Bajo este eje se encuentran aquellos compromisos de acción orientados a: garantizar el derecho de participación ciudadana en la gestión pública; fortalecer los mecanismos de participación ciudadana; promover la colaboración entre actores estatales y no estatales a niveles decisorios y de co-gestión. Se trata de compromisos tales como desarrollo de normativa sobre participación ciudadana; implementación de nuevos y mejores mecanismos y canales para la participación ciudadana en consultas públicas, en procesos de toma de decisiones y en la producción de bienes y servicios públicos. También se incluyen acciones de sensibilización de la ciudadanía sobre las temáticas de gobierno abierto.