Programa de Gobierno 2022-2026 de Chile

Crearemos una nueva institucionalidad para la gobernanza de la pandemia, que integre a especialistas e instituciones legitimadas de la sociedad civil, y que actúe de forma transparente y base sus decisiones en la mejor evidencia disponible, con sistemas de trazabilidad de las decisiones y rendición de cuentas. Tendrá tres niveles (político, técnico y ejecutivo), que actuarán de forma coordinada para ir ejecutando, analizando y mejorando la estrategia sanitaria para enfrentar a mediano y largo plazo la pandemia en el país.

En línea con la experiencia internacional, frente a nuevos brotes buscaremos cortar la cadena de transmisión y el contagio comunitario con medidas sanitarias y económicas que nos permitan mantener zonas libres de covid (“zonas verdes”), en donde se mantenga la apertura de forma segura en base a criterios sanitarios.

Fortaleceremos el seguimiento epidemiológico, profesionalizando e incorporando tecnología de punta a la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) en coordinación con la Atención Primaria de Salud (APS), tal como han hecho los países exitosos en controlar la epidemia.

En base a la mejor evidencia disponible, definiremos un programa de vacunación con refuerzos periódicos que asegure la inmunidad poblacional para el control del Covid-19. Además, con vistas a la soberanía sanitaria iniciaremos la inversión para dotar al país de la capacidad para producir vacunas en el mediano plazo, potenciando iniciativas como las de la Universidad de Chile y la Universidad Austral de Chile.

Mejoraremos la protección social para las personas afectadas por Covid-19 y sus contactos, dando cobertura total a los costos de la enfermedad por ISAPRE y FONASA, y cubriendo totalmente las licencias de las personas enfermas y sus contactos.

Rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino, y de los programas de cuidados que apoyen la inserción laboral de las mujeres.

Inversión pública verde, esto es, con impactos en adaptación o mitigación de la crisis climática.

Reactivación con las Mipymes.

Implementaremos un Programa de Activación Educativa Integral que aborde los aprendizajes fundamentales en el orden académico, social e intrapersonal.

Impulsaremos un Programa de Bienestar Socioemocional para comunidades educativas, con acciones colectivas para recuperar el sentido de pertenencia, seguridad y vínculo comunitario.

Garantizaremos las condiciones sanitarias, laborales y de infraestructura para un retorno universal a actividades presenciales.

Aplicaremos una estrategia nacional para identificar, re vincular y promover la continuidad educativa a estudiantes que hayan interrumpido durante la pandemia su trayectoria escolar o estén en situación de potencial desvinculación educativa.

En línea con nuestro plan de Transformación Digital, ampliaremos la cobertura de Internet, el equipamiento y capacitación informática para todos los niveles educativos y daremos continuidad a iniciativas de aprendizaje no presencial a través de televisión.

Definiremos una hoja de ruta para afrontar la crisis climática, la cuál será consagrada en la Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones.

Comisiones de Transición Justa.

Protección y recuperación de la biodiversidad.

Bienestar animal.

Promoveremos un despliegue territorial de la Política de Reducción de Riesgo de Desastre (PRRD), con enfoque preventivo, y con capacidades y financiamiento necesario para dar respuesta a la emergencia.

Fortalecer instituciones y áreas del conocimiento.

Orientar estratégicamente desde el Estado CTCI de largo plazo.

Crear nuevas capacidades de investigación, innovación y emprendimiento en regiones con menor desarrollo.

Mejorar la formación y trayectorias laborales de investigadoras, investigadores y profesionales dedicados a actividades CTCI.

Trabajaremos de manera firme para democratizar el acceso y la apropiación a los distintos conocimientos y tecnologías, tanto a nivel de divulgación como de integración de la sociedad en todo el proceso de investigación y desarrollo que se realiza en instituciones públicas.

Fomentar la innovación y el emprendimiento con impacto local.

En el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, crearemos un Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial para las zonas rurales.

Apoyaremos la investigación e innovación en el sector y fortaleceremos los programas de asistencia y transferencia tecnológica entre el Estado y sector privado y fortaleceremos el rol de los centros de investigación en nuestro país.

Diseñaremos e implementaremos una Política y Acuerdo Nacional sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional, que fortalezca y valore la identidad de las comunidades y economías locales.

Apoyaremos la derogación de la Ley de Pesca y promulgaremos una nueva Ley de Pesca y Acuicultura, orientada a lograr la sostenibilidad de las actividades de extracción y cultivo de especies.

Se impulsará una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, fomentando la participación de la industria, la academia y las comunidades, promoviendo la investigación e innovación y con Plan de gobierno Apruebo Dignidad 84 protagonismo del Estado en su desarrollo.

Entendemos que la inversión en ciencia aplicada e innovación en minería es crucial para la superación del extractivismo. Se pondrá énfasis también en investigación y desarrollo que permitan acelerar la transición hacia una minería de bajas emisiones.

Descarbonización.

En la dimensión del compromiso con la descentralización, vamos a fomentar cooperativas y empresas energéticas regionales con foco en un desarrollo económico local y sustentable.

Creación de una Estrategia Nacional de Turismo Descentralizada a 10 años plazo, que busque el desarrollo de destinos turísticos.

Diseñaremos e implementaremos una Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para la industria del turismo de Chile.

Ejecutaremos un plan de inversiones a 4 años que abordará la instalación de infraestructura turística en diferentes espacios naturales administrados por el Estado.

Infraestructura digital e internet como servicio básico.

Impulsaremos una política nacional de datos.

Buscaremos articular la política comercial con las políticas productivas, en particular con la institucionalidad de la Banca Nacional de Desarrollo.

Implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas.

Invertir significativamente en programas específicos de rehabilitación, fortalecimiento y creación de servicios sanitarios rurales, con foco en el bienestar de la población, vía soluciones descentralizadas que promuevan el cooperativismo y la asociatividad.

Hacer efectivas las competencias de fiscalización y monitoreo que tienen los diversos órganos, con un enfoque estratégico y el uso de tecnologías para detectar extracciones ilegales, aplicando todo el rigor de la ley a los infractores.

Aplicar efectivamente todas las herramientas administrativas disponibles en un marco de escasez, para limitar o prohibir usos, o establecer derechos provisionales priorizando el consumo humano, en el marco de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales vigente.

Crear una política con enfoque de género para el acompañamiento técnico y psicosocial de personas que habitan en zonas de extrema sequía y falta de agua.

Colaborar con los gobiernos regionales y las municipalidades para fomentar programas de saneamiento rural.

Crear un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que materialice la implementación de un nuevo modelo sistémico de gestión en sintonía con la naturaleza, según lo que establezca la Convención Constitucional.

Crear un organismo rector que unifique, dirija y coordine las competencias del Estado en materia de aguas en sus distintos niveles, bajo un enfoque de gobernanza democrática y participativa, para una gestión integrada a nivel nacional, regional y territorial por cuencas.

Impulsaremos la participación de mujeres en la gestión estatal y comunitaria del agua en todos los niveles.

Para asegurar la robustez, resiliencia y capacidad de adaptación, incorporaremos criterios de enfoque de cuenca y el nexo agua-energía-alimentos a las inversiones que se materialicen en el marco de la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática y de las obras de infraestructura pública verde como parte del Plan de Reactivación Económica.

En línea con nuestro programa de crisis climática, fortaleceremos la política de protección de biodiversidad y ecosistemas, con énfasis en la protección y restauración del ciclo hidrológico: glaciares, bosques, humedales, vegas, bofedales, pomponales, etc.

Revisaremos los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales.

Aseguraremos la calidad de las aguas, a través de la protección integral de calidad de las aguas y de la planificación y protección de suelos, en sintonía con nuestra estrategia de basura cero.

Articularemos la investigación académica, en colaboración con centros y laboratorios existentes, y fortaleceremos los institutos tecnológicos públicos que desarrollan investigación aplicada en agua, para estudiar soluciones basadas en la naturaleza, gestión de aguas subterráneas y fortalecer el sistema de monitoreo de aguas, generando aplicaciones, tecnología y educación.

Incorporaremos tipologías de ingreso al SEIA que contemplen efectivamente proyectos forestales y agrícolas.

A través de los instrumentos de fomento al riego, promoveremos la diversificación de cultivos, el rescate de variedades tradicionales, el establecimiento de cultivos de bajo requerimiento hídrico y la producción de alimentos locales pertenecientes a la canasta básica de alimentos de la población nacional, para fortalecer la soberanía alimentaria.

Incentivaremos el uso de técnicas ancestrales de pueblos originarios que han permitido garantizar la sostenibilidad agrícola, por ejemplo la “siembra y cosecha de agua”.

Generaremos fuentes de financiamiento para apoyar iniciativas de desarrollo e investigación de técnicas o tecnologías que permitan utilizar el agua considerando de forma efectiva la protección de los ecosistemas.

Promover una política de gestión de acuíferos que incorpore proyectos de recarga.

Invertir –con enfoque en la reactivación sostenible– en soluciones basadas en la naturaleza que permitan no sólo restaurar ecosistemas sino asegurar el suministro de agua potable urbana y rural y mitigar el riesgo de desastres.

Reorientar, con enfoque ecosistémico, los recursos de la Ley de Fomento al Riego en materia de riego tecnificado y obras de infraestructura gris hacia la pequeña y mediana agricultura, las comunidades agrícolas y los pueblos originarios y tribal afrodescendiente.

Implementar un plan de gestión de embalses para priorizar el acceso al agua para consumo humano, minimizando los efectos negativos en la agricultura. El plan tendrá un enfoque de nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas que incentive la generación de acuerdos de operación equitativos.

Asegurar el suministro en calidad, cantidad y continuidad en todas las ciudades del país, utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo la priorización del consumo humano, el reúso de aguas servidas, la desalación, terminar con las descargas de aguas residuales con tratamiento primario al mar, la mejora de sistemas de tratamiento de agua potable, la recarga de acuíferos, soluciones basadas en la naturaleza, etc.

Proponemos un Banco Nacional de Desarrollo (BND) que funcione como un conglomerado financiero con dos empresas estatales especializadas: Un Banco especializado en créditos, con instrumentos de primer y segundo piso; y un Fondo de Financiamiento especializado en el otorgamiento de capital a empresas innovadoras, ambos con un gobierno corporativo especializado e independiente y con financiamiento adhoc a sus instrumentos.

Implementaremos un sistema coordinado, que defina políticas públicas con estrategias claras y coherentes, de manera de disminuir y simplificar la carga regulatoria y permitir que los procedimientos sean simples y expeditos.

Trabajaremos por eliminar las barreras de entrada que existen para la participación de las mipymes y cooperativas en distintos mercados; las ayudaremos a competir en igualdad de condiciones para que las espaldas económicas o el tamaño de la empresa no determinen el acceso a determinados mercados (condiciones de pago, apoyos en la intermediación y acceso a mercados internos y externos, entre otras).

Proponemos la creación de una mesa Mipyme/ Gobierno, que incluya al Servicio de Impuestos Internos, para el envío, en un plazo no mayor a 1 mes, de un proyecto de ley que perfeccione la deficiente ley de pago a 30 días, que incluya tanto medidas legales como administrativas para aumentar las sanciones, así como limitar el uso del crédito fiscal IVA a empresas que no cumplan con sus obligaciones de pago.

Vinculado con nuestra agenda antiabusos (ver más adelante), trabajaremos también por generar condiciones de mayor equidad en el funcionamiento del mercado financiero y del crédito.

Mejoraremos la participación de pymes y cooperativas en compras públicas en todos sus niveles.

Fomentaremos el desarrollo de ecosistemas innovadores para impulsar y acompañar la creación de emprendimientos de base científicatecnológica y su crecimiento y desarrollo, así como el fortalecimiento de scale-ups.

Ofreceremos apoyo técnico y financiero a las redes de colaboración para el desarrollo local desde el emprendimiento y la innovación.

Mejoraremos las condiciones de acceso a la Ley de I+D para que más empresas de menor tamaño puedan aprovechar sus beneficios.

Incorporaremos un enfoque transversal de género en las políticas de emprendimiento, que se haga cargo de las enormes brechas que hoy existen para las mujeres en acceso a financiamiento, uso de nuevas tecnologías, informalidad, entre otras.

Generaremos espacios de cooperación y articulación entre pymes, universidades y centros de formación técnica para el desarrollo de capacidades adecuadas a las necesidades de las pymes y los desafíos del trabajo del futuro.

La Banca Nacional de Desarrollo apoyará la innovación y la formación para el conocimiento, especialmente en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Crearemos subsidios directos para que la aplicación de reformas laborales, como las 40 horas y aumento de salario mínimo, no tengan un impacto negativo en el desempeño económico de las mipymes. Así, la entrada en régimen de estas reformas será más gradual para estas empresas que para las grandes empresas.

Trabajaremos coordinadamente con la red de centros de formación técnica estatales para generar cooperación, formación y capacitación a mipymes y cooperativas, y potenciaremos los centros de desarrollo empresarial presentes en los territorios.

Construiremos una nueva institucionalidad que tenga por objetivo principal de mediano plazo la consolidación del modelo de cooperativas en la economía nacional. En particular, crearemos el Instituto Nacional de Cooperativismo.

Promoveremos cambios normativos e incentivos que faciliten que los trabajadores y trabajadoras de una misma empresa privada tradicional, organizados en una cooperativa, puedan adquirir capital accionario de la misma.

Avanzaremos en la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, caracterizada como multinivel, lo que incluye la negociación ramal, simplificando su procedimiento, ampliando las materias de negociación, eliminando las restricciones actuales; en definitiva, ubicándonos dentro los estándares aceptados por la OIT.

Propiciaremos la participación de trabajadoras y trabajadores en los directorios de las empresas grandes.

Revisaremos aspectos trascendentales que profundizan la precariedad laboral en nuestro país, como ocurre en materia de duración de la jornada de trabajo, para llegar gradualmente a 40 horas.

Fortaleceremos una normativa tendiente a la igualdad en las labores de cuidado, terminando con la arbitrariedad en las condiciones laborales y remuneraciones hacia cualquier grupo social (mujeres, migrantes, jóvenes, personas ancianas o pueblos originarios).

Revisaremos las normas de término de la relación laboral en el sector privado, analizando el alcance del despido por necesidades de la empresa y el tope de las indemnizaciones por años de servicio. Asimismo, revisaremos la situación de dicho derecho en el caso de muerte del trabajador o trabajadora.

Ratificaremos el Convenio 177 de la OIT sobre trabajo en el domicilio, con el objetivo de resguardar los derechos de los trabajadores en teletrabajo, una modalidad que llegó para quedarse y que requiere un esfuerzo legislativo de parte del país, para sumarse a las mejores prácticas internacionales.

Tomaremos medidas legislativas ante los desafíos que presenta el trabajo en plataformas virtuales o digitales de servicios, sobre la base del reconocimiento expreso del vínculo de subordinación y dependencia que une a los y las trabajadoras con las plataformas. 

Se estudiarán modificaciones a los programas de capacitación o formación para la vida y el trabajo, tanto en el área laboral como sindical, buscando, por la vía del sistema público de educación y principalmente de los CFT del Estado, el aseguramiento de un proceso de capacitación y continuidad de estudios.

Avanzaremos hacia el reconocimiento y la regulación del trabajo sexual, priorizando la protección y el bienestar de quienes se desempeñan en este sector al garantizar sus derechos sociales.

Avanzaremos efectivamente en licencias de cuidados para todas las personas trabajadoras, y en el derecho a sala cuna universal, sin distinción de género, con mayor cobertura en términos de fuero.

Revisaremos el Código del Trabajo en materias como el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, cuyo catálogo de categorías sospechosas no considera la discriminación que pueda sufrir la mujer por razón de maternidad o embarazo.

Avanzaremos en una política que, tras garantizar el derecho a sala cuna universal, dé paso a una política de cuidados asociada al acceso a jardines infantiles.

Trabajaremos en proyectos de ley para garantizar espacios de trabajo seguros para las mujeres, identificando como dos ilícitos claramente diferenciables los fenómenos de acoso sexual o acoso por razón de género, siendo ambos violencia de género en el trabajo.

Revisaremos cuotas de género en la directiva sindical y comisión negociadora sindical, a la luz de la interpretación restrictiva realizada por la Dirección del Trabajo.

Iniciaremos una alza escalonada del salario mínimo, con el objetivo de que nadie que trabaje una jornada completa viva junto a su familia bajo la línea de la pobreza superando los $500.000 al final del Gobierno.

Normaremos las gratificaciones legales, de manera que se repartan efectivamente utilidades entre los y las trabajadoras de la empresa.

Pilar No Contributivo: Establecer de manera gradual una Pensión Básica Universal (PBU) de $250.000 mensuales para toda la población de 65 y más años, independiente de tener o no cotizaciones sociales

Crear un Fondo de Reserva, construido sobre el actual Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)

Pilar Contributivo: Se suman los beneficios que dependen de la contribución durante la vida laboral activa. Aumento de un 6% de la cotización a cargo del empleador

Pilar de ahorro voluntario: Se sumen como complemento a la futura pensión otorgada por los primeros pilares

Respetar la propiedad sobre los ahorros acumulados en las cuentas de capitalización individual

La administración del nuevo sistema estará a cargo de un órgano público autónomo, técnico, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores, que inviertan gradualmente esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles

El ahorro voluntario podrá ser administrado por instituciones privadas reguladas, a elección del cotizante

En los directorios del sistema debe haber representantes de los afiliados y afiliadas elegidos de manera democrática

Chile libre de humo cumpliendo con las principales medidas del marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud e implementaremos el etiquetado genérico de tabaco

Reorientar la relación de las personas con el alcohol restringiendo su publicidad y disminuyendo la densidad de los puntos de venta de alcohol

Plan de alimentación saludable que limite la publicidad de alimentos ultraprocesados y dañinos para la salud, que amplíe las zonas reguladas para venta de productos saludables y fomente el consumo de frutas y verduras

Tener una sociedad activa a través de concretar medidas que potencien actividades físicas socialmente aceptadas, que sean parte de las rutinas de las comunidades, y potenciar la movilidad urbana activa

Salud en todas las políticas generando un plan de acción intersectorial a nivel local, basado en la atención primaria, que permita realizar promoción de salud y prevención de la enfermedad desde acciones desde todos los sectores. 

Crear una coordinación interministerial que permita crear estrategias nacional de cuidado de la salud poblacional

Modernizar los incentivos económicos para la buena nutrición y cambiar patrones de consumo en cuando a tabaco, bebidas alcohólicas y analcohólicas, además de alimentos ultra procesados

Generar un Fondo Universal de Salud que actuará como administrador único de los recursos a través de la universalización de la cobertura FONASA a todas las personas que residan en el país

Terminar con el negocio de las ISAPRE transformándolas en seguros complementarios voluntarios

Iniciar un proceso de aumento del gasto público en salud de manera progresiva hasta llegar al promedio de la OCDE, buscando reducir el gasto de bolsillo de las personas y la importancia de las cotizaciones en el financiamiento

Reformar la institucionalidad del FUS,
para dotarla de una administración y estructura organizacional con alta capacidad técnica, que
enfoque su actuar en el uso eficiente de los recursos y en potenciar el desarrollo de la red pública de salud. Para una mejor eficiencia de recursos, se centralizarán las compras públicas en salud

Crear un plan amplio de beneficios denominado Régimen General de Cobertura en Salud, administrado por el FUS

Crear una Agencia Autónoma para Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETESA) que permita definir la cobertura del régimen general de garantías en base a costo efectividad y criterios sociales

Regular el sector privado de salud a través de la prohibición efectiva e la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas

Establecer una fuerte regulación de los seguros complementarios de salud

Universalización de la Atención Primaria de Salud (APS) dando cobertura al 100% de la población

Fortalecer las APS, mejorando la disponibilidad de recursos, actualizando el Plan de Salud Familiar y mejorando los mecanismos de asignación equitativa de los territorios

Implementar la entrega de medicamentos a domicilio para enfermedades crónicas

Estrategia de salud Digital implementado un sistema de red de información de salud que permita integrar de forma eficiente los niveles asistenciales, de modo que se asegure la continuidad de cuidados y la privacidad de los datos del paciente

Creación de un Repositorio Nacional de Datos que permita el acceso desde toda la red asistencial

Disponer de un sistema para acceso a la información de parte de la población, asegurando soberanía sobre el uso de datos clínicos a la soberanía

Creación de un sistema de agendamiento virtual y acceso remoto a atenciones de APS para mejorar la oportunidad de la atención

Atención de urgencia digna y oportuna. Todo llamado será contesta  fortaleciendo los centros reguladores e integrando una plataforma al SAMU, centrales de emergencia, Red de Urgencia y Salud Responde

Acercarse al estándar internacional de tiempo de llegada de ambulancia para emergencias tiempo-dependientes

Trabajo en tiempos de atención dignos en la urgencia hospitalaria, mejorando procesos de atención de urgencia y recursos digitales, avanzando en la dotación de urgenciólogos y equipamiento, y optimizando la duración de las estadías hospitalarias

Inversión en infraestructura y equipamiento

Creación de un observatorio permanente para el estudio de brechas de trabajadores de la salud

Ejecutar un Plan Nacional de Dotación que asegure una adecuada distribución de la dotación de todos los estamentos en el sistema de salud

Creación del Servicio Nacional de Salud

Implementar un Plan Nacional de mejoras en las condiciones de trabajo, por medio de una revisión conjunta con las organizaciones de la gestión interna, distribución de la carga de trabajo y pertenencia de la jornada laboral

Implementar un Programa Nacional de los Cuidados Infantiles

Asegurar que se cumpla con el derecho universal a la sala cuna, buscando conciliar la vida personal, laboral y familiar desde una perspectiva de igualdad de género

Fiscalizar el cumplimiento del convenio OIT N°190 en el sistema de salud

Trabajar con el código de buenas prácticas laborales del Servicio Civil

Fortalecer la Carrera Funcionaria en Salud iniciando una mesa de trabajo con las organizaciones sindicales, para optimizar las condiciones de estabilidad laboral, considerando las remuneraciones y otros incentivos durante la progresión de la vida laboral

Trabajar en erradicar la tercerización como método de contratación de funciones habituales del sistema público 

Fiscalizar y asegurarse del cumplimiento del marco legal con respecto al proceso de encasillamiento, para asegurar la progresión en la carrera funcionaria

Enviar un Proyecto de Ley al Congreso que dé continuidad al programa de Incentivo al retiro al sector salud, actualmente vigente

Realizar un estudio de brecha de remuneración para equiparar las condiciones salariales con el resto del sector público

Generar un trabajo en conjunto con las organizaciones sindicales para garantizar que el 1% asignado a capacitación sea ejecutado con pertinencia y calidad

Generar mecanismos digitales de acceso a información clínica para la ciudadanía, con soberanía sobre sus datos clínicos

Mejorar los mecanismos de participación ciudadana dentro del sistema de salud

Crear el Consejo Nacional de Salud, conformado por directivas/os de las instituciones de salud y representantes de trabajadoras/es y de usuarias/os de la salud

Ampliar gradualmente la cobertura de los medicamentos, mejorando el arsenal, cobertura y acceso a la red de salud pública, incluyendo y entregando gratuidad para la totalidad de fármacos cubiertos por el FUS

Revitalizar la capacidad productiva del Estado de medicamentos esenciales

Iniciar, en alianza con universidades públicas, un laboratorio estatal que permita fabricar medicamentos esenciales y vacunas, desarrollando un plan de inversión en I+D

En el sistema privado, establecer mecanismos de regulación de precios en toda la cadena de suministro farmacéutico, fijando precios en farmacias y prohibiendo la integración vertical para velar por el acceso a medicamentos de toda la población

Fortalecer la Central Nacional de Abastecimiento de Medicamentos (Cenabast), centralizando las compras públicas de fármacos a nivel nacional

Presentar una ley que mejore y regule el acceso a farmacias en todo el territorio nacional

Fortalecer las farmacias populares

Presentar una ley marco de derechos sexuales y reproductivos que reconozca la diversidad de personas y sus distintas necesidades, y establezca el deber del Estado de dar cumplimiento al pleno ejercicios de los derechos sexuales y reproductivos

Generar una política con énfasis en estrategias de prevención del VIH y otras ITS, dentro del plan de educación sexual integral, centrado en la protección de los derechos de las personas que viven con VIH y en el ´termino de la estigmatización de la enfermedad

Legalizar el aborto, estableciéndolo como una prestación de salud garantizada y dotando a los centros de salud de métodos recomendados de evacuación uterina

Garantizar a entrega de anticoncepción gratuita postaborto

Garantizar prestaciones de salud especializadas enfocándose en grupos que históricamente han sido marginados en las prestaciones de salud sexual y reproductiva, como personas LGBTIQ+, personas mayores y adolescentes

Promover una maternidad respetada con un enfoque en derechos humanos y autonomía de las mujeres y personas gestantes, en pro de erradicar todo tipo de violencia institucional, con capacitaciones continuas al personal y a estudiantes de salud 

Obligación de las instituciones de promover todas las acciones para garantizar una "experiencia positiva de parto" según las recomendaciones de la OMS

Ampliar gradualmente la cobertura promocional, preventiva y comunitaria del Programa Sembrando Sonrisas, desde Prekinder hasta octavo básico

Crear el Programa Cosechando Sonrisas, dando cobertura de atención odontológica a personas con 65 años o más

Avanzar en generar una canasta básica odontológica de acceso y cobertura universal de los 50 a 64 años, en miras de un futuro acceso universal para todas las personas en Chile

Realizar una modificación al GES de salud oral de 60 años, en el contexto del nuevo Régimen General de Cobertura, cambiando la cobertura garantizada al período entre los 65 y 69 años

Ampliar la cobertura de especialidades odontológicas, cerrando brechas de profesionales en el mediano plazo

Reforzar la gestión odontológica desde una mirada territorial y regional para reducir las listas de espera

Integrar de manera efectiva a la odontología en programas transversales ya existentes dando acceso y cobertura priorizada para grupos de riesgo

Creación de una plataforma digital que entregue información de fácil acceso y comprensión, a los equipos de salud en los distintos centros de la red, como a todas las personas que deben enfrentarse a la complejidad de tratamientos multidisciplinarios

Potenciar el trabajo del Comité de Drogas de Alto Costo del MINSAL, implementando estrategias de compra a escala que permitan disminuir los costos y así poder incorporar progresivamente nuevos tratamientos de alto costo

Terminar con los copago hospitalarios para pacientes oncológicos en el sector público

Fortalecer los equipos de cuidados paliativos, estableciendo un plan de capacitaciones periódicas y estructura de especialización reconocida por el MINSAL para las diversas profesiones que componen estos equipos, herramientas que permitan una mejor estrategia de acompañamiento, manejo de sintonías y apoyo en salud mental hacia las personas y familias

Fortalecer los mecanismos de atención a distancia vía remota que permitan que las personas puedan aclarar sus dudas o consultar por urgencias relacionadas a cualquier hora del día, incluido fines de semana

En el área del cáncer infantil, potenciar los centros actuales y planificar la incorporación de esta especialidad en otros centros regionales para facilitar el acceso

Ampliar la cobertura de cuidados paliativos para población con cáncer infantil y dar un enfoque a mecanismos digitales de información y respuesta remota

Duplicar el presupuesto para la salud mental con miras a llegar al 6% recomendado por la OMS

Crear Ley de Salud Mental Integral que potenciará el desarrollo de una red organizada en el modelo comunitario de salud mental, y asegurará su adecuado financiamiento

Fortalecer el modelo comunitario aumentado la cobertura y calidad de salud mental en toda la red, fortaleciendo la cobertura del programa de acompañamiento psicosocial en la APS

Proponer políticas de apoyo a la vida independiente de personas con discapacidad psicosocial

Crear al menos 15 Centros Regionales de Salud Mental y centros diurnos de demencia

Desarrollar estrategias de implementación rápida de equipos móviles

Énfasis en campañas comunicacionales para disminuir el estigma y la discriminación que suele asociarse al tratamiento de salud mental y actúa como una barrera de acceso a tratamiento

Desarrollar estrategias de implementación rápida de equipos móviles como programas asertivos comunitarios, con intervenciones domiciliarias integrales para personas con transtorno

Realizar un Plan de capacitaciones en salud mental para los equipos de salud

Aumentar la cantidad de trabajadores capacitados en Salud Mental en los equipos de salud, capacitaciones para mejorar la accesibilidad y aceptabilidad de servicios de salud mental para la población LGBTIQA+

Fortalecer la atención de salud mental para personas LGBTIAQ+ desde la atención primaria, reconociendo las necesidades específicas de la diversidad sexual con foco en adolescentes y jóvenes, garantizando la atención desde un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género

Promoción y prevención de salud mental realizando un abordaje promocional y preventivo con participación de la comunidad a través de la formación de agentes comunitarios

Trabajar en la educación y sensibilización para la reducción del estigma, apuntando a crear entornos sociales libres de discriminación, fortaleciendo factores protectores para la salud

Potenciar el trabajo con el Sistema Nacional de Cuidados

Generar programas integrales que se hagan cargo de las consecuencias en salud mental de la violencia de género en mujeres, NNA y disidencias

Fortalecer la red  de Chile Crece Contigo y la pesquisa precoz de síntomas de salud mental en madres y padres

Implementar un sistema nacional de monitoreo de inequidades en pueblos originarios y afrodescendientes

Reactivar la política nacional de pueblos originarios, consultada de acuerdo al estándar del Convenio N°169 de la OIT

Elaborar un plan nacional de educación en salud intercultural para todos los trabajadores del sistema de salud público

Rediseñar el PESPI respetando lo contemplado en el convenio N°169 de la OIT a través de a APS

Adecuar planes, políticas y programas relacionados a bienestar y salud infantil para que incorporen la perspectiva intercultural de conformidad a la normativa internacional

Garantizar la atención de salud a personas migrantes en situación irregular

Retomar la implementación a la política de salud integral para personas migrantes

Garantizar la presencia de intérpretes creole/español en los centros de salud con mayor porcentaje de atención de población haitiana

Avanzar en equiparar el financiamiento de los establecimientos que reciben aportes del Estado

Ampliación de cobertura, para ello implementaremos un programa de expansión de al menos 60 mil cupos principalmente a través del financiamiento de mejoras estructurales y ampliación de salas

Crear una comisión que estudie las razones por las cuales niños/as no asisten a este nivel y la oferta con que cuentan, con el propósito de diseñar un Plan Estratégico de Universalización de mediano plazo

Iniciar proceso de diálogo por una nueva Carrera Directiva en salas cunas y jardines infantiles públicos asociado a un sistema de evaluación, formación continua y beneficios salariales

Trabajar por equiparar las condiciones de la red de jardines públicos -JUNJI, VTF e Integra

Proponer normativa para que puedan progresivamente acceder a un mayor porcentaje de horas no lectivas, pues significa tiempo esencial para la preparación del trabajo pedagógico

Plan de fortalecimiento de las/los técnicos de párvulos, lo que incluirá: fortalecer su formación inicial por medio de instrumentos , orientaciones y recursos de apoyo, garantizar horas no lectivas para participar en procesos de planificación y reflexión pedagogía, equiparar condiciones laborales y de sueldos en la red pública, entre otros

Abordar el impacto laboral en funcionarios municipales (reconociendo mejor la experiencia relevante en los concursos, modificando la fecha límite de contratación para participar en éstos, ofreciendo oportunidades de formación previas y para su relocalización laboral, y programas de indemnización cuando se requiera, entre otras medidas

Crear una coordinación intersectorial del más alto nivel incluyendo al menos al Ministerio de Educación, SUBDERE, Ministerio de Hacienda y Alta Dirección Pública, a cargo de conducir y coordinar el proceso de desmunicipalización, que ponga como máxima prioridad el saneamiento del sistema y la instalación exitosa, para que los nuevos Servicios Locales de Educación pueden desplegar todo su potencial

Mejorar los instrumentos de planificación y fondos públicos para la transición y ajustar el calendario, extendiendo el plazo final más allá del 2025 para ir más lento, pero mejor

Hacer adecuaciones al diseño de los Servicios Locales para aumentar la eficiencia de su planificación y gestión presupuestaria, aumentar su dotación profesional efectiva, y mejorar la representatividad, participación y relevancia de los actores locales y educacionales en su gobierno

Aumentar la participación de las comunidades locales y reforzar el protagonismo de docentes, educadoras, asistentes de la educación y técnicos de párvulos para favorecer el cambio pedagógico y el trabajo en redes incluyendo jardines infantiles y escuelas de la nueva educación pública

En educación técnico-profesional, potenciar la relación con el mundo del trabajo y la educación superior

Promover un actuar coordinado en torno a los espacios de formación en alternancia, prácticas profesionales y articulación de trayectorias educativas

Fuerte impulso para recuperar la cobertura y matrícula de la educación pública en sus diferentes niveles y modalidades

Establecer un nuevo sistema de renovación del currículum que avance hacia un diseño más flexible, con participación de las comunidades educativas, sensible a la diversidad territorial y cultural del país y a las temáticas emergentes como el enfoque de género, el multiculturalismo y la educación ambiental. Ello incluye reformular las instituciones e instancias a cargo del diseño curricular

En la educación media técnico-profesional, avanzar hacia un nuevo currículum junto a las comunidades educativas, el mundo del trabajo, los territorios y actores del área del conocimiento, que pondrá el foco en la participación social plena de los y las estudiantes, sus trayectorias vitales, y los desafíos económicos y sociales del territorio

Promover una educación integral con mejor aprovechamiento de las horas de libre disposición de la jornada escolar completa, por medio de talleres en ámbitos postergados, tales como las artes, deporte, medio ambiente y proyectos interdisciplinarios; sumado al apoyo técnico y capacitación docente

Reemplazar el sistema de evaluación nacional con foco en las pruebas estandarizadas, el control y las sanciones, por un sistema de acompañamiento formativo, sin consecuencias asociada a resultados de aprendizaje, centrado en el profesionalismo docente, el mejoramiento continuo y el aprendizaje integral. Para ello se diseñará un modelo multinivel: nacional, local del sostener y aula

Fortalecer la participación resolutiva de los actores de la comunidad educativa aumentando las atribuciones de las instancias colectivas como los Consejos Parvularios, Consejos Escolares y Consejos Locales de la Educación Pública, y reforzar la educación para la ciudadanía en todos los niveles educativos

Continuar removiendo las dinámicas de mercado de la educación, para ello se propone un sistema de financiamiento público de los establecimientos educacionales, que no se base en promover la competencia, sino en garantizar el derecho a una buena educación

Reforzar el término del lucro en la educación subvencionada por el Estado

Mejorar condiciones laborales, resguardando el efectivo respeto de las horas no lectivas que por contrato le corresponden a los y las docentes

Implementar un programa de salud y bienestar laboral para trabajadores/as de la educación

Crear una carrera para directivos de establecimientos en el sector público

Realizar un proceso de reparación de la deuda histórica de las y los docentes

Terminar con la doble evaluación docente

Promover una cultura de trabajo escolar que se base en el profesionalismo colectivo docente, reforzando el trabajo entre pares, la autonomía profesional y el Consejo de Profesores, y combatiendo las prácticas que desprofesionalizan y agobian a las y los docentes

Abordar el déficit de profesionales de la educación, haciendo más atractivas las carreras de pedagogía, mejorando su retención y distribución geográfica de la oferta

Disminuir el abandono de profesores jóvenes, fortaleciendo y expandiendo los programas de inducción y mentorías para profesores nóveles, dando mayor protagonismo a los Servicios Locales y los propios establecimientos, además del mejoramiento general de las condiciones laborales de docencia; y aplicando medidas especiales en las asignaturas y especialidades con escasez docente crítica, como mecanismo para facilitar el retorno al sistema educacional de profesores que no estén ejerciendo la docencia

Aumento de los programas de formación docente post-licenciatura, formación continua para docentes en áreas curriculares complementarias que les habiliten para desempeñarse en distintas disciplinas, e incentivos adicionales para ejercer en zonas socialmente desventajadas o geográficamente aisladas

Desarrollar una agenda de trabajo con los y las Asistentes de la Educación, en virtud de abordar la implementación adecuada y oportunidad de la ley N°21.109

Resolver las dificultades de la implementación de las leyes de incentivo al retiro de docentes y asistentes

Desarrollar una política de retiro permanente para las y los trabajadores de la educación en edad de jubilar

Impulsar una ley de educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza como pilar de una educación igualitaria que reconozca la diversidad sexual, cuestione los estereotipos de género y enseñe los derechos sexuales y reproductivos de las personas

Crear un programa de formación en el área para los trabajadores de la educación, con foco en ambientes seguros y en la prevención de la violencia sexista y homofóbica y del suicidio juvenil de la población LGBTIQ+

Impulsar medidas para romper con los estereotipos de género en la educación técnico-profesional

Promover una mayor inclusión de mujeres y hombres en especialidades que concentran estudiantes de un solo sexo

Avanzar en el reconocimiento de la pluralidad de las culturas en los jardines infantiles y escuelas, respetando el principio del plurilingüismo de los pueblos originarios y comunidades con sordera

Institucionalización de dispositivos de acogida a estudiantes extranjeros que sean pertinentes a las realidades territoriales, contratación de profesores extranjeros y de lengua de señas chilena, el fortalecimiento de una propuesta educativa intercultural que promueva el plurilingüismo y la creación de normativas nacionales que promuevan la inclusión y no discriminación

Modificar la normativa de los Proyectos de Integración (PIE) para transitar desde un financiamiento individual por niño hacia un financiamiento basal, con equipos multidisciplinarios que permitan una pedagogía y evaluación diferenciada

Ampliar el PIE con énfasis en la educación Técnico Profesional y mejorar los apoyos hacia estos estudiantes en la realización de sus prácticas y la continuidad de los estudios entre el nivel secundario y terciario

Fortalecer la Ley de Inclusión Escolar, expandiendo la gratuidad y aumentando la diversidad y mixtura socioeconómicas en las aulas, y promoviendo las transformaciones pedagógicas y culturales que requieren las comunidades educativas como base de una sociedad plural, inclusiva y democrática

Condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas

Proponer fin al CAE 

Creación de un nuevo sistema único de créditos que sea transitorio hasta alcanzar la gratuidad universal

Proceso de reconstrucción y expansión de la educación pública

Aumentar el financiamiento basal a las instituciones estatales

Impulsar un proceso de expansión de matrícula de instituciones estatales por medio de un crecimiento sostenido de esta en los próximos años, que permita a mediano plazo que la mayoría de los estudiantes puedan optar por acceder a la educación pública

Se priorizarán las instituciones regionales y las mujeres en áreas altamente masculinizadas

Fortalecer la instalación de los CFT estatales, para su consolidación y expansión

Revisión y mejoramiento de la política de gratuidad, especialmente en cuanto a su regulación, cobertura y requisitos institucionales, junto a las demás políticas de financiamiento a la educación superior, fortaleciendo la asignación de recursos basales a instituciones públicas con foco en descentralización, en el sistema técnico profesional y con perspectiva de género

Se reforzarán los instrumentos de apoyo a la manutención de estudiantes

Impulsar un programa de cuotas vinculado a la recuperación y expansión de la educación pública, y políticas afirmativas para favorecer el ingreso y permanencia de estudiantes provenientes de la educación escolar pública

Estudiar y desarrollar nuevos criterios e instrumentos de admisión, revisando los instrumentos de acceso existentes para que cumplan un rol diagnóstico y de apoyo a las diferentes trayectorias educativas y laborales

Avanzar en un diálogo abierto sobre la reconceptualización de la calidad en la educación superior, a fin de contar con buenos diagnósticos de las instituciones evaluadas y así avanzar hacia un trabajo serio y la mejora progresiva

Impulsar y fortalecer las políticas de género en todas las instituciones de educación superior, para que se incorporen en el sistema de aseguramiento de calidad

Desarrollar una estrategia plurinacional de educación superior que se ajuste al nuevo marco constitucional, sea coherente con un nuevo modelo de desarrollo y permita el desarrollo integral y democrático de las personas que integran el sistema

Revisar la forma en que se financia la investigación en Chile, para promover su desarrollo en instituciones y resguardar las condiciones laborales de las y los trabajadores del conocimiento

Fortalecer la institucionalidad existente, profundizando sus estructuras democráticas por medio de la participación de estudiantes, docentes, trabajadores/as, instituciones de educación y empleadores

Transformar la educación media técnico-profesional, empezando por la modernización del currículum en consulta con las comunidades educativas y el mundo del trabajo, y al vinculación entre niveles formativos

Fin al lucro en la educación superior técnico-profesional

Apoyo a las universidades, CFT e IP en el diseño de mecanismos para a prevención y mitigación del impacto del Covid-19 en las comunidades educativas, y supervisaremos y acompañaremos la correcta implementación de estas iniciativas

Apoyo a todos y todas las estudiantes con gratuidad que a consecuencia de la pandemia retrasaron sus estudios, incluyendo aquellos casos en que les fue imposible desarrollar actividades prácticas asociadas a su formación

Se establecerá un Sistema Nacional de Cuidados que coordine con perspectiva feminista, intersectorial y comunitaria diferentes espacios institucionales

Transitar desde el sistema actual a un sistema de corresponsabilidad social de cuidados, que involucre a los hogares, las comunidades y el Estado

Se establece sobre los siguientes pilares: corresponsabilidad social de los cuidados, participación de la comunidad en su gobernanza, universalidad, pertenencia social, cuidado comunitario y gestión de datos

Foco en niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas mayores con y sin dependencia y personas cuidadoras

Avanzar hasta garantizar el cuidado de todo NNA asta los 14 años a través de la ampliación del subsistema Chile Crece Contigo

Fortalecer hospitalizaciones domiciliarias y apoyo de asistentes personales para el cuidado de personas con dependencia funcional

Ampliar los espacios comunitarios para la infancia con cuidado integral de NNA en situación de discapacidad

Desarrollar una red pública nacional de Centros de Desarrollo Integral Infantoadolescente que den acceso a evaluación y tratamiento de niños, niñas y adolescentes con necesidades de apoyo y rehabilitación

Para personas mayores sin dependencias y con dependencias leves se propone una política del envejecimiento digno, activo, saludable y un plan de alfabetización digital, aumento de cobertura de centros diurnos y creación de centros de cuidado comunitario con participación de organizaciones sociales

Para personas con dependencia más avanzada, se facilitará su permanencia en casa a través de un programa remunerado de Agentes Comunitarios del Cuidado, se ofrecerá teleasistencia y derecho a un asistente personal según necesidades

Prevenir la dependencia severa con detección temprana y derivación y atención oportunidad a través del vínculo del agente comunitario con la Atención Primaria de Salud

Modernizar el sistema actual de Establecimiento de Larga Estadía mejorando su sistema de fiscalización y aumentando su número

Avanzar hacia un modelo de vivienda tutelada que promueva el enfoque comunitario de cuidados y promoción de la autonomía de las personas mayores

Fortalecer el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias aumentando el número de centros comunitarios de apoyo para personas con demencia

Creación de una figura remunerada del Agente Comunitario del Cuidado

Garantizar el derecho a un asistente personal, profesional de atención domiciliaria que podrá reemplazar a quien cuida en ciertos horarios, estableciendo el "respiro" como un derecho básico para todo cuidador o cuidadora

Reconocer el trabajo de las personas menores de 60 años que dedican su jornada a cuidar de alguna persona dependiente severa, por un valor igual al salario mínimo que será imponible y transformará a estas personas cuidadoras en contribuyentes del sistema de seguridad social

Establecer una credencial para las personas cuidadoras que les permita acceder a ciertos beneficios

Impulsar la integración de personas cuidadoras a una red comunitaria de cuidados y a espacios de participación y decisión política

Aprobar e implementar las leyes de educación no sexista, educación sexual integral y una ley que aborde de manera integral la violencia contra las mujeres y reforzar su impacto a través de campañas comunicacionales y educacionales

Impulsar el establecimiento gradual y progresivo de un posnatal obligatorio e intransferible para los padres, siempre y cuando, no exista indicio de violencia de género ejercida por estos

Promover la creación de permisos de libre disposición para trámites de cuidados y en general una política laboral donde la conciliación de vida y trabajo sea parte de lo básico

Creación de permisos de libre disposición para trámites de cuidados

Creación de una política laboral donde la conciliación de vida y trabajo sea parte de lo básico

Establecer un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias adeudadas

El Estado es el que persigue al deudor de la pensión alimenticia

Ciudad a la altura de el nuevo paradigma de cuidados

Transporte público adecuado y accesible para las personas con dependencia

Espacios públicos aptos para el cuidado de NNA, personas mayores y personas con discapacidad, además de sus cuidadores y familias para que puedan habitar de manera digna la ciudad

Fortalecer y desarrollar piloto de Ciudades Amigables con mayor participación e interconexión a lo largo del país

Fortalecer la implementación del programa piloto Vivienda Primero de MIDESO-MINVU

Revisión del diseño y de las bases técnicas del programa Calle y de su articulación con salud, con el objetivo de mejorar el abordaje de esa compleja problemática con foco en la salud mental e inclusión social de los y las participantes

Fortalecimiento del programa Chile Crece Contigo

Implementar el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y la Adolescencia

Relevancia al Plan de Acción de Niñez y Adolescencia con prioridad política y sin regresividad presupuestaria

Plan de corto plazo para la ejecución de medidas que enfrenten las diversas afectaciones producto de la pandemia

Fin al modelo SENAME, derogando la ley de subvenciones, reformando la ley de adopción y fortaleciendo el cuidado alternativo

Potenciar el cuidado de familias de acogida

Mejorar sustantivamente la calidad de los centros residenciales haciendo más coherentes y pertinentes territorialmente los programas ambulatorios

Fomentar acciones afirmativas que garanticen el derecho al empleo

Frenar el acoso laboral de personas LGBTIAQ+ a través de programas de formación y capacitación laboral

Desarrollo de protocolos y circulares que garanticen las políticas de no discriminación

Impulsar el Cupo Laboral Trans, garantizando su empleabilidad en al menos un 1% del sector público

Impulsar una ley integral trans que garantice el fin de las exclusiones, discriminaciones e injusticias históricas de las que han sido víctimas las personas trans

Promover la participación de la población LGBTIAQ+ en las instancias de representación sindical, incluyendo negociaciones colectivas, independientemente del régimen laboral

Fomentar programas de escuelas libres de discriminación para la diversidad sexual

Se contará con datos oficiales de violencia hacia personas LGBTIAQ+ en comunidades escolares y se acompañará a aquellas con peores indicadores

Se promoverá una ley de educación no sexista, innovación curricular y formación en diversidad sexual a profesionales de la educación

Se incorporará un enfoque de garantía de derechos de la diversidad sexual en la formación inicial y continua de docentes y de quienes asuman funciones directivas en los centros educativos

Reformular la circular sobre niñez trans en espacios educativos, exigiendo protocolos de no discriminación y de integración

Educación no sexista. Promover una transición hacia establecimientos escolares integrados en términos de las identidades de género de los estudiantes

Incorporar una canasta de prestaciones trans-no binaries como garantía explícita en salud, desde la perspectiva del cuidado, que contemple atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica

Desarrollo de campañas de visibilización de atención inclusiva en centros de salud

Impulsar acciones formativas del personal

Énfasis en el cumplimiento de las circulares 18, 21 y 34

Prohibir las cirugías de normalización a recién nacidos, estableciendo responsabilidades civiles y administrativas asociadas

Garantizar el cumplimiento de la circular 18 en caso de niñes intersexuales

Incorporar un enfoque transversal de género e inclusión de personas LGBTIAQ+ en un currículum de las carreras de la salud

Promover la investigación con un enfoque biopsicosocial en la atención en salud para la comunidad LGBTIAQ+, en especial personas trans y no binarias

Nueva política habitacional que permita diversificar las formas de acceso a la vivienda

Proceso de transición hacia un modelo que ponga en el centro la gestión de viviendas y barrios diversificando las opciones de producción, financiamiento y tenencia, para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada

Desarrollo de equipamientos con una perspectiva de género, accesibilidad universal, inclusión y economía del cuidado, promoviendo proyectos de arquitectura e infraestructura pública que faciliten su uso por parte de mujeres, personas con discapacidad, disidencias, personas en adultez mayor e infancias

Avanzar hacia una red de centros de abastecimiento y servicios públicos con espacios para el desarrollo de actividades que propendan al fortalecimiento y apoyo comunitario, incluyendo espacios de lactancia, bibliotecas comunitarias, espacios de cuidados infantiles, espacios para personas mayores, baños comunitarios, cocinas o comedores barriales y salas de primeros auxilios

Activar infraestructura comunitaria que ya se encuentra disponible, mediante la inyección de recursos para su adaptación

El Estado tendrá un rol activo en la adquisición del suelo urbano, facilitando que las familias se establezcan en sus territorios y barrios según sus necesidades, redes de apoyo, adecuación cultural, proyectos y ciclos de vida

En el primer año se propone robustecer el Banco de Suelo Público con permutas y transferencias directas al suelo fiscal que cuenten con norma urbana vigente

Comenzar a implementar una Política de Suelo

Impulsar proyectos de ley para crear un sistema de adquisición preferente de suelo con fines urbano-habitacionales y para la creación de instrumentos de captura de plusvalía que respondan a un criterio de justicia y equidad urbana que permita la sustentabilidad financiera en el tiempo

Impulsar el arriendo a precio justo que entregue seguridad de tenencia desde un enfoque de derechos humanos, mejorando la capacidad de ahorro de los hogares y la flexibilidad para cambiar de vivienda de acuerdo con las distintas realidades laborales, familiares y de cuidados, incluyendo situaciones de violencia intrafamiliar

Se destinarán recursos a los municipios para financiar al menos 5.000 viviendas anuales, utilizando inicialmente los instrumentos vigentes y realizando las adquisiciones o transferencias de suelo respectivas, para dar la mejor localización posible a estas viviendas

Desarrollo de un nuevo programa de arriendo protegido, iniciando también las modificaciones institucionales y presupuestarias necesarias para facilitar mecanismos de inversión directa por parte de los SERVIU y municipios en la construcción de vivienda pública

Construcción de barrios que ayuden a disminuir el déficit habitacional apoyando iniciativas de autogestión, con énfasis en potenciar la participación de organizaciones de tipo cooperativas e incentivar mecanismos de propiedad colectiva y distintos tipos de tenencia

El primer año se mejorará la coordinación intersectorial para destinar el apoyo técnico necesario a la conformación y/o consolidación de cooperativas a nivel nacional

Consolidar un modelo expedito, que dispondrá de préstamos sin interés y asistencia técnica para la adquisición de terrenos, diseño, construcción y gestión de viviendas por parte de estas cooperativas

Promover alianzas con municipios para desarrollar planes habitacionales enfocados en los barrios, orientados a planificar con pertinencia locales el uso de los programas habitacionales, junto a las familias y organizaciones reforzando la construcción de proyectos de pequeña escala en barrios consolidados que favorecerán la cercanía a fuentes laborales y redes educativas, privilegiando la densificación de baja altura en sitios propios y permitiendo que las familias allegadas puedan regularizar su situación y mantenerse en sus barrios cuidados

Durante el primer año, en coordinación con las familias y los municipios, se identificarán barrios prioritarios para iniciar estos planes, consolidando y capacitando equipos profesionales que permitan abordar estas escalas de construcción

Iniciar ajustes normativos que aborden los problemas relacionados con la copropiedad y propiciar otros mecanismos de tenencia, de forma de hacer más expeditas estas iniciativas

Priorizar una respuesta nacional digna y ágil a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades, por sobre los desalojos, poniendo como principal atributo el derecho humano a una vivienda adecuada

Durante la gestión de soluciones definitivas aseguremos el acceso a servicios básicos inmediatos como agua potable, alcantarillado, electricidad e internet

Elaborar planes maestros integrales de radicación en terrenos aptos que incorporen visión de ciudad, ordenamiento territorial, urbanización. Vivienda digna y una cartera de inversión plurianual y multisectorial

Reforzar programas y líneas de asistencia técnica, descentralizando su ejecución a través de gobiernos regionales y municipios, promoviendo el empoderamiento de todos los actores involucrados, con énfasis en las pobladoras y pobladores, como así mismo en la sensibilización de los funcionarios, facilitando espacios de diálogo, de mutuo respeto y de colaboración positiva, fortaleciendo las capacidades autogestionarias de las comunidades

Implementar residencias humanitarias para facilitar el acceso de vivienda a familias en situación de emergencia o que vean sus derechos peligrosamente vulnerados

Lograr reducir en un 40% el déficit actual, generando 65 mil viviendas al año desde el sector público

Avanzar progresivamente en el aumento de las superficies de las viviendas de interés social, nuevas y construidas, integrando criterios de pertinencia cultural, especialmente del mundo indígena; pertinencia territorial y social de producción sustentable y eficiencia energética

Transformas las regiones en el sujeto central para la ejecución de las políticas de Vivienda y Territorio, otorgando las competencias y los recursos necesarios para diseñar e implementar soluciones urbano-habitacionales

Transitar hacia un modelo en que los SERVIU dependerán de los gobiernos regionales

Construir viviendas dignas hechas con materiales de bajo impacto ambiental, con innovación, estandarización e industrialización de sistemas constructivos, optimizando costos, plazos y residuos de construcción

Impulsar la creación de Empresas Públicas Regionales de Construcción Sustentable, trabajando con mipymes, proveedores locales, universidades e institutos que participen en los procesos de capacitación y certificación, para migrar a nuevos métodos industrializados de construcción, respetando siempre la autonomía y costumbres locales

Crear la Empresa Pública Autónoma Comercializadora de Materiales de Construcción (FERRABAST) que considerará la construcción en regiones de Ferreterías Populares que permitan reducir el costo de materiales, priorizando aquellos que permitan el acondicionamiento térmico de viviendas nuevas y existentes

Impulsar la planificación territorial participativa y descentralizada mediante Planes Maestros de Integración Territorial que potencien el desarrollo armónico de barrios, localidades y ciudades

Transferir a los GORE competencias de planificación en planes intercomunales y metropolitanos

Dar poder a las comunidades mediante la figura de los Consejos Comunales y Territoriales, que participarán en la elaboración, diseño y evaluación de los planes maestros de integración territorial

Asegurar la participación efectiva de las comunidades y que éstas cuenten con una institucionalidad que permita la integración intersectorial efectiva

La Ley de Ordenamiento Territorial será el marco normativo que unifique actores y metodologías y garantice el cumplimiento de estándares mínimos para el desarrollo territorial vinculado a objetivos de integración social, al sistema nacional de cuidados y a la protección del medioambiente. Esta ley debe sugerir una zonificación a nivel regional con perspectiva de protección ambiental, económica y social.

Cada gobierno regional será responsable de planificar y normar su territorio con las herramientas y objetivos planteados en la Ley de Ordenamiento Regional

Impulsar obras públicas desde una nueva institucionalidad de planeamiento, con una mirada interministerial, descentralizada y participativa para el desarrollo, financiamiento y administración de las necesidades territoriales, dentro de un nuevo marco de acción que traslade a la ciudadanía y los territorios los beneficios económicos de la inversión en infraestructura

Promover infraestructura crítica, energética e hídrica con una mirada en el aseguramiento de la vida humana cono eje esencial

Asegurar la urgente preservación, provisión y buen uso del agua, potenciando las obras públicas en acuerdo con los Gobiernos Regionales

Reforzar los programas de agua potable y servicios sanitarios rurales

Elevar la calidad y eficiencia de las obras de regadío mediante embalses sustentables y canales

Aumentar el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas 

Promover el desarrollo e implementación de tecnologías, sistemas y obras de reutilización de las aguas

Asegurar la calidad y seguridad en la conectividad mayor interregional con énfasis en el desarrollo territorial justo y la resiliencia, promoviendo la elaboración de planes de conectividad nacional, inter e intrarregional de alto estándar desde Arica hasta Quellón, así como la integración de proyectos y obras para la conectividad austral

Desarrollo de obras para optimizar el sistema logístico nacional, potenciando el ferrocarril de carga, centros de integración intermodal, mejoramiento de accesos a los puertos y pasos internacionales

En el borde costero, aumentar la investión en infraestructura y tecnología para la pesca artesanal, las pequeñas embarcaciones, caletas y el transporte náutico en localidades donde sus condiciones lo permitan

Avanzar en una ruralidad con una conectividad física y digital justa y garantizada

Descentralizar la planificación y la gestión de la movilidad a nivel regional, transfiriendo íntegramente competencias y financiamiento a los Gobiernos Regionales

Al interior del Gobierno Regional crear la figura de la Autoridad Regional de Movilidad que tendrá un consejo asesor y consultivo ciudadano

Desarrollar una política ferroviaria en las macrozonas centros y sur, dando continuidad a los proyectos que ya tienen algún nivel de avance e impulsando tres nuevos proyectos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción

Implementar de 3 a 4 pilotos del programa Transporte Público Doble Cero en ciudades pequeñas e intermedias que consideren la tarifa $0 para todos sus usuarios, y con buses de cero emisión

A nivel nacional, implementar Sistemas Regionales de Transporte Público, integrando física, tarifaria y operacionalmente los diferentes sistemas existentes, mediante procesos licitatorios competitivos y propendiendo hacia vehículos de cero emisión

Propuesta de gratuidad para adultos mayores en el transporte público

Favorecer la movilidad activa, construyendo 1.000 kilómetros de Circuitos Peatonales de lato estándar en ciudades intermedias como Arica, Machalí, Curicó, Talca y Coyhaique que incluirán puentes multipropósito para peatones y ciclistas 

Definir la política de Visión Cero, cuya meta será reducir en un 50% las muertes y lesiones graves por siniestros viales en zonas urbanas al 2030, y considerando la vida de las personas en el centro del diseño vial

Gestionar la velidad mediante mecanismos de fiscalización automatizada

Patrocinar activamente la promulgación de la Ley CATI y dispones los recursos necesarios para su implementación

Potenciar un marco fijado por una Ley y Política de Movilidad

Asegurar el acceso y participación activa de las personas a lo largo del país, con diversidad e interculturalidad

Buscar generar una alianza entre el Estado y la sociedad civil organizada, en todo el país, para valorizar el aporte del trabajo cultural al desarrollo social del país y garantizar las condiciones básicas dignas

Proponer transformaciones democratizadoras en la institucionalidad actual

Fomentar una educación artística integral que permita la circulación de saberes y conocimientos sensibles hoy invisibilizados por programas y mallas curriculares orientadas a la competencia

Desarrollo de programas de cultura comunitaria innovadores

Transformación institucional y fiscal

Aumentar el presupuesto del ministerio al 1% del presupuesto de la nación en el próximo gobierno y la reestructuración de los fondos de cultura como único mecanismo de financiamiento

Asegurar las condiciones necesarias para que el ecosistema cultural se desarrolle de forma orgánica

Propuesta de modificar leyes sectoriales para contar con nuevos, mejores y más pertinentes mecanismos de financiamiento, que permitan la estabilidad y planificación de la gestión, abandonando la lógica concursable e integrando la realidad actual de cada uno de los sectores

Trabajar por una Ley de Artes Visuales, en conjunto con las organizaciones y gremios del sector

Compromiso de promover un diálogo social vinculante con las organizaciones sindicales y gremiales del sector, y los ministerios competentes, para revisar y velar por las mejoras en las condiciones laborales del sector

Trabajar en una educación artística integral e intercultural, con un enfoque territorial y colaborativo

Actualizar el Plan Nacional de Artes en la Educación

Fomentar la existencia de al menos un proyecto de escuela artística por región

Proponer una línea especial de trabajo de desarrollo creativo y artístico para infancia vulnerada, buscando instalar la relación entre salud mental y el desarrollo cultural de comunidades, niños, niñas y adolescentes en situación de violencia y pobreza

Promover la actualización de mallas curriculares de las carreras docentes y el potenciamiento de Centros de Creación (Cecrea)

Propuesta de iniciar un proceso de consulta ciudadana para su reformulación, incluyendo el proceso de Consulta Indígena conforme al estándar del Convenio 169 de la OIT

Profundizar en la salvaguarda y resguardo de los patrimonios en riesgo, en conjunto con la acción de la sociedad civil

Reconocimiento de Sitios de Memoria y Derechos Humanos

Institucionalizar la categoría de Sitios de Memoria y vincular su gestión con los procesos de verdad, justicia y reparación llevados a cabo por la Red de Sitios de Memoria y organizaciones de derechos humanos

Nueva Ley de Archivos

Fomento al desarrollo de archivos locales y comunitarios

Elaborar una estrategia transversal de patrimonios digitales que es urgente en el contexto actual

Potenciar las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que ayudan en la toma de conciencia de nuestra diversidad cultural y a convivir con armonía con el medio ambiente

Garantizar el derecho a la información, libertad de expresión y que los medios de comunicación estén protegidos de todo intervencionismo y presiones indebidas del gobierno en ejercicio

La participación ciudadana debe incidir en la labor de los medios, expresando sus inquietudes, propuestas e intereses

El Estado debe fortalecer un ecosistema de medios diversos, pluralistas y descentralizados

Desarrollo de un Nuevo Sistema de Medios Públicos (NSMP), más robusto que el actual, que incluya televisión, radio y multiplataformas

Proteger el patrimonio simbólico

El nuevo sistema se debe constituir como un espacio para el desarrollo de la ciudadanía y sus expresiones de diversidad, que fomente la paridad de género, la interculturalidad, y la circulación de conocimientos locales, regionales y nacionales

Cada medio dentro del SNMP tendrá su propio directorio, con total independencia del gobierno en ejercicio, serán descentralizados en su estructura de administración y producción de contenidos

Fortalecer el sector de los medios regionales, locales y comunitarios

Asegurar una distribución equitativa de frecuencias de radio y TV, y la descentralización de la distribución en prensa escrita, a través de una ley que resguarde la distribución independiente

Promover medidas que resguarden los derechos de los y las trabajadoras de las comunicaciones (periodistas, audiovisualistas) y las telecomunicaciones, tanto en su derecho a la libertad de expresión, de información y de prensa como en el cumplimiento de condiciones laborales dignas por parte de sus empleadores

Impulsar una Ley de Deporte Laboral, que concilie el trabajo con la actividad física, la recreación, el deporte y el movimiento

Fortalecer el rol de las organizaciones sociales y deportivas locales y regionales, a través de un fondo especial para el desarrollo deportivo, el uso prioritario de infraestructura deportiva y la generación de una red integrada de organizaciones deportivas

Apoyar la aplicación de un protocolo contra el acoso y abuso sexual en el deporte que incluya una perspectiva de derechos humanos

Promover las prácticas lúdicas de los pueblos originarios, reconociendo sus distintas formas de organización

Ampliar la oferta pública y la cobertura de actividades deportivas y recreativas para grupos usualmente excluidos de estas prácticas, como la población penal o personas en situación de discapacidad

Asegurar el libre acceso a montañas, mar, playas, ríos, lagos y otros espacios naturales idóneos para realizar deporte, prácticas corporales o recreación al aire libre

Potenciar la ejecución de prácticas corporales, la actividad física y la recreación en las calles y en la naturaleza

Actualizar la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, integrando los efectos de la pandemia en las personas y en las comunidades

Fortalecer los servicios deportivos comunales, apoyando las estructuras de gestión local

Trabajar porque los recintos públicos, los de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad estén abiertos para la comunidad para estos efectos

Revisar la actual institucionalidad del Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, de manera de responder mejor a los desafíos del sector

Evitar duplicidad de funciones y velar por la eficacia de los recursos públicos tanto en nivel central como en direcciones regionales

Realizar una actualización e innovación curricular y pedagógica en educación física, con enfoque en género, inclusivo, no sexista, recreativo y colaborativo, para generar cultura del movimiento en nuestro país

Fomentar un Plan Nacional de Desarrollo Psicomotriz en Servicios Locales de Educación, para generar hábitos de vida activa desde la primera infancia

Fortalecer infraestructura escolar

Reforzar y reestructurar el sistema nacional de competencias, potenciado los Juegos Nacionales y Paranacionales, las ligas universitarias y escolares, sobre todo en sus etapas municipales y regionales, e integrando a deportistas paralímipicos

Velar por el cumplimiento efectivo de la Ley 20.737 de Federaciones Deportivas Nacionales, para asegurar la democracia interna y la participación de deportistas

Avanzar en la protección de derechos sociales y contratos de trabajo de los y las deportistas de alto rendimiento

Rearticular las funciones de la Corporación de Alto Rendimiento ADO Chile, y activar su rol de vinculación con el mundo privado

Fortalecer la infraestructura deportiva para el deporte competitivo, de acuerdo con las particularidades de cada territorio, reconociendo los deportes estratégicos según cada localidad, con un enfoque inclusivo y sostenible

Reformular la estrategia nacional de deporte competitivo (municipal, regional, escolar y universitario)

Fomentar el desarrollo de ligas femeninas y paralímipicas

Potenciar la generación de un legado deportivo y social a través de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, integrando y beneficiando a las comunidades antes, durante y después de los tornes

Promover la asistencia gratuita de niños, niñas y jóvenes a las competencias deportivas panamericanas y parapanamericanas

Crear un Modelo Chileno de Administración del Fútbol Profesional en el cual las personas son socias e hinchas tengan una incidencia real en las políticas de desarrollo del club

Cambiar el plan Estadio Seguro por un programa de barrismo social y comunitario

Profesionalizar y dignificar el fútbol femenino, procurando que las jugadoras tengan un contrato de trabajo y condiciones laborales dignas, similar al fútbol masculino

Promover las reformas legales necesarias para que las ligas y competencias juveniles y femeninas tengan acceso a los subsidios e instrumentos de fomento deportivo contemplados en la Ley del Deporte

Fortalecer el derecho de los medios públicos a transmitir competencias deportivas y partidos de fútbol profesional por los canales de televisión abierta

Sin alterar la situación de las pymes y la clase media, el nuevo régimen de impuestos a la renta implicará una mayor contribución de aquellas personas que obtienen rentas mensuales de más de $4.500.000

Simplificar el sistema a través de la desintegración del impuesto a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, separando el impuesto que paga una empresa del que les corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades

Modificar tramos y tasas de los impuestos personales, aumentando la carga tributaria de quienes ganen más de $4.500.000 mensuales

Las pymes mantendrán su régimen integrado y beneficios actuales

No se aumentará el Impuesto de Primera Categoría

No se modificaría el régimen para inversionistas extranjeros ni se revisarán los convenios para evitar la doble tributación internacional

Se establecerán mecanismos para que, en el sistema desintegrado, la carga tributaria máxima sobre utilidades distributivas, esto es, considerando impuestos corporativos y personales conjuntamente se ubique en torno a la mediana de la OCDE

Eliminación del régimen de renta presunta, pasando a estos contribuyentes al régimen Pyme

Eliminar la exención a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles. Dichos ingresos deberán sujetarse a las normas generales de tributación

Limitar o eliminar los beneficios para inmuebles DFL-2, cuidando de no afectar a la clase media

Reducción del monto exento en las ganancias de capital por venta de inmuebles, y la eliminación del impuesto sustitutivo del 10%, pasando a tributar según el régimen general

Eliminación de beneficios para inmuebles adquiridos antes de enero de 2004

Eliminación de la exención de 10 UTA en la enajenación de acciones

Eliminación de los beneficios a los retiros de libre disposición

Elimincación de exención del impuesto a la herencia respecto a los seguros de vida

Revisión de la deducción por pago de intereses derivados de créditos hipotecarios para enfocar beneficio en la clase media

Término del crédito especial IVA para empresas constructoras, con mecanismos que eviten perjudicar la adquisición de viviendas sociales

Limitación de utilización de pérdidas tributarias de arrastre

Eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP)

Impuesto al patrimonio neto de aquellas personas naturales de alto patrimonio que tengan un domicilio o residencia en Chile, respecto de su riqueza en el exterior

Impuesto a las utilidades retenidas en las empresas cuya tributación se encuentra pendiente. Pymes exentas de esta tributación

Revisar las exenciones injustas en contribuciones territoriales, y perfeccionar una herramienta ya existente, la sobretasa de impuesto territorial, aumentando su tasa y estableciendo nuevas reglas de valoración de activos

Establecer mecanismos para evitar situaciones de doble tributación respecto de aquellos contribuyentes que se graven con el impuesto al patrimonio

Modificar el impuesto a la herencias y donaciones, acercando los valores por los cuales se paga dicho impuesto a un valor más cercano al comercial

Limitar o eliminar exenciones que no se justifican y establecer normas antielusión para eliminar la planificación en vida

Modificar cuerpos normativos con el objeto de evitar el uso de estructuras jurídicas que limitan la potestad tributaria del país y la recaudación. Se tomarán en consideración la experiencia internacional y los estándares OCDE

Aumentar gradualmente el impuesto al CO2 desde 5 a 40 USD/tCO2, y ampliar su alcance abarcando distintas fuentes de emisión

Incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM/m3 en promedio a nivel nacional, considerando para estos efectos el impuesto óptimo que internalice las externalidades ambientales

Eliminar las exenciones para industrias y transporte

Aumentar y ampliar la cobertura del impuesto a la primera venta de automóviles

Introducir un impuesto ad valorem al plástico de envases y embalajes y el plástico contenido en los principales productos plásticos desechados comercializados

Implementar un royalty cuyo objetivo sea que el Estado recupere una proporción significativa de las rentas económicas del cobre, manteniendo los incentivos para invertir

Los mecanismos del royalty serán progresivos en precios: mientras mayor sea el precio del cobre, y por lo tanto mayores las rentas económicas, mayor será la carga efectiva que enfrentarán las empresas

El royalty tendrá un componente ad valorem o tasa sobre las ventas. Habrá otro componente sobre la rentabilidad operacional o financiera, que permitirá extraer rentas adicionales de aquellos yacimientos con menores costos

Proponer herramientas para fomentar la localización en Chile del proceso industrial de refinación

Fortalecer las capacidades de fiscalización de las instituciones estatales relacionadas

Diseñar instrumentos específicos para cerrar brechas de evasión y elusión del royalty

Fortalecer y dotar de más recursos al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Servicio Nacional de Aduanas para incrementar el personal y modernizar sus capacidades tecnológicas, especialmente en el manejo de tecnologías de la información

Reformar la Norma General Antielusión, mejorando su redacción y facultando al SII para aplicarla administrativamente, siguiendo la tendencia mundial en esta materia

Permitir y reforzar las capacidades técnicas del Ministerio Público para la persecución de ciertos delitos tributarios de forma coordinada pero no sujeta a querella del SII

Someter los delitos tributarios al tratamiento de los delitos económicos, en línea con el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso

Facultar al SII para que acceda de manera expedita y periódica a información sujeta a reserva o secreto bancario que sea necesaria para el control de la evasión y la elusión, en línea con el estándar OCDE

Establecer, por ley, la obligación de organismos públicos (Aduana, CMF, UAF, PDI, Banco Central, entre otro) de entregar al SII información necesaria para la fiscalización tributaria cuando lo requiera, a pesar del carácter reservado

Restablecer y reforzar obligaciones de informar inversiones en paraísos tributarios y otro tipo de instrumentos híbridos tales como trusts. 

Asegurar al SII el registro de beneficiarios efectivos (finales), en línea con las recomendaciones de la OCDE para Chile