiciones necesarias para que el ecosistema cultural se desarrolle de forma orgánica

2.293

Propuesta de modificar leyes sectoriales para contar con nuevos, mejores y más pertinentes mecanismos de financiamiento, que permitan la estabilidad y planificación de la gestión, abandonando la lógica concursable e integrando la realidad actual de cada uno de los sectores

2.294

Trabajar por una Ley de Artes Visuales, en conjunto con las organizaciones y gremios del sector

2.295

Compromiso de promover un diálogo social vinculante con las organizaciones sindicales y gremiales del sector, y los ministerios competentes, para revisar y velar por las mejoras en las condiciones laborales del sector

2.296

Trabajar en una educación artística integral e intercultural, con un enfoque territorial y colaborativo

2.297

Actualizar el Plan Nacional de Artes en la Educación

2.298

Fomentar la existencia de al menos un proyecto de escuela artística por región

2.299

Proponer una línea especial de trabajo de desarrollo creativo y artístico para infancia vulnerada, buscando instalar la relación entre salud mental y el desarrollo cultural de comunidades, niños, niñas y adolescentes en situación de violencia y pobreza

2.300

Promover la actualización de mallas curriculares de las carreras docentes y el potenciamiento de Centros de Creación (Cecrea)

2.301

Propuesta de iniciar un proceso de consulta ciudadana para su reformulación, incluyendo el proceso de Consulta Indígena conforme al estándar del Convenio 169 de la OIT

2.302

Profundizar en la salvaguarda y resguardo de los patrimonios en riesgo, en conjunto con la acción de la sociedad civil

2.303

Reconocimiento de Sitios de Memoria y Derechos Humanos

2.304

Institucionalizar la categoría de Sitios de Memoria y vincular su gestión con los procesos de verdad, justicia y reparación llevados a cabo por la Red de Sitios de Memoria y organizaciones de derechos humanos

2.305

Nueva Ley de Archivos

2.306

Fomento al desarrollo de archivos locales y comunitarios

2.307

Elaborar una estrategia transversal de patrimonios digitales que es urgente en el contexto actual

2.308

Potenciar las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que ayudan en la toma de conciencia de nuestra diversidad cultural y a convivir con armonía con el medio ambiente

2.309

Garantizar el derecho a la información, libertad de expresión y que los medios de comunicación estén protegidos de todo intervencionismo y presiones indebidas del gobierno en ejercicio

2.310

La participación ciudadana debe incidir en la labor de los medios, expresando sus inquietudes, propuestas e intereses

2.311

El Estado debe fortalecer un ecosistema de medios diversos, pluralistas y descentralizados

2.312

Desarrollo de un Nuevo Sistema de Medios Públicos (NSMP), más robusto que el actual, que incluya televisión, radio y multiplataformas

2.313

Proteger el patrimonio simbólico

2.314

El nuevo sistema se debe constituir como un espacio para el desarrollo de la ciudadanía y sus expresiones de diversidad, que fomente la paridad de género, la interculturalidad, y la circulación de conocimientos locales, regionales y nacionales

2.315

Cada medio dentro del SNMP tendrá su propio directorio, con total independencia del gobierno en ejercicio, serán descentralizados en su estructura de administración y producción de contenidos

2.316

Fortalecer el sector de los medios regionales, locales y comunitarios

2.317

Asegurar una distribución equitativa de frecuencias de radio y TV, y la descentralización de la distribución en prensa escrita, a través de una ley que resguarde la distribución independiente

2.318

Promover medidas que resguarden los derechos de los y las trabajadoras de las comunicaciones (periodistas, audiovisualistas) y las telecomunicaciones, tanto en su derecho a la libertad de expresión, de información y de prensa como en el cumplimiento de condiciones laborales dignas por parte de sus empleadores

Deportes, prácticas corporales y recreación

2.319

Impulsar una Ley de Deporte Laboral, que concilie el trabajo con la actividad física, la recreación, el deporte y el movimiento

2.320

Fortalecer el rol de las organizaciones sociales y deportivas locales y regionales, a través de un fondo especial para el desarrollo deportivo, el uso prioritario de infraestructura deportiva y la generación de una red integrada de organizaciones deportivas

2.321

Apoyar la aplicación de un protocolo contra el acoso y abuso sexual en el deporte que incluya una perspectiva de derechos humanos

2.322

Promover las prácticas lúdicas de los pueblos originarios, reconociendo sus distintas formas de organización

2.323

Ampliar la oferta pública y la cobertura de actividades deportivas y recreativas para grupos usualmente excluidos de estas prácticas, como la población penal o personas en situación de discapacidad

2.324

Asegurar el libre acceso a montañas, mar, playas, ríos, lagos y otros espacios naturales idóneos para realizar deporte, prácticas corporales o recreación al aire libre

2.325

Potenciar la ejecución de prácticas corporales, la actividad física y la recreación en las calles y en la naturaleza

2.326

Actualizar la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, integrando los efectos de la pandemia en las personas y en las comunidades

2.327

Fortalecer los servicios deportivos comunales, apoyando las estructuras de gestión local

2.328

Trabajar porque los recintos públicos, los de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad estén abiertos para la comunidad para estos efectos

2.329

Revisar la actual institucionalidad del Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, de manera de responder mejor a los desafíos del sector

2.330

Evitar duplicidad de funciones y velar por la eficacia de los recursos públicos tanto en nivel central como en direcciones regionales

2.331

Realizar una actualización e innovación curricular y pedagógica en educación física, con enfoque en género, inclusivo, no sexista, recreativo y colaborativo, para generar cultura del movimiento en nuestro país

2.332

Fomentar un Plan Nacional de Desarrollo Psicomotriz en Servicios Locales de Educación, para generar hábitos de vida activa desde la primera infancia

2.333

Fortalecer infraestructura escolar

2.334

Reforzar y reestructurar el sistema nacional de competencias, potenciado los Juegos Nacionales y Paranacionales, las ligas universitarias y escolares, sobre todo en sus etapas municipales y regionales, e integrando a deportistas paralímipicos

2.335

Velar por el cumplimiento efectivo de la Ley 20.737 de Federaciones Deportivas Nacionales, para asegurar la democracia interna y la participación de deportistas

2.336

Avanzar en la protección de derechos sociales y contratos de trabajo de los y las deportistas de alto rendimiento

2.337

Rearticular las funciones de la Corporación de Alto Rendimiento ADO Chile, y activar su rol de vinculación con el mundo privado

2.338

Fortalecer la infraestructura deportiva para el deporte competitivo, de acuerdo con las particularidades de cada territorio, reconociendo los deportes estratégicos según cada localidad, con un enfoque inclusivo y sostenible

2.339

Reformular la estrategia nacional de deporte competitivo (municipal, regional, escolar y universitario)

2.340

Fomentar el desarrollo de ligas femeninas y paralímipicas

2.341

Potenciar la generación de un legado deportivo y social a través de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, integrando y beneficiando a las comunidades antes, durante y después de los tornes

2.342

Promover la asistencia gratuita de niños, niñas y jóvenes a las competencias deportivas panamericanas y parapanamericanas

2.343

Crear un Modelo Chileno de Administración del Fútbol Profesional en el cual las personas son socias e hinchas tengan una incidencia real en las políticas de desarrollo del club

2.344

Cambiar el plan Estadio Seguro por un programa de barrismo social y comunitario

2.345

Profesionalizar y dignificar el fútbol femenino, procurando que las jugadoras tengan un contrato de trabajo y condiciones laborales dignas, similar al fútbol masculino

2.346

Promover las reformas legales necesarias para que las ligas y competencias juveniles y femeninas tengan acceso a los subsidios e instrumentos de fomento deportivo contemplados en la Ley del Deporte

2.347

Fortalecer el derecho de los medios públicos a transmitir competencias deportivas y partidos de fútbol profesional por los canales de televisión abierta

3. Cambios con responsabilidad fiscal: Reforma tributaria y fortalecimiento fiscal

3.1.

Sin alterar la situación de las pymes y la clase media, el nuevo régimen de impuestos a la renta implicará una mayor contribución de aquellas personas que obtienen rentas mensuales de más de $4.500.000

3.2.

Simplificar el sistema a través de la desintegración del impuesto a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, separando el impuesto que paga una empresa del que les corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades

3.3.

Modificar tramos y tasas de los impuestos personales, aumentando la carga tributaria de quienes ganen más de $4.500.000 mensuales

3.4.

Las pymes mantendrán su régimen integrado y beneficios actuales

3.5.

No se aumentará el Impuesto de Primera Categoría

3.6.

No se modificaría el régimen para inversionistas extranjeros ni se revisarán los convenios para evitar la doble tributación internacional

3.7.

Se establecerán mecanismos para que, en el sistema desintegrado, la carga tributaria máxima sobre utilidades distributivas, esto es, considerando impuestos corporativos y personales conjuntamente se ubique en torno a la mediana de la OCDE

3.8.

Eliminación del régimen de renta presunta, pasando a estos contribuyentes al régimen Pyme

3.9.

Eliminar la exención a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles. Dichos ingresos deberán sujetarse a las normas generales de tributación

3.10.

Limitar o eliminar los beneficios para inmuebles DFL-2, cuidando de no afectar a la clase media

3.11.

Reducción del monto exento en las ganancias de capital por venta de inmuebles, y la eliminación del impuesto sustitutivo del 10%, pasando a tributar según el régimen general

3.12.

Eliminación de beneficios para inmuebles adquiridos antes de enero de 2004

3.13.

Eliminación de la exención de 10 UTA en la enajenación de acciones

3.14.

Eliminación de los beneficios a los retiros de libre disposición

3.15.

Elimincación de exención del impuesto a la herencia respecto a los seguros de vida

3.16.

Revisión de la deducción por pago de intereses derivados de créditos hipotecarios para enfocar beneficio en la clase media

3.17.

Término del crédito especial IVA para empresas constructoras, con mecanismos que eviten perjudicar la adquisición de viviendas sociales

3.18.

Limitación de utilización de pérdidas tributarias de arrastre

3.19.

Eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP)

3.20.

Impuesto al patrimonio neto de aquellas personas naturales de alto patrimonio que tengan un domicilio o residencia en Chile, respecto de su riqueza en el exterior

3.21.

Impuesto a las utilidades retenidas en las empresas cuya tributación se encuentra pendiente. Pymes exentas de esta tributación

3.22.

Revisar las exenciones injustas en contribuciones territoriales, y perfeccionar una herramienta ya existente, la sobretasa de impuesto territorial, aumentando su tasa y estableciendo nuevas reglas de valoración de activos

3.23.

Establecer mecanismos para evitar situaciones de doble tributación respecto de aquellos contribuyentes que se graven con el impuesto al patrimonio

3.24.

Modificar el impuesto a la herencias y donaciones, acercando los valores por los cuales se paga dicho impuesto a un valor más cercano al comercial

3.25.

Limitar o eliminar exenciones que no se justifican y establecer normas antielusión para eliminar la planificación en vida

3.26.

Modificar cuerpos normativos con el objeto de evitar el uso de estructuras jurídicas que limitan la potestad tributaria del país y la recaudación. Se tomarán en consideración la experiencia internacional y los estándares OCDE

3.27.

Aumentar gradualmente el impuesto al CO2 desde 5 a 40 USD/tCO2, y ampliar su alcance abarcando distintas fuentes de emisión

3.28.

Incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM/m3 en promedio a nivel nacional, considerando para estos efectos el impuesto óptimo que internalice las externalidades ambientales

3.29.

Eliminar las exenciones para industrias y transporte

3.30.

Aumentar y ampliar la cobertura del impuesto a la primera venta de automóviles

3.31.

Introducir un impuesto ad valorem al plástico de envases y embalajes y el plástico contenido en los principales productos plásticos desechados comercializados

3.32.

Implementar un royalty cuyo objetivo sea que el Estado recupere una proporción significativa de las rentas económicas del cobre, manteniendo los incentivos para invertir

3.33.

Los mecanismos del royalty serán progresivos en precios: mientras mayor sea el precio del cobre, y por lo tanto mayores las rentas económicas, mayor será la carga efectiva que enfrentarán las empresas

3.34.

El royalty tendrá un componente ad valorem o tasa sobre las ventas. Habrá otro componente sobre la rentabilidad operacional o financiera, que permitirá extraer rentas adicionales de aquellos yacimientos con menores costos

3.35.

Proponer herramientas para fomentar la localización en Chile del proceso industrial de refinación

3.36.

Fortalecer las capacidades de fiscalización de las instituciones estatales relacionadas

3.37.

Diseñar instrumentos específicos para cerrar brechas de evasión y elusión del royalty

3.38.

Fortalecer y dotar de más recursos al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Servicio Nacional de Aduanas para incrementar el personal y modernizar sus capacidades tecnológicas, especialmente en el manejo de tecnologías de la información

3.39.

Reformar la Norma General Antielusión, mejorando su redacción y facultando al SII para aplicarla administrativamente, siguiendo la tendencia mundial en esta materia

3.40.

Permitir y reforzar las capacidades técnicas del Ministerio Público para la persecución de ciertos delitos tributarios de forma coordinada pero no sujeta a querella del SII

3.41.

Someter los delitos tributarios al tratamiento de los delitos económicos, en línea con el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso

3.42.

Facultar al SII para que acceda de manera expedita y periódica a información sujeta a reserva o secreto bancario que sea necesaria para el control de la evasión y la elusión, en línea con el estándar OCDE

3.43.

Establecer, por ley, la obligación de organismos públicos (Aduana, CMF, UAF, PDI, Banco Central, entre otro) de entregar al SII información necesaria para la fiscalización tributaria cuando lo requiera, a pesar del carácter reservado

3.44.

Restablecer y reforzar obligaciones de informar inversiones en paraísos tributarios y otro tipo de instrumentos híbridos tales como trusts. 

3.45.

Asegurar al SII el registro de beneficiarios efectivos (finales), en línea con las recomendaciones de la OCDE para Chile

3.46.

Consagrar la figura del denunciante anónimo tributario, semejante a los que ya existe en la regulación del mercado financiero

3.47.

Dotar al SII de las capacidades y recursos para desarrollar estimaciones periódicas sobre evasión del impuesto a la renta

II. Profundización democrática y cuidar el proceso de cambios

1. Derechos Humanos

1.1.

Implementar un plan nacional efectivo de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, integrado por las entidades públicas pertinentes que cuenten con equipos multidisciplinarios especializados, con recursos suficientes y dotación especializada, que trabaje junto a la sociedad civil en el esclarecimiento de su destino final

1.2.

Conformación de una Comisión Calificadora Permanente que permita revisar los casos de violaciones de derechos y víctimas de homicidios, torturas y desapariciones ocurridas en la dictadura cívico militar

1.3.

Creación de un sistema de calificación de víctimas de DDHH desde el retorno a la democracia, para que las víctimas y/o sus familiares puedan acceder a prestaciones de reparación como el PRAIS u otras

1.4.

Revisar la fórmula adecuada para dejar sin efecto el Decreto de Ley de Amnistía N°2.191 para cumplir con la recomendación de los órganos internacionales de derechos humanos

1.5.

Revisar las medidas de reparación a las víctimas de la dictadura para avanzar en el cumplimiento de los estándares de reparación integral

1.6.

Reajustar los montos de las diversas pensiones de reparación de las víctimas de prisión política y tortura, de familiares de personas ejecutadas y/o desaparecidas y de las personas exoneradas políticas

1.7.

Eliminar la incompatibilidad existente entre diferentes tipos de pensiones

1.8.

Reforzar los órganos del sistema de justicia que tienen funciones de investigación y sanción, tales como los equipos de ministras y ministros en visita que investigan estas causas, la Brigada de DDHH de la Policía de Investigaciones y el área de DDHH del Servicio Médico Legal

1.9.

Fortalecer los órganos públicos responsables de avanzar en la investigación y sanción, robusteciendo los equipos de la Fiscalía que investigan estas causas, la Brigada de DDHH de la Policía de Investigaciones y el área de DDHH del Servicio Médico Legal

1.10.

Promover normas legales y administrativas que aseguren la reparación integral de todas las personas vulneradas en sus DDHH, especialmente las víctimas con daños físicos irreversibles, las víctimas de lesiones oculares, las víctimas de violencia sexual y los familiares de víctimas de homicidio

1.11.

Avanzar en un conjunto de medidas de Garantías de No Repetición, entre las que destacan la refundación de Carabineros

1.12.

Apoyar el proyecto de ley de indulto para quienes injustificadamente siguen privados de libertad

1.13.

Quitar las querellas por ley de seguridad interior del Estado interpuestas en ese período

1.14.

Impulsar acciones afirmativas para corregir las desigualdades estructurales e históricas que han experimentado las mujeres y diversos grupos sociales y colectivos 

1.15.

Instaurar un estatuto de protección reforzada de los derechos de los defensores y defensoras, que considerará especialmente su resguardo en contexto de manifestaciones y la adopción de medidas de protección por parte del Ministerio Público en casos de ataques o amenazas

1.16.

Formación y educación de las futuras generaciones a lo largo de su ciclo vital, con énfasis en el respeto de la diversidad y la no discriminación

1.17.

Promover el estudio de los DDHH en todas las carreras de educación superior y muy especialmente en las carreras de Pedagogía, con el fin de que profesores y profesoras estén capacitados para impartir esta materia de forma transversal en el currículo escolar

1.18.

Reforzar en las bases curriculares y otros instrumentos de política pública, contenidos vinculados a la promoción de una cultura de DDHH, así como el respeto y resguardo de la democracia y el Estado de Derecho

1.19.

Establecer en las Fuerzas de Seguridad y el Orden el estudio de los DDHH y del derecho internacional humanitario como disciplinas transversales

1.20.

Avanzar en la promoción y preservación de la memoria, de espacios de conciencia y sitios de memoria con una nueva ley de sitios de memoria que permita su recuperación y patrimonialización expedita

1.21.

Impulsar la adecuación de nuestra legislación a los estándares de derecho internacional de los DDHH en materias como la libertad de asociación, el derecho a manifestar y la persecución penal del terrorismo

1.22.

Impulsar leyes que reconozcan el derecho a manifestarse y la derogación de leyes represivas

1.23.

Buscar reformar la legislación antiterrorista para que esté acorde a las exigencias del derecho internacional de los DDHH

1.24.

Impulsar mecanismos de rendición de cuentas corporativas y reparación de daños

1.25.

Tomar las medidas necesarias para que el Estado a través de su potestad regulatoria pueda cumplir con su rol efectivo de protección a las personas en casos de impactos negativos sobre sus DDHH producto de las acciones u omisiones de empresas

1.26.

Presentar un proyecto de ley en el que se regulará la debida diligencia en DDHH para las empresas que operen en Chile y para las empresas de propiedad chilena con operaciones extraterritoriales

1.27.

Impulsar una legislación que establezca la figura autónoma de la Defensoría del Pueblo u Ombudsperson, estableciendo un amplio mandato para la protección y promoción de los derechos humanos, así como de capacidades específicas referidas a los grupos de especial protección, las que se ejercerán a través de defensorías temáticas cuyos integrantes cuenten con inmunidad

1.28.

Procurar que la institucionalidad vigente durante nuestro gobierno pueda ejercer debidamente sus atribuciones y tengan recursos suficientes para cumplir con su mandato

1.29.

Impulsar la firma y ratificación del Estado de tratados internacionales como el Pacto de San Salvador y acuerdos como el de Escazú en materias ambientales y el de Marrakech sobre migraciones

2. Inclusión, promoción de derechos y erradicación de las violencias

Pueblos originarios y tribal afrodescendiente

2.1.

Generar un diálogo plurinacional con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial que incluya la cuestión de las tierras antiguas y el acceso a los bienes naturales, de manera de permitirles el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios

2.2.

Implementar de buena fe con el Convenio 169 de la OIT en su conjunto, a la luz del estándar de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, incluido el reconocimiento de los derechos lingüísticos, el patrimonio cultural e intelectual, los derechos sociales y los derechos de las niñas y mujeres indígenas

2.3.

Crear, en conjunto con los pueblos originarios, una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena

2.4.

Adoptar, en consulta con los pueblos originarios, la legislación e institucionalidad que requiera la implementación de la nueva Constitución en materia indígena

2.5.

Incorporar las iniciativas autónomas de salud intercultural en el Sistema Nacional de Salud, superando el financiamiento actual basado en el DFL 36 de 1980

2.6.

Sustituir la Ley 18.314 Antiterrorista por una normativa que resguarde la vida democrática de las amenazas organizadas reales contra la vida e integridad de las personas, y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, de manera de excluir su utilización como herramienta de persecución política

2.7.

Crear una Comisión de Verdad y Esclarecimiento Histórico Intercultural que califique a víctimas concretas indígenas y no indígenas desde el retorno a la democracia, y proponga medidas de reparación integral

2.8.

Derogar el DL 701 y sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal con especies nativas, orientado a la restauración de los ecosistemas, a la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos, y en particular al bienestar de las comunidades indígenas y rurales

2.9.

Adecuar la legislación sectorial minera en materia de aguas (Código de Aguas y de Minería) y la que regula las concesiones de energía geotérmica (Ley 19.657), para garantizar los derechos de agua de las comunidades indígenas aledañas a las faenas mineras y geotérmicas

2.10.

Adecuar, en consulta con los pueblos indígenas, programas de fomento de la producción e innovación desde la CORFO e INDAP, considerando asociatividad territorial, formas de producción e intercambio propiamente indígenas, e incluyendo formación de capacidades para la negociación de convenios de asociación con capital privado en igualdad de condiciones

2.11.

Crear corredores territoriales bioculturales, con participación de los pueblos indígenas, incorporando el manejo integrado de cuencas para la gestión de las aguas

2.12.

Ajustar el reglamento de la Ley que crea los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios para fortalecer su cumplimiento irrestricto y evaluar, en conjunto con los pueblos concernidos, las modificaciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos

2.13.

Establecimiento de un sistema de cogestión con los pueblos originarios del sistema de áreas naturales protegidas, incluyendo las áreas marinas

Derechos sexuales y reproductivos

2.14.

Apoyar la demanda histórica del aborto legal, libre, seguro y gratuito, superando la criminalización y poniendo la decisión de la persona gestante en el centro

2.15

Garantizar el acceso a la anticoncepción en la atención de salud primaria (APS)

2.16.

Ingresar un proyecto de ley para un modelo de Educación Sexual Integral, inclusiva y no sexista que construya un futuro sin violencia

2.17.

Promover una ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación de salud garantizada, dotando a los centros de salud de métodos recomendados de evaluación uternia (mifepristona, misoprostol y AMEU)

2.18.

Complementar el apoyo con una reforma al reglamento de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales y al protocolo de objeción de conciencia, limitando diversos aspectos, entre ellos, eliminando la objeción de conciencia institucional, para que no sea una obstrucción en el acceso de las usuarias en cuando se apruebe la legalización del aborto

2.19.

Impulsar y reformar el currículum profesional y técnico del personal involucrado en el proceso

2.20.

Incluir métodos de contención menstrual y dispensadores de anticonceptivos de barrera interna y externa en todos los Cesfam y establecimientos educacionales del país

2.21.

Crear un protocolo para mujeres privadas de libertad en términos de derechos sexuales

2.22.

Patrocinar y actualizar leyes tales como la Ley Adriana de violencia ginecoobstétrica, la Ley 20.209 de Discriminación de Género para que incluya el proceso perinatal y la Ley Dominga para potenciar el apoyo al duelo gestacional. El duelo en el puerperio y el acompañamiento en casos de interrupción voluntaria del embarazo

2.23.

Presentar un proyecto de ley que regule las técnicas de reproducción asistida como parte de la planificación familiar, promoviendo su acceso a la diversidad de familias que existen en Chile

2.24.

A través de una Estrategia intersectorial de ciudadanía sexual promueven la igualdad en el ejercicio de derechos, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales para un Estado democrático y el ejercicio de la ciudadanía

2.25.

Contribuir a modificar los patrones socioculturales que están en la base de la discriminación por motivos de género en el ámbito de la sexualidad

2.26.

Promover relaciones libres de discriminación y violencia

2.27.

Participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas en materias de sexualidad, diversidad y género

2.28.

Garantizar la atención en servicios del Estado libres de toda forma de discriminación sexual y de género

2.29.

Crear directivas y normativas para la actuación con perspectiva de género de los órganos del Estado

2.30.

La estrategia será propuesta por el Consejo para la Ciudadanía Sexual, que convocará a organizaciones de la sociedad civil, académicas y científicas y estará operativamente a cargo de la Secretaría General de la Presidencia

Reconocimiento de las identidades

2.31.

Modificar la ley de identidad de género para permitir el cambio de nombre y sexo registral a menores de 14 años y establecer el procedimiento administrativo como normal general

2.32.

Reconoceremos en el documento de identificación identidades por fuera del binarismo de género (carnet no binario)

2.33.

Establecer mecanismos de actualización de información entre instituciones públicas y organismos privados que manejen datos personales cuando existan cambios registrales de identidad

2.34.

Repondremos inmediatamente las variables de diversidad sexual y género en la encuesta CASEN, e integraremos estas variables en el próximo CENSO

2.35.

Mesa de trabajo entre sector público, organizaciones sociales y colegios profesionales pertinentes, para revisión de normativa vigente y derogación o actualización de normativa discriminatoria, además de la creación de orientaciones técnicas en todos los programas de atención de la ciudadanía

Inclusión y discapacidad

2.36.

Creación del Sistema Nacional de Ayudas Técnicas (AATT)

2.37.

Avanzar en la universalidad entendiendo las AATT como elementos esenciales para la vida de personas con y sin discapacidad y para la prevención de la dependencia

2.38.

Articular los actuales programas que hoy entregan AATT eficientando la compra, los procesos de entrega/instalación e incorporando un nivel de gestión y operación local que permita la recuperación de AATT que no estén en uso, su mantención, reparación y redistribución a usuarios para su reutilización en los casos en que sea posible

2.39.

Modificar el financiamiento asociado a todas las modalidades de educación especial, asegurando que se entregue en función de los apoyos necesarios para una educación integral e inclusiva y no de la matrícula o asistencia

2.40.

Avanzar en la transversalidad de enfoque en torno a la discapacidad y poner fin a la interdicción 

2.41.

Crear un Sistema Nacional de Apoyos Públicos que garantice la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad que lo requieran

2.42.

Modernizar la actual institucionalidad en discapacidad para dotarla de mayor relevancia y capacidad de coordinación

2.43.

Política y programa especial para aumentar el acceso a empleo para mujeres con discapacidad

2.44.

Actualizar una Ley de Inclusión Laboral que aumente la cuota de personas con discapacidad en puestos de trabajo, mejore las competencias de la Dirección del Trabajo en el monitoreo del cumplimiento de la ley y siente las bases para la creación de un Sistema Integrado de Formación y Capacitación Laboral que aborde las necesidades de la población con discapacidad

2.45.

Acceso a la salud general y rehabilitación

2.46.

Mejorar la cobertura para atenciones y también la accesibilidad al examen de medicina preventiva del adulto y el examen de medicina preventiva del adulto mayor, así como atenciones de salud oral, reproductiva y sexual

2.47.

Proponer énfasis en disminuir brechas profesionales de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional en rehabilitación de adultos en la Atención Primaria de Salud

2.48.

Reconocer los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas

2.49.

Materializar la Ley 21.303 mediante un reglamento y políticas que garanticen una educación inclusiva, intercultural y multilingüe

2.50.

Promover el acceso a información y actividades en diferentes ámbitos de la vida a través de la lengua de señas chilena

Migración y política migratoria

2.51.

Entender la migración como un fenómeno constitutivo de la sociedad y asumirla como parte del proceso histórico construido de forma colectiva

2.52.

Mantener condiciones de control de frontera que eviten la migración irregular a través del combate a las redes de trata y tráfico de personas, y mediante mecanismos de empadronamiento y evaluación de la situación de quienes a pesar de los controles ingresen clandestinamente

2.53.

Quienes hayan cometido delitos graves o tengan antecedentes penales no podrán permanecer en el país

2.54.

Base de la política de migración en el enfoque de derechos humanos, lo que implica un compromiso firme con la ratificación y seguimiento de acuerdos internacionales garantes de los derechos de personas migrantes y refugiadas bajo el enfoque de seguridad migratoria

2.55.

Enfoque de interculturalidad como condición transversal de las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la salud y la educación. 

2.56.

Modificar programas existentes y sentar las bases para impulsar programas que consideren la interculturalidad como principio y práctica

2.57.

Enfoque territorial donde el Estado cumple un rol esencial en crear las condiciones para que las tensiones inherentes a la migración no deriven en conflicto, violencia o incremento de vulnerabilidad

2.58.

Apoyo a las comunidades y territorios de recepción como algo esencial

2.59.

Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y regionales para enfrentar la llegada y asentamiento de colectivos migrantes asegurando el bienestar de las comunidades receptoras

2.60.

Firmar el Pacto de Marrakech por una migración segura, ordenada y regular e iniciar un proceso de revisión de las actuales normativas en Chile para adecuarlas a dicho instrumento

2.61.

Velar por una correcta implementación del Servicio Nacional de Migración en cada una de las regiones, promoviendo descentralizadamente la formación de sus funcionarios en derechos humanos, interculturalidad, el derecho al asilo y la no discriminación

2.62.

Garantizar y ampliar los derechos políticos de chilenas y chilenos residentes en el extranjero, resguardando la protección frente a vulneraciones de sus derechos sociales y civiles, fortaleciendo su vinculación con consulados y otros servicios del Estado y creando condiciones para que puedan retornar al país, cuando así lo deseen

2.63.

Desarrollar acciones nacionales, bilaterales y multilaterales para enfrentar la multidimensionalidad de las crisis humanitarias que ocurren en la región y su correlato en los procesos de migración masiva y de refugio

2.64.

Propuesta para realizar un empadronamiento de las personas que se encuentren en situación de irregularidad para iniciar una evaluación de cada caso, atendiendo las necesidades y capacidad de los mercados de trabajo locales y los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de refugio y protección de la infancia

Participación ciudadana

2.65.

Reforzar la legislación vigente sobre participación ciudadana, especialmente la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública

2.66.

Reforzar la obligatoriedad de la constitución y el buen funcionamiento de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC). Extender su alcance a los gobiernos regionales y a los demás poderes del Estado

2.67.

Mejorar la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias para empoderarlas y así aumentar su incidencia en los asuntos públicos de sus territorios

2.68.

Reforzar la educación para la ciudadanía, profundizando los lineamientos contenidos en la Ley 20.911, con el fin de fortalecer la cultura participativa en el país

2.69.

Mecanismos accesibles de formación ciudadana deberán estar disponibles también para dirigencias sociales y la ciudadanía promoviendo la solidaridad, cooperación y el interés por el bien común

2.70.

Revisión, con participación de niñas, niños y adolescentes, la normativa general y sectorial, para garantizar su participación efectiva, el derecho a ser oído y su acceso a la información en distintas fases, poderes del Estado, instrumentos y temáticas de las políticas públicas a nivel nacional, regional y local

2.71.

Impulso a la creación e incidencia de los centros de estudiantes en las decisiones de sus comunidades educativas

2.72.

Promoción de los derechos de la niñez, desde los medios masivos de comunicación, plataformas de medios sociales, a nivel comunitario y escolar con el fin de aumentar el reconocimiento sobre el enfoque de derechos por parte de toda la sociedad

Estado Laico

2.73.

Proponer un Estado Laico que consagre la libertad religiosa, de creencias y espiritualidades, al tiempo que garantiza su efectivo goce a través de leyes, normas, políticas y programas

2.74.

Impulsar medidas orientadas a garantizar la no-discriminación por razones de credo, religión o espiritualidad que aseguran la laicidad y una verdadera separación Iglesia-Estado

2.75.

Perfeccionar la Ley de Libertad de Culto en un proceso participativo que incluya a todas las tradiciones religiosas y espirituales del país, garantizando la igualdad jurídica entre ellas y terminando estructuras que establezcan privilegios a ciertos credos

Derechos de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia

2.76.

Presentar una Ley Integral contra la Violencia a la Niñez que ajuste la legislación para la protección efectiva de la niñez contra toda forma de violencia, ya sea familiar, social, digital o estatal. Esta ley considerará mecanismos efectivos de prevención y coordinación entre instituciones para la detección temprana, la denuncia, la derivación y la reparación

2.77.

Terminar con la lógica del SENAME, derogando la actual ley de subvenciones para pasar a un sistema de financiamiento estable de red de instituciones de calidad

2.78.

Reformular la ley de adopción para fortalecer el cuidado alternativo, potenciando las familias de acogida, poniendo a niños y niñas en el centro y evitando la sobreintervención

2.79.

Apoyar desde el gobierno la aprobación de la ley de derechos filiativos e impulsar su adecuada implementación para garantizar la protección y reconocimiento de las familias homo, trans y lesbomaternales

2.80.

Confirmar una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para todas aquellas víctimas de violaciones de sus derechos que hayan pasado por la custodia del Estado y entornos institucionales

2.81.

La Ley Integral contra la Violencia a la Niñez los reconocerá como víctimas de violencia machista, en particular de violencia vicaria, que es la violencia que los maltratadores ejercen en las y los hijos para dañar a las madres

2.82.

Implementar un programa integral de reparación dirigido a la niñez mapuche víctima de violencia estatal asociada al conflicto territorial

Violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales

2.83.

Reconocer la violencia contra las mujeres como un problema estructural que debe ser abordado interseccional, intersectorial e integralmente

2.84.

Impulsar una Ley Integral de Violencia de Género que aborde la violencia más allá del actual concepto "intrafamiliar", que cumpla con los estándares de la Convención de Belém do Pará y armonice las herramientas jurídicas para la erradicación, investigación, sanción y reparación de la violencia

2.85.

Proponer un plan de expansión progresiva en toda la red de servicios para las víctimas de violencia intrafamiliar, la cual contará con dotación suficiente para la atención integral

2.86.

Crear casas de acogida para personas LGBTIAQ+ que sufran situaciones de violencia

2.87.

Fortalecer el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, para que sea más activo en educar contra toda discriminación y combatir la violencia de género y capacitar a todos los funcionarios del Estado para erradicar todo tipo de violencia y discriminación de género

2.88.

Generar una comisión especial contra la violencia político-sexual, con los estándares del Mecanismo de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

2.89.

Ratificar el Convenio 190 de la OIT para la erradicación de todas las formas de violencia y acoso en el trabajo

2.90.

Impulsar una ley para la formación obligatoria de todos los funcionarios del Estado en perspectiva de género de la función pública, lo que contribuirá a erradicar la violencia institucional de género

3. Justicia

Mejorar acceso a la justicia a todas las personas

3.1.

Fortalecer la asistencia jurídica y judicial profesional y de calidad a quienes no tienen los recursos para financiarlos por sí mismos, dotando, en el intertanto, de personal estable adicional en las Corporaciones de Asistencia Judicial

3.2.

Impulsar políticas de promoción de derechos que permitan el empoderamiento de las personas para el efectivo ejercicio de ellos

3.3.

Presentar las indicaciones necesarias al Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos 

3.4.

Evaluar la necesidad de fortalecer a Unidades Víctimas y Testigos de las fiscalías, entre otras medidas

3.5.

Avanzar en una reforma del sistema notarial y registral, que modernice los mismos y que los sujete a estrictos criterios de transparencia y probidad

3.6.

Estudiar medidas para mejorar los juzgados de policía local y evitar las desigualdades que hoy se generan por las distintas capacidades económicas de los municipios

Reformas al Sistema Penitenciario

3.7.

Impulsar la dictación de una Ley de Ejecución de Penas, para que la regulación de las penas privativas de libertad tenga rango legal y su cumplimiento pueda ser controlado de forma efectiva por los tribunales de justicia. Esto permitirá mejorar la protección jurídica de las personas privadas de libertad, poner fin a la actual dispersión normativa y tener un sistema orgánico y coherente con enfoque de derechos humanos

3.8.

Mejorar las condiciones materiales de las cárceles

3.9.

Combatir el hacinamiento y las malas condiciones de higiene y salubridad. Esto incluye el mejoramiento de las condiciones laborales de las y los funcionarios de Gendarmería

3.10.

Incorporar el enfoque de género, promoviendo la aprobación de la Ley Sayén, para postergar el cumplimiento de penas privativas de libertad y la improcedencia de la prisión preventiva para mujeres embarazadas o que tengan hijos menores a los 3 años

3.11.

Terminar con las secciones materno infantiles en cárceles, que actualmente alojan a niños y niñas hasta 2 años

3.12.

Aumento de la dotación de técnicos y profesionales de las áreas técnicas y de salud de las unidades penales

3.13.

Ampliar y mejorar las oportunidades de educación para adultos y capacitación, promoviendo la reinserción social efectiva y la disminución de la reincidencia

3.14.

Garantizar y materializar el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad a quienes no se les ha suspendido

Agenda antiabusos y protección del consumidor

3.15.

Fortalecer la institucionalidad en materia de persecución de abusos empresariales y delitos como la corrupción a través de la extensión de la figura de la delación compensada y el denunciante anónimo

3.16.

Eliminar el monopolio administrativo en el ejercicio de la acción penal para delitos graves en materia tributaria, legislación electoras, de libre competencia y otras

3.17.

Establecer reglas de coordinación entre los entes adminstrativos y penales para que los casos que una institución conoce puedan ser conocidos mediante la misma prueba por otras

3.18.

Focalizar esfuerzos en la prevención a través de un modelo de cumplimiento normativo forzoso para empresas cuyos incumplimientos sean sistemáticos y demuestren una deficiente cultura corporativa

3.19.

Propuesta de modernización de los delitos y sistema de penas y sanciones asociadas a la criminalidad económica

3.20.

Endurecer las sanciones frente a infracciones normativas de las empresas

3.21.

Fortalecer las competencias de la Unidad de Análisis Financiero

3.22.

Eliminar los obstáculos para que el SERNAC y organizaciones de consumidores puedan ejercer acciones judiciales en contra de agentes económicos que se desenvuelven en sectores regulados por leyes especiales. Se dotará a este organismo de mayores recursos y atribuciones, y se fomentará una mayor coordinación entre los organismos sectoriales y el SERNAC, a fin de que se detecten y sancionen efectivamente las infracciones en materia de protección al consumidor, y no queden en un "limbo normativo" en que ninguna autoridad se hace cargo

3.23.

Corregir asimetrías que existen en el mercado financiero

3.24.

Fortalecer la institucionalidad y regulación en materia de consumo financiero, sistematizando la normativa existente y robusteciendo ampliamente las competencias del SERNAC al respecto

3.25.

Avanzar en establecer equidad en la distribución de los costos asociados a las operaciones de crédito, regulando también los espacios de arbitrariedad

3.26.

Proponer la eliminación del traspaso automático y permitido por ley de la cobranza extrajudicial e incluso a veces la judicial, al consumidor. Estos gastos, así como cualquier otro perjuicio que el acreedor sufra debe ser acreditado ante Tribunales para ser "compensados", como es la regla general en materia civil

3.27.

Regular estrictamente las cláusulas de aceleración, que son aquellas que le permiten a los acreedores cobrar el total de la deuda por el atraso de una sola cuota

3.28.

Avanzar hacia un mecanismo ordenado de cobranza para las personas y las mipymes que considere la capacidad económica y/o patrimonio efectivo de los deudores

3.29.

Modificar sustantivamente la ley de insolvencia, en particular la que dice relación con la quiebra personal para que a través de este instrumento -u otro que pueda perfeccionarse- se permita el cumplimiento de las obligaciones pero de manera ordenada y no abusiva

4. Un nuevo Estado democrático y moderno

Recursos deben ser objeto de un control adecuado del gasto

4.1.

Estudiar reformas para que los cargos de planta sean llenados por concursos periódicos de oposición anónimos para seleccionar a las personas que cumplen requisitos habilitantes de formación idónea bajo los principios de profesionalismo, integridad, paridad de género y respeto de la diversidad

4.2.

El sistema de calificaciones individuales incluirá indicadores objetivos y se combinará con calificaciones por equipos de trabajo en función de las metas, reformándose el sistema de Programas de Mejoramiento de la Gestión

4.3.

Ministras y ministros y otros directivos tendrán un límite en sus equipos de apoyo de confianza

4.4.

Avanzar en el reconocimiento de los derechos colectivos de trabajadoras y trabajadores del sector público, que se sintetizan en el concepto de libertad sindical

4.5.

Revisar las categorías de planta, contrata y honorarios en el sector, con el compromiso de que las personas a honorarios se ajusten a las disposiciones legales de los trabajos esporádicos, reconociendo así los derechos laborales y previsionales de miles de trabajadores del Estado

4.6.

Compromiso a terminar con cualquier práctica de acoso o persecución dentro del Estado, ya sea por raza, género o ideología

Compras públicas

4.7.

Plantear una reforma al sistema para optimizar la competencia y eficiencia en las compras públicas, mediante un proceso que sea óptimo, eficiente y transparente. Así se fortalecen los sistemas preventivos y sancionatorios de actos de corrupción y faltas a la probidad

4.8.

Dotar a ChileCompra de facultades normativas

4.9.

Mejorar el sistema de fiscalización

4.10.

Ampliar el Tribunal de Contratación Pública reforzando su estructura orgánica y presupuesto

4.11.

Avanzar hacia una digitalización total del sistema de compras públicas

4.12.

Los organismos públicos deben planificar la compra y gestionar los contratos de licitaciones públicas, convenios macro y tratos directos, para disminuir al máximo los espacios de corrupción dentro del sistema

4.13.

Impulsar un registro de las personas jurídicas de los beneficiarios finales, para identificar si el mismo grupo empresarial oferta más de una vez en una compra pública con distintas razones sociales, lo que permite alterar de manera artificial el resultado de la licitación en beneficio de ese ofertante

4.14.

Promover que el Estado avance hacia el uso de software libre o no licenciado, generando por un lado ahorros derivados de la compra a gran escala de licencias, y por otro dotándonos de autonomía tecnológica y facilidades para adaptar el gobierno a las necesidades de la ciudadanía

Transparencia y ley de lobby

4.15.

Promover la mayor difusión y promoción del principio de transparencia, del derecho al acceso a la información y del rol del Consejo para la Transparencia (CPLT) como órgano garante, con enfoque de género y fortaleciendo la orgánica del Ejecutivo encargada de la formación permanente para los equipos y profesionales encargados de transparencia en todo el país

4.16.

Apoyar a los gobiernos locales en la implementación de mejores políticas de transparencia

4.17.

Buscar la modernización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dotando de mayor autonomía al Consejo para la Transparencia, terminando con los nombramientos políticos de las consejeras y consejeros, resguardando que no tengan conflictos de intereses y aplicando el sistema de ADP y la vinculación con el mundo académico

4.18.

Aumentar la composición del Consejo para la Transparencia a un número impar, además de dedicación exclusiva a la labor del CPLT

4.19.

Hacer un análisis técnico de la pertinencia de establecer en la Ley de Transparencia nuevas categorías de obligatoriedad de publicación

4.20.

Modernizar la Ley de Lobby, mejorándola en materia de control, involucrando no solo a las autoridades, sino al lobista y a las empresas que contratan lobby para reforzar el control social y dimsinuir los ámbitos de opacidad de este tipo de actividades

4.21.

Revisar y perfeccionar el régimen de sanciones especiales de la Ley de Lobby (Congerso, Banco Central, Ministerio Público, Poder Judicial) en caso de incumplirse las obligaciones de las autoridades involucradas, para mejorar el control y fiscalización de órganos que han visto mermada la confianza ciudadana sobre su quehacer

4.22.

Reimpulsar un proyecto de ley para una Ficha Limpia de Candidatos

Un gobierno Feminista

4.23.

Incorporar una perspectiva feminista transversal en el gobierno

4.24.

Gabinete paritario y todos los directorios de las empresas públicas por nombrar también lo serán

4.25.

Fortalecer la capacidad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para promover la incorporación de una perspectiva de género, en cumplimiento de su rol rector de velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, y su incorporación en forma transversal en la actuación del Estado

4.26.

Abrir un departamento de transversalización y transferencia de capacidades. Aumentar los recursos humanos y presupuestarios para darle mayor categoría social, política y mayor incidencia

Descentralización y Gobiernos Regionales

4.27.

Enviar un proyecto de ley para eliminar la figura del delegado presidencial

4.28.

Profundizar la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales de forma consensuada entre niveles procurando la equidad territorial y que el proceso incorpore recursos permanentes y asistencia técnica para una efectiva implementación de las competencias

4.29.

Implementar un Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial, que permita el vínculo y coordinación efectiva entre niveles regionales, intercomunales, comunales y barriales

4.30.

Fortalecer los Gobiernos Regionales como actor principal de planificación de los programas de vivienda y territorio, entregándoles las competencias para colaborar en la adquisición de suelos y gestión de la vivienda pública

4.31.

Fortalecer a los Gobiernos Regionales en el ámbito de la regulación y planificación medioambiental

4.32.

Legislar para que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental sea presidida por los y las Gobernadores Regionales. Ellos serán los que tendrán las mayores potestades en la entrega de las Resoluciones de Calificación Ambiental

4.33.

Convocar un proceso de elaboración de un proyecto de Ley de Rentas Regionales para avanzar en autonomía financiera y equidad territorial

4.34.

Fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el rediseño de sus criterios de distribución incorporando un aporte basal para el desarrollo territorial

4.35.

Generación de un Fondo de Equidad Territorial, adicional y complementario al FNDR, con foco en las zonas rezagadas, las zonas extremas y la vulnerabilidad socio-ecológica

4.36.

Impulsar la creación de instrumentos de participación en múltiples instancias, incluyendo la aprobación de las estrategias de desarrollo regional y el diseño e implementación de instrumentos de planificación y desarrollo local y regional

4.37.

Fortalecer a las unidades vecinales como piedra inicial de la planificación urbana

4.38.

Fortalecer la prensa local, libre e independiente

4.39.

Desarrollo progresivo de un sistema de parques científicos-tecnológicos y clústeres industriales en las macrozonas norte, centro-sur y sur del país, fomentando dichos ecosistemas en sus territorios

Poder local y municipios

4.40.

Promover y fortalecer la creación de empresas municipales para proveer productos, bienes y servicios que representan derechos sociales, como es el acceso a la electricidad, agua, internet y otros cuya ausencia, elevados costos o externalidades negativas de la operación perjudican a la comunidad

4.41.

Mayores subsidios fiscales a las "inmobiliarias populares" para la construcción de viviendas públicas de carácter masivo

4.42.

Promover la regularización normativa del suelo para propiciar sectores que favorezcan la construcción de viviendas sociales y viviendas transitorias entregadas en arriendo a precio justo

4.43.

Compromiso a promover la regularización normativa del suelo para propiciar sectores que favorezcan la construcción de viviendas sociales y viviendas transitorias entregadas en arriendo a precio justo

4.44.

Proveer financiamiento para la construcción, operación y funcionamiento de farmacias populares y también la creación de universidades abiertas, institutos profesionales y centros de formación técnica en todas las regiones del país, utilizando las instalaciones de los establecimientos municipales o traspasados a los Servicios Locales de Educación de cada comuna

4.45.

Permitir el uso de toda la comunidad de las escuelas municipales o administradas por los Servicios Locales de Educación, con el propósito de construir un proyecto educativo y cultural que surja de las mismas posibilidades de la comunidad

4.46.

Fortalecimiento de la participación en la gestión municipal

4.47.

Establecer espacios de monitoreo y rendición de cuentas de los instrumentos de gestión municipal por parte de la comunidad, el COSOC, el concejo municipal y otros grupos organizados, de manera de aportar al equilibrio de poder efectivo entre la comunidad, el concejo municipal y la alcaldía

4.48.

Mejorar la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias para dotarlas de real incidencia en los asuntos públicos de sus territorios

4.49.

Seguir la legislación que avanza en paridad de género en los concejos municipales y regionales

4.50.

Promover legislación para agregar representantes de pueblos originarios como concejales supranumerarios según su proporción en la población comunal

4.51.

Enviar un proyecto de ley de reforma del financiamiento municipal en donde se aumente el aporte fiscal al Fondo Común Municipal en más de un 100% y se permita la capacidad de endeudarse hasta en un 10% de los ingresos totales por un periodo o más, con la aprobación del Concejo Municipal y el COSOC, con el fin exclusivo de financiar proyectos de inversión orientados al desarrollo comuna, con garantía estatal

4.52.

Trabajar en una serie de reasignaciones presupuestarias, con el objetivo de lograr que ningún municipio reciba menos de $300.000 per cápita

4.53.

Modificar el artículo 121 de la constitución para permitir que los gobiernos locales puedan gestionar de manera autónoma la dotación de recursos humanos requerida, teniendo como base el PLADECO actualizado y definiendo la organización, cargos, perfiles y remuneración de acuerdo a las condiciones de cada municipio, en un marco de respeto de los derechos de las y los funcionarios municipales, una vez en cada periodo y con aprobación del Concejo Municipal

4.54.

Promover una reforma al funcionamiento de las Corporaciones Municipales, no solo en términos de sus recursos públicos, sino también en la transparencia de donaciones privadas

4.55.

Promover la gestión de Gobierno Abierto a nivel municipal considerando un mayor control ciudadano sobre los recursos municipales y el proceso presupuestario

4.56.

Fortalecer políticas de prevención de la corrupción a nivel local, evaluando cambios a las facultades de la Contraloria en materia de fiscalización

Seguridad ciudadana, prevención del delito y refundación de policías

4.57.

Creación del Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, serán dependientes de este ministerio las policías, Agencia Nacional de Inteligencia, Sistema Nacional de Emergencia, Protección Civil, Programas de Prevención del delito, SENDA

4.58.

Los gobiernos regionales tendrán a su cargo la elaboración de los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana (PRSC), en coordinación con los gobiernos locales, y sus respectivos Planes Comunales de Seguridad Pública

4.59.

Transferencia de potestades relativas a la seguridad pública y ciudadana de los Delegados Presidenciales al Gobernador Regional

4.60.

Modificar la Ley 20.965 para ampliar las facultades de las alcaldías para la gestión de la seguridad ciudadana

4.61.

Redefinir las métricas utilizadas para la identificación de los territorios donde se invertirá prioritariamente en iniciativas preventivas y de control

4.62.

Eliminar de la concursabilidad aquellos fondos destinados al financiamiento de la seguridad ciudadana local y trabajar con los municipios para la generación de estructuras de financiamiento rigurosas y basadas en necesidad

4.63.

Fortalecer y financiar la unidad de mediación comunitaria que despliegue capacidades a escala regional y local y apoye a la ciudadanía en la prevención y gestión de conflictos vecinales y comunitarios

4.64.

Incorporación de criterios de seguridad en los planes, la política e infraestructura urbana para la prevención situacional del delito y la violencia contra de las mujeres y/o motivadas por cuestiones de género

4.65.

Refundar las policías de manera progresiva con ejes centrales en el control civil sobre la actividad policial, la descentralización de las políticas de prevención, otorgar más atribuciones a los gobernadores y alcaldes, fin de la duplicidad de funciones entre cuerpos policiales, de la estructura militarizada y de la autonomía institucional con que gozan en la práctica

4.66.

Los procesos de formación para todas las instituciones dependerán del Gobierno central y estarán diferenciadas en sus funciones, no obstante, existirán planes conjuntos, como el de DDHH, que aseguren que todo el personal operativo cuenta con un estándar único

4.67.

Política de persecución penal eficiente del narcotráfico, focalizada en la investigación y el desbaratamiento de las grandes bandas que actúan en el país

4.68.

Actuación del sistema de inteligencia del Estado con una nueva arquitectura que permita la integración real de las distintas agencias y unidades de inteligencia bajo el mando y control de una agencia civil con capacidades operativas autónomas

4.69.

Mejoramiento de las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero, integrándola como uno de los actores claves del sistema de Inteligencia del Estado para perseguir el lavado de activos y cortal el flujo económico del crimen organizado

4.70.

Extender la hipótesis de comiso de especies, para facilitar la persecución económica del negocio del crimen organizado, agregando la posibilidad de decomisar bienes de igual valor al generado por la actividad ilícita

4.71.

La trata de personas debe ser investigada y priorizada en la lucha contra la criminalidad organizada

4.72.

Enfrentar el tráfico de migrantes con respuestas regionales y priorización nacional

4.73.

Compromiso a trabajar en la investigación que permita desbaratar los mercados ilegales de tráfico de personas presentes en todo el territorio nacional

4.74.

Legislar una nueva Ley de Drogas que no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios, distinguiendo entre el microtráfico y el tráfico de estupefacientes

4.75.

Realizar un cambio en la forma de enfrentar el problema del consumo de marihuana, adoptando un enfoque de prevención y reducción del daño

4.76.

Facilitar el acceso a prestaciones de salud y rehabilitación para consumidores

4.77.

Programa de oportunidades que provean a la ciudadanía y la opinión pública de información científica, desprejuiciada y con un lenguaje claro

4.78.

Generar una oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas, que promueven la integración social y fomenten el desarrollo integral de niños y jóvenes, con enfoque en reducción de riesgos y control de daños

4.79.

Buscar generar mecanismos que reduzcan el espacio del mercado informal de marihuana

4.80.

Generar mecanismos integrales de prevención del consumo, como de cesación y rehabilitación, especialmente en la protección de grupos de riesgo, en especial niños, niñas y adolescentes

4.81.

Analizar cambios a la Ley 20.000 para que el consumo recreacional de la cannabis sea legal para mayores de edad

4.82.

Fortalecer programas de rehabilitación y salud mental 

4.83.

Disminuir actual consumo de drogas de la población, con especial énfasis en adolescentes

4.84.

Profesionalizar el marco de acción policial en el crimen organizado, cualificando al personal y coordinando las tareas de las distintas policías, en el sentido de combinar las distintas dimensiones de aquellas para la identificación y ataque de redes de narcotráfico

Defensa Nacional y Fuerzas Armadas

4.85.

Aumentar el control para garantizar la probidad y transparencia de las FFAA

4.86.

Fortalecer la institucionalidad civil de la defensa para la gestión del cambio

4.87.

Construir una cultura institucional que valore la diversidad y promueva el respeto de los derechos humanos

4.88.

Fortalecer el control civil sobre el financiamiento y ejecución presupuestaria de las FFAA otorgando mayores atribuciones de auditoria, supervisión y fiscalización al Ministerio de Defensa, al Congreso Nacional y a la Contraloria General de la República

4.89.

Enviar al congreso el proyecto de Ley para la creación de una agencia civil de compras y adquisiciones militares

4.90.

Incrementar mecanismos de control democrático en el Congreso y la Contraloria en materias políticas y administrativas

4.91.

Eliminar los pisos mínimos consagrados en el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y en el Fondo de Contingencia Estratégico establecidos por la Ley 21.174

4.92.

Terminar con el secreto de las juntas de selección y apelación, consagrado en el artículo 26 de la Ley Orgánica Constitucional de las FFAA

4.93.

Reformar el régimen administrativo diferenciado de gestión documental de la información, en relación con el resto de la Administración del Estado, que se contiene en el Decreto con Fuerza Ley 5200 de 1929, resguardando solo documentos calificados como secretos, siendo la generalidad de ellos traspasados al Archivo Nacional

4.94.

Avanzar en las reformas pendientes en materia de justicia militar, restringiendo esta jurisdicción solo a delitos estrictamente de carácter militar cometidos por militares

4.95.

Elaboración participativa de una nueva Política de Defensa Nacional para el período

4.96.

Estimular la coordinación intersectorial y la participación de gobiernos regionales y la sociedad civil organizada en su formulación

4.97.

Revisión de la Ley 20.424 Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, y la Ley 18.948 orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, tanto para ajustarlas a las eventuales definiciones constitucionales, como para aumentar las capacidades de dirección, mando y control de las autoridades civiles de la defensa, institucionalizando el proceso de carácter conjunto y desarrollando una carrera funcionaria adecuada para su ejecución

4.98.

Dotar al Jefe de Estado Mayor Conjunto de Jerarquía y autoridad superior a los Comandantes en Jefe Institucionales, asumenti además, el mando superior y la conducción estratégica de las FFAA también en tiempos de paz, con el propósito de fortalecer y desarrollar la doctrina conjunta de la fuerza en todos sus niveles

4.99.

Diseñar un plan curricular conjunto para las escuelas de Estado Mayor, las cuales deben incorporar la participación de civiles para su involucramiento profesional en el Estado Mayor Conjunto y la planificación secundaria de la Defensa

4.100.

Fortalecer y desarrollar la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de proporcionar asesoría directa al Presidente de la República en asuntos estratégicos, entre ellos; contribuir a la consolidación de la zona de paz regional mediante la promoción de la reconstrucción del regionalismo multilateral para la cooperación en materia de seguridad y defensa

4.101.

Modificar la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, los proyectos aducativos institucionales y sus respectivos planes curriculares que deben ser autorizados por el Ministerio de Defensa en consulta con el Ministerio de Educación para que incorporen una perspectiva de género y de DDHH, dando forma a un perfil de egreso básico y común, promoviendo una cultura de DDHH presente en toda la carrera militar

4.102.

Reformar la Ley 18.948 para que el Ministerio de Defensa deba fiscalizar y validad los proceso de selección en las escuelas matrices

4.103.

Revisar las condiciones de acceso y financiamiento en la educación militar, con el propósito de eliminar las exclusiones derivadas de las brechas socioeconómicas entre escalafones

4.104.

Fortalecer las políticas de inclusión desde una perspectiva de género, de diversidad sexual, étnica y socioeconómica, no solo en las FFAA sino también en el Ministerio de Defensa

4.105.

Asegurar protocolos de género que aborden la violencia de género al interior de las FFAA y reconocer medidas que eviten la revictimización, en el marco de una institucionalidad que vele por la sanción y reparación frente a los actos de discriminación

4.106.

Abordar el desafío de que las FFAA logren planificar sus operaciones, tanto en temas de ayuda humantiaria, como las estrictamente castrenses, con enfoque de género, implementando la resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad

Política exterior y relaciones internacionales

4.107.

Política exterior promotora del multilateralismo

4.108.

Promover agendas de futuro en base a una vocación latinoamericanista desde el sur global, respetuosa de los derechos humanos, del derecho internacional, de la cooperación, de los tratados internacionales y la sustentabilidad

4.109.

La integración y cooperación regional se basará en aspectos económicos, sociales y culturales, bajo criterios de reciprocidad y solidaridad, para propender a una buena convivencia entre países

4.110.

Fortalecer redes bilaterlaes, multilaterales y globales

4.111.

Promover mecanismos de concentración regional es clave para brindar mayor dinamismo a la política exterior, fortaleciendo las cadenas regionales de valor, la diplomacia subnacional y la representación de la diversidad de culturas y naciones del país

4.112.

Despliegue de una diplomacia emprendedora

4.113.

Coordinación de estrategias internacionales con las de desarrollo nacional

4.114.

Potenciar la capacidad propositiva y de innovación del cuerpo diplomático y construir consensos regionales y globales ad-hoc

4.115.

Avanzar hacia una integración flexible, que incluya a todos los actores que ocupan un lugar en el sistema: estatales, no estatales, organismos internacionales, sociedad civil, plataformas académicas y científicas, mundo empresarial, etc

4.116.

Avanzar hacia una integración flexible, que incluya a todos los actores que ocupan un lugar en el sistema: estatales, no estatales, organismos internacionales, sociedad civil, plataformas académicas y científicas, mundo empresarial, etc

4.117.

Potenciar las áreas con las que Chile cuenta con ventaja comparativa, como la protección de océanos

4.118.

Estrategia comercial debe ir en directa relación con la estrategia de desarrollo sostenible, propiciando una política industrial moderna, con transferencia tecnológica e innovación, y en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible

4.119.

Proceso participativo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores para definir e implementar una Política Exterior Feminista, que tendrá como objetivo institucionalizar y transversalizar el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad

4.120.

Implementar transformaciones estructurales al interior de la Cancillería, incorporando una visión feminista a favor de la igualdad de género en las distintas dimensiones del trabajo ministerial, y diversificando los énfasis temáticos de nuestra política exterior en plataformas regionales y multilaterales

4.121.

Establecer acciones afirmativas para corregir desigualdades históricas, avanzar hacia una Cancillería paritaria, garantizar la pluralidad en los distintos espacios de incidencia política y priorizar la igualdad de género en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus representaciones en el extranjero

4.122.

Política exterior turquesa que busca transversalizar las agendas de lucha y mitigación contra la crisis climática y ecológica global y de las agendas de protección y administración del océano

4.123.

Propiciar la actualización y modernización de los tratados comercializar, para enfrentar con mejores herramientas los desafíos globales que amenazan el bienestar

4.124.

Propiciar la actualización y modernización de los tratados comercializar, para enfrentar con mejores herramientas los desafíos globales que amenazan el bienestar

4.125.

Integración y ampliación de la cobertura en programas sociales

4.126.

Se propone unificar la oferta de programas sociales a cambio de amplificar su cobertura, así se logra ampliar la cobertura de los beneficios sociales y disminuir los costos de administración que tienen esos beneficios

4.127.

Mejorar el Registro Social de Hogares a través de una evaluación para abordar sus problemas metodológicos, avanzar en integrar datos de mayor complejidad, como el endeudamiento, e integrar diferencias por zonas geográficas, con el fin de que el instrumento refleje de mejor manera la realidad chilena

4.128.

Creación de un Banco Integrado de Datos (BIN) que permita unir datos administrativos, de manera anonimizada, proveneientes de ministerios, gobiernos regionales y locales y encuestas sociales

4.129.

Fortalecer las estrategias y políticas de datos abiertos en toda la información generada por el Estado resguardando la seguridad nacional, la privacidad y protección de datos personales, con el fin de que estén disponibles para las entidades y personas que lo requieran, ya sea para labores de investigación como de fiscalización