El Plan de Gobierno tiene cuatro perspectivas transversales que recorren cada una de las propuestas hacia la búsqueda de justicia social y desconcentración del poder:

1. Feminismo
2.Transición ecológica justa
3.Descentralización
4. Garantía del trabajo decente

A su vez, el Plan identifica tres tareas principales que tiene que afrontar el país:

1.Enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria y recuperar la economía
2. Avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado, la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades
3. Promover la profundización de la democracia y cuidar el proceso de cambios

Para el cumplimiento de cada una de estas tareas, el Plan identifica estrategias y medidas concretas. 

I. Enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria y recuperación económica

1.1.

Crearemos una nueva institucionalidad para la gobernanza de la pandemia, que integre a especialistas e instituciones legitimadas de la sociedad civil, y que actúe de forma transparente y base sus decisiones en la mejor evidencia disponible, con sistemas de trazabilidad de las decisiones y rendición de cuentas. Tendrá tres niveles (político, técnico y ejecutivo), que actuarán de forma coordinada para ir ejecutando, analizando y mejorando la estrategia sanitaria para enfrentar a mediano y largo plazo la pandemia en el país.

1.2.

En línea con la experiencia internacional, frente a nuevos brotes buscaremos cortar la cadena de transmisión y el contagio comunitario con medidas sanitarias y económicas que nos permitan mantener zonas libres de covid (“zonas verdes”), en donde se mantenga la apertura de forma segura en base a criterios sanitarios.

1.3.

Fortaleceremos el seguimiento epidemiológico, profesionalizando e incorporando tecnología de punta a la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) en coordinación con la Atención Primaria de Salud (APS), tal como han hecho los países exitosos en controlar la epidemia.

1.4.

En base a la mejor evidencia disponible, definiremos un programa de vacunación con refuerzos periódicos que asegure la inmunidad poblacional para el control del Covid-19. Además, con vistas a la soberanía sanitaria iniciaremos la inversión para dotar al país de la capacidad para producir vacunas en el mediano plazo, potenciando iniciativas como las de la Universidad de Chile y la Universidad Austral de Chile.

1.5.

Mejoraremos la protección social para las personas afectadas por Covid-19 y sus contactos, dando cobertura total a los costos de la enfermedad por ISAPRE y FONASA, y cubriendo totalmente las licencias de las personas enfermas y sus contactos.

2.1

Rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino, y de los programas de cuidados que apoyen la inserción laboral de las mujeres.

2.2.

Inversión pública verde, esto es, con impactos en adaptación o mitigación de la crisis climática.

2.3.

Reactivación con las Mipymes.

3.1.

Implementaremos un Programa de Activación Educativa Integral que aborde los aprendizajes fundamentales en el orden académico, social e intrapersonal.

3.2.

Impulsaremos un Programa de Bienestar Socioemocional para comunidades educativas, con acciones colectivas para recuperar el sentido de pertenencia, seguridad y vínculo comunitario.

3.3.

Garantizaremos las condiciones sanitarias, laborales y de infraestructura para un retorno universal a actividades presenciales.

3.4.

Aplicaremos una estrategia nacional para identificar, re vincular y promover la continuidad educativa a estudiantes que hayan interrumpido durante la pandemia su trayectoria escolar o estén en situación de potencial desvinculación educativa.

3.5.

En línea con nuestro plan de Transformación Digital, ampliaremos la cobertura de Internet, el equipamiento y capacitación informática para todos los niveles educativos y daremos continuidad a iniciativas de aprendizaje no presencial a través de televisión.

II. Avanzar a una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y comunidades

1. Un nuevo modelo de desarrollo que supere nuestro estancamiento productivo y enfrente la crisis climática

1.1.

Definiremos una hoja de ruta para afrontar la crisis climática, la cuál será consagrada en la Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones.

1.2.

Comisiones de Transición Justa.

1.3.

Protección y recuperación de la biodiversidad.

1.4.

Bienestar animal.

1.5.

Promoveremos un despliegue territorial de la Política de Reducción de Riesgo de Desastre (PRRD), con enfoque preventivo, y con capacidades y financiamiento necesario para dar respuesta a la emergencia.

1.6.

Fortalecer instituciones y áreas del conocimiento.

1.7.

Orientar estratégicamente desde el Estado CTCI de largo plazo.

1.8.

Crear nuevas capacidades de investigación, innovación y emprendimiento en regiones con menor desarrollo.

1.9.

Mejorar la formación y trayectorias laborales de investigadoras, investigadores y profesionales dedicados a actividades CTCI.

1.10.

Trabajaremos de manera firme para democratizar el acceso y la apropiación a los distintos conocimientos y tecnologías, tanto a nivel de divulgación como de integración de la sociedad en todo el proceso de investigación y desarrollo que se realiza en instituciones públicas.

1.11.

Fomentar la innovación y el emprendimiento con impacto local.

1.12.

En el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, crearemos un Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial para las zonas rurales.

1.13.

Apoyaremos la investigación e innovación en el sector y fortaleceremos los programas de asistencia y transferencia tecnológica entre el Estado y sector privado y fortaleceremos el rol de los centros de investigación en nuestro país.

1.14.

Diseñaremos e implementaremos una Política y Acuerdo Nacional sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional, que fortalezca y valore la identidad de las comunidades y economías locales.

1.15.

Apoyaremos la derogación de la Ley de Pesca y promulgaremos una nueva Ley de Pesca y Acuicultura, orientada a lograr la sostenibilidad de las actividades de extracción y cultivo de especies.

1.16.

Se impulsará una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, fomentando la participación de la industria, la academia y las comunidades, promoviendo la investigación e innovación y con Plan de gobierno Apruebo Dignidad 84 protagonismo del Estado en su desarrollo.

1.17.

Entendemos que la inversión en ciencia aplicada e innovación en minería es crucial para la superación del extractivismo. Se pondrá énfasis también en investigación y desarrollo que permitan acelerar la transición hacia una minería de bajas emisiones.

1.18.

Descarbonización.

1.19.

En la dimensión del compromiso con la descentralización, vamos a fomentar cooperativas y empresas energéticas regionales con foco en un desarrollo económico local y sustentable.

1.20.

Creación de una Estrategia Nacional de Turismo Descentralizada a 10 años plazo, que busque el desarrollo de destinos turísticos.

1.21.

Diseñaremos e implementaremos una Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para la industria del turismo de Chile.

1.22.

Ejecutaremos un plan de inversiones a 4 años que abordará la instalación de infraestructura turística en diferentes espacios naturales administrados por el Estado.

1.23.

Infraestructura digital e internet como servicio básico.

1.24.

Impulsaremos una política nacional de datos.

1.25.

Buscaremos articular la política comercial con las políticas productivas, en particular con la institucionalidad de la Banca Nacional de Desarrollo.

1.26.

Implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas.

1.27.

Invertir significativamente en programas específicos de rehabilitación, fortalecimiento y creación de servicios sanitarios rurales, con foco en el bienestar de la población, vía soluciones descentralizadas que promuevan el cooperativismo y la asociatividad.

1.28.

Hacer efectivas las competencias de fiscalización y monitoreo que tienen los diversos órganos, con un enfoque estratégico y el uso de tecnologías para detectar extracciones ilegales, aplicando todo el rigor de la ley a los infractores.

1.29.

Aplicar efectivamente todas las herramientas administrativas disponibles en un marco de escasez, para limitar o prohibir usos, o establecer derechos provisionales priorizando el consumo humano, en el marco de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales vigente.

1.30.

Crear una política con enfoque de género para el acompañamiento técnico y psicosocial de personas que habitan en zonas de extrema sequía y falta de agua.

1.31.

Colaborar con los gobiernos regionales y las municipalidades para fomentar programas de saneamiento rural.

1.32.

Crear un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que materialice la implementación de un nuevo modelo sistémico de gestión en sintonía con la naturaleza, según lo que establezca la Convención Constitucional.

1.33.

Crear un organismo rector que unifique, dirija y coordine las competencias del Estado en materia de aguas en sus distintos niveles, bajo un enfoque de gobernanza democrática y participativa, para una gestión integrada a nivel nacional, regional y territorial por cuencas.

1.34.

Para asegurar la robustez, resiliencia y capacidad de adaptación, incorporaremos criterios de enfoque de cuenca y el nexo agua-energía-alimentos a las inversiones que se

1.35.

Para asegurar la robustez, resiliencia y capacidad de adaptación, incorporaremos criterios de enfoque de cuenca y el nexo agua-energía-alimentos a las inversiones que se materialicen en el marco de la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática y de las obras de infraestructura pública verde como parte del Plan de Reactivación Económica.

1.36.

En línea con nuestro programa de crisis climática, fortaleceremos la política de protección de biodiversidad y ecosistemas, con énfasis en la protección y restauración del ciclo hidrológico: glaciares, bosques, humedales, vegas, bofedales, pomponales, etc.

1.37.

Revisaremos los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales.

1.38.

Aseguraremos la calidad de las aguas, a través de la protección integral de calidad de las aguas y de la planificación y protección de suelos, en sintonía con nuestra estrategia de basura cero.

1.39.

Articularemos la investigación académica, en colaboración con centros y laboratorios existentes, y fortaleceremos los institutos tecnológicos públicos que desarrollan investigación aplicada en agua, para estudiar soluciones basadas en la naturaleza, gestión de aguas subterráneas y fortalecer el sistema de monitoreo de aguas, generando aplicaciones, tecnología y educación.

1.40.

Incorporaremos tipologías de ingreso al SEIA que contemplen efectivamente proyectos forestales y agrícolas.

1.41.

A través de los instrumentos de fomento al riego, promoveremos la diversificación de cultivos, el rescate de variedades tradicionales, el establecimiento de cultivos de bajo requerimiento hídrico y la producción de alimentos locales pertenecientes a la canasta básica de alimentos de la población nacional, para fortalecer la soberanía alimentaria.

1.42.

Incentivaremos el uso de técnicas ancestrales de pueblos originarios que han permitido garantizar la sostenibilidad agrícola, por ejemplo la “siembra y cosecha de agua”.

1.43.

Generaremos fuentes de financiamiento para apoyar iniciativas de desarrollo e investigación de técnicas o tecnologías que permitan utilizar el agua considerando de forma efectiva la protección de los ecosistemas.

1.44.

Promover una política de gestión de acuíferos que incorpore proyectos de recarga.

1.45.

Invertir –con enfoque en la reactivación sostenible– en soluciones basadas en la naturaleza que permitan no sólo restaurar ecosistemas sino asegurar el suministro de agua potable urbana y rural y mitigar el riesgo de desastres.

1.46.

Reorientar, con enfoque ecosistémico, los recursos de la Ley de Fomento al Riego en materia de riego tecnificado y obras de infraestructura gris hacia la pequeña y mediana agricultura, las comunidades agrícolas y los pueblos originarios y tribal afrodescendiente.

1.47.

Implementar un plan de gestión de embalses para priorizar el acceso al agua para consumo humano, minimizando los efectos negativos en la agricultura. El plan tendrá un enfoque de nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas que incentive la generación de acuerdos de operación equitativos.

1.48.

Asegurar el suministro en calidad, cantidad y continuidad en todas las ciudades del país, utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo la priorización del consumo humano, el reúso de aguas servidas, la desalación, terminar con las descargas de aguas residuales con tratamiento primario al mar, la mejora de sistemas de tratamiento de agua potable, la recarga de acuíferos, soluciones basadas en la naturaleza, etc.

1.49.

Proponemos un Banco Nacional de Desarrollo (BND) que funcione como un conglomerado financiero con dos empresas estatales especializadas: Un Banco especializado en créditos, con instrumentos de primer y segundo piso; y un Fondo de Financiamiento especializado en el otorgamiento de capital a empresas innovadoras, ambos con un gobierno corporativo especializado e independiente y con financiamiento adhoc a sus instrumentos.

1.50.

Implementaremos un sistema coordinado, que defina políticas públicas con estrategias claras y coherentes, de manera de disminuir y simplificar la carga regulatoria y permitir que los procedimientos sean simples y expeditos.

1.51.

Trabajaremos por eliminar las barreras de entrada que existen para la participación de las mipymes y cooperativas en distintos mercados; las ayudaremos a competir en igualdad de condiciones para que las espaldas económicas o el tamaño de la empresa no determinen el acceso a determinados mercados (condiciones de pago, apoyos en la intermediación y acceso a mercados internos y externos, entre otras).

1.52.

Proponemos la creación de una mesa Mipyme/ Gobierno, que incluya al Servicio de Impuestos Internos, para el envío, en un plazo no mayor a 1 mes, de un proyecto de ley que perfeccione la deficiente ley de pago a 30 días, que incluya tanto medidas legales como administrativas para aumentar las sanciones, así como limitar el uso del crédito fiscal IVA a empresas que no cumplan con sus obligaciones de pago.

1.53.

Vinculado con nuestra agenda antiabusos (ver más adelante), trabajaremos también por generar condiciones de mayor equidad en el funcionamiento del mercado financiero y del crédito.

1.54.

Mejoraremos la participación de pymes y cooperativas en compras públicas en todos sus niveles.

1.55.

Fomentaremos el desarrollo de ecosistemas innovadores para impulsar y acompañar la creación de emprendimientos de base científicatecnológica y su crecimiento y desarrollo, así como el fortalecimiento de scale-ups.

1.56.

Ofreceremos apoyo técnico y financiero a las redes de colaboración para el desarrollo local desde el emprendimiento y la innovación.

1.57.

Mejoraremos las condiciones de acceso a la Ley de I+D para que más empresas de menor tamaño puedan aprovechar sus beneficios.

1.58.

Incorporaremos un enfoque transversal de género en las políticas de emprendimiento, que se haga cargo de las enormes brechas que hoy existen para las mujeres en acceso a financiamiento, uso de nuevas tecnologías, informalidad, entre otras.

1.59.

Generaremos espacios de cooperación y articulación entre pymes, universidades y centros de formación técnica para el desarrollo de capacidades adecuadas a las necesidades de las pymes y los desafíos del trabajo del futuro.

1.60.

La Banca Nacional de Desarrollo apoyará la innovación y la formación para el conocimiento, especialmente en el desarrollo de nuevas tecnologías.

1.61.

Crearemos subsidios directos para que la aplicación de reformas laborales, como las 40 horas y aumento de salario mínimo, no tengan un impacto negativo en el desempeño económico de las mipymes. Así, la entrada en régimen de estas reformas será más gradual para estas empresas que para las grandes empresas.

1.62.

Trabajaremos coordinadamente con la red de centros de formación técnica estatales para generar cooperación, formación y capacitación a mipymes y cooperativas, y potenciaremos los centros de desarrollo empresarial presentes en los territorios.

1.63.

Construiremos una nueva institucionalidad que tenga por objetivo principal de mediano plazo la consolidación del modelo de cooperativas en la economía nacional. En particular, crearemos el Instituto Nacional de Cooperativismo.

1.64.

Promoveremos cambios normativos e incentivos que faciliten que los trabajadores y trabajadoras de una misma empresa privada tradicional, organizados en una cooperativa, puedan adquirir capital accionario de la misma.

1.65.

Avanzaremos en la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, caracterizada como multinivel, lo que incluye la negociación ramal, simplificando su procedimiento, ampliando las materias de negociación, eliminando las restricciones actuales; en definitiva, ubicándonos dentro los estándares aceptados por la OIT.

1.66.

Propiciaremos la participación de trabajadoras y trabajadores en los directorios de las empresas grandes.

1.67.

Revisaremos aspectos trascendentales que profundizan la precariedad laboral en nuestro país, como ocurre en materia de duración de la jornada de trabajo, para llegar gradualmente a 40 horas.

1.68.

Fortaleceremos una normativa tendiente a la igualdad en las labores de cuidado, terminando con la arbitrariedad en las condiciones laborales y remuneraciones hacia cualquier grupo social (mujeres, migrantes, jóvenes, personas ancianas o pueblos originarios).

1.69.

Revisaremos las normas de término de la relación laboral en el sector privado, analizando el alcance del despido por necesidades de la empresa y el tope de las indemnizaciones por años de servicio. Asimismo, revisaremos la situación de dicho derecho en el caso de muerte del trabajador o trabajadora.

1.70.

Ratificaremos el Convenio 177 de la OIT sobre trabajo en el domicilio, con el objetivo de resguardar los derechos de los trabajadores en teletrabajo, una modalidad que llegó para quedarse y que requiere un esfuerzo legislativo de parte del país, para sumarse a las mejores prácticas internacionales.

1.71.

Tomaremos medidas legislativas ante los desafíos que presenta el trabajo en plataformas virtuales o digitales de servicios, sobre la base del reconocimiento expreso del vínculo de subordinación y dependencia que une a los y las trabajadoras con las plataformas. 

1.72.

Se estudiarán modificaciones a los programas de capacitación o formación para la vida y el trabajo, tanto en el área laboral como sindical, buscando, por la vía del sistema público de educación y principalmente de los CFT del Estado, el aseguramiento de un proceso de capacitación y continuidad de estudios.

1.73.

Avanzaremos hacia el reconocimiento y la regulación del trabajo sexual, priorizando la protección y el bienestar de quienes se desempeñan en este sector al garantizar sus derechos sociales.

1.74.

Avanzaremos efectivamente en licencias de cuidados para todas las personas trabajadoras, y en el derecho a sala cuna universal, sin distinción de género, con mayor cobertura en términos de fuero.

1.75

Revisaremos el Código del Trabajo en materias como el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, cuyo catálogo de categorías sospechosas no considera la discriminación que pueda sufrir la mujer por razón de maternidad o embarazo.

1.76.

Avanzaremos en una política que, tras garantizar el derecho a sala cuna universal, dé paso a una política de cuidados asociada al acceso a jardines infantiles.

1.77.

Trabajaremos en proyectos de ley para garantizar espacios de trabajo seguros para las mujeres, identificando como dos ilícitos claramente diferenciables los fenómenos de acoso sexual o acoso por razón de género, siendo ambos violencia de género en el trabajo.

1.78.

Revisaremos cuotas de género en la directiva sindical y comisión negociadora sindical, a la luz de la interpretación restrictiva realizada por la Dirección del Trabajo.

1.79.

Iniciaremos una alza escalonada del salario mínimo, con el objetivo de que nadie que trabaje una jornada completa viva junto a su familia bajo la línea de la pobreza superando los $500.000 al final del Gobierno.

1.80.

Normaremos las gratificaciones legales, de manera que se repartan efectivamente utilidades entre los y las trabajadoras de la empresa.

2. Consagración de un Estado Social de Derecho

2.1.

Pilar No Contributivo: Establecer de manera gradual una Pensión Básica Universal (PBU) de $250.000 mensuales para toda la población de 65 y más años, independiente de tener o no cotizaciones sociales

2.2.

Crear un Fondo de Reserva, construido sobre el actual Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)

2.3.

Pilar Contributivo: Se suman los beneficios que dependen de la contribución durante la vida laboral activa. Aumento de un 6% de la cotización a cargo del empleador

2.4.

Pilar de ahorro voluntario: Se sumen como complemento a la futura pensión otorgada por los primeros pilares

2.5.

Respetar la propiedad sobre los ahorros acumulados en las cuentas de capitalización individual

2.6.

La administración del nuevo sistema estará a cargo de un órgano público autónomo, técnico, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores, que inviertan gradualmente esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles

2.7.

El ahorro voluntario podrá ser administrado por instituciones privadas reguladas, a elección del cotizante

2.8.

En los directorios del sistema debe haber representantes de los afiliados y afiliadas elegidos de manera democrática

2.9.

Chile libre de humo cumpliendo con las principales medidas del marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud e implementaremos el etiquetado genérico de tabaco

2.10.

Reorientar la relación de las personas con el alcohol restringiendo su publicidad y disminuyendo la densidad de los puntos de venta de alcohol

2.11.

Plan de alimentación saludable que limite la publicidad de alimentos ultraprocesados y dañinos para la salud, que amplíe las zonas reguladas para venta de productos saludables y fomente el consumo de frutas y verduras

2.12.

Tener una sociedad activa a través de concretar medidas que potencien actividades físicas socialmente aceptadas, que sean parte de las rutinas de las comunidades, y potenciar la movilidad urbana activa

2.13.

Salud en todas las políticas generando un plan de acción intersectorial a nivel local, basado en la atención primaria, que permita realizar promoción de salud y prevención de la enfermedad desde acciones desde todos los sectores. 

2.14.

Crear una coordinación interministerial que permita crear estrategias nacional de cuidado de la salud poblacional

2.15.

Modernizar los incentivos económicos para la buena nutrición y cambiar patrones de consumo en cuando a tabaco, bebidas alcohólicas y analcohólicas, además de alimentos ultra procesados

2.16.

Generar un Fondo Universal de Salud que actuará como administrador único de los recursos a través de la universalización de la cobertura FONASA a todas las personas que residan en el país

2.17.

Terminar con el negocio de las ISAPRE transformándolas en seguros complementarios voluntarios

2.18.

Iniciar un proceso de aumento del gasto público en salud de manera progresiva hasta llegar al promedio de la OCDE, buscando reducir el gasto de bolsillo de las personas y la importancia de las cotizaciones en el financiamiento

2.19.

Reformar la institucionalidad del FUS, para dotarla de una administración y estructura organizacional con alta capacidad técnica, que enfoque su actuar en el uso eficiente de los recursos y en potenciar el desarrollo de la red pública de salud. Para una mejor eficiencia de recursos, se centralizarán las compras públicas en salud

2.20.

Crear un plan amplio de beneficios denominado Régimen General de Cobertura en Salud, administrado por el FUS

2.21.

Crear una Agencia Autónoma para Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETESA) que permita definir la cobertura del régimen general de garantías en base a costo efectividad y criterios sociales

2.22.

Regular el sector privado de salud a través de la prohibición efectiva e la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas

2.23.

Establecer una fuerte regulación de los seguros complementarios de salud

2.24.

Universalización de la Atención Primaria de Salud (APS) dando cobertura al 100% de la población

2.25.

Fortalecer las APS, mejorando la disponibilidad de recursos, actualizando el Plan de Salud Familiar y mejorando los mecanismos de asignación equitativa de los territorios

2.26.

Implementar la entrega de medicamentos a domicilio para enfermedades crónicas

2.27.

Estrategia de salud Digital implementado un sistema de red de información de salud que permita integrar de forma eficiente los niveles asistenciales, de modo que se asegure la continuidad de cuidados y la privacidad de los datos del paciente

2.28.

Creación de un Repositorio Nacional de Datos que permita el acceso desde toda la red asistencial

2.29.

Disponer de un sistema para acceso a la información de parte de la población, asegurando soberanía sobre el uso de datos clínicos a la soberanía

2.30.